La importancia de la información pública al alcance de todos

La gestión de la pandemia por COVID-19 implicó un aumento sustancial en la demanda de información pública. Las personas querían y demandaban entender qué estaba pasando y poder analizar si las medidas que los gobiernos estaban tomando daban los resultados esperados. A su vez, los gobiernos la necesitaban para tomar decisiones efectivas teniendo en cuenta el impacto sobre otras áreas, como el empleo, la economía, el acceso a la escolarización, etc. Así, los beneficios (y la necesidad) de la apertura de datos quedaron a la vista de todos: tener información pública al alcance de la ciudadanía es fundamental para permitir que esta pueda entender y juzgar las medidas tomadas por los gobiernos, así como fomentar la toma de decisiones basada en evidencia de calidad.

En el reporte “Nuestra Agenda Común”, el Secretario General de la ONU explica que la pandemia fue un punto de inflexión donde se dejó en evidencia la necesidad imperiosa por reconstruir la confianza de la ciudadanía en el estado y en su capacidad de responder ante los problemas comunes. Para lograrlo, la apertura de datos públicos, como la calidad de los mismos son un elemento clave. Como en tantos aspectos, aprender de esta crisis y avanzar en las mejoras necesarias definirá si esta situación genera un avance o un retroceso.

Ahora bien, ¿qué implica la apertura de datos públicos de calidad? Publicar en algún lugar de la web, algún gráfico o reporte con algunos datos, en algún formato, cada cierto tiempo... no es suficiente. Si realmente queremos generar mayor confianza en las políticas públicas y los gobiernos, es necesario que la información presentada a la ciudadanía sea de fácil acceso para todas las personas, que esté actualizada de forma frecuente, que se publique en formatos abiertos para poder ser descargada y utilizada y que esté desagregada por ciertas variables que permitan un mayor entendimiento, y una fácil comparación y análisis.

Para entender bien dónde estamos parados y los espacios de mejora en la apertura de datos públicos, CIPPEC realizó un estudio sobre la publicación de información sobre la pandemia de tres países federales de América Latina (Argentina, Brasil y México) y sus gobiernos subnacionales. Aprendimos algunas acciones que podrían contribuir a una estrategia global de datos abiertos,

En primer lugar, los gobiernos, tanto nacionales como subnacionales, están publicando datos abiertos sobre COVID-19. Como mencionamos anteriormente, las personas demandaron estar informadas, y los gobiernos respondieron. Esta experiencia tiene que ser vista como una prueba rotunda de que los estados, en mayor o menor medida, tienen la capacidad para recolectar, sistematizar y publicar información pública. Es hora, entonces, de exigir más apertura de datos en otras áreas de interés público que cobraron dramáticamente importancia pero que sobrepasan esta situación particular. Es fundamental trasladar los aprendizajes y prácticas a la recolección de información sobre otras enfermedades; sobre la situación laboral con enfoques en la informalidad, en cuestiones de género, en la capacidad de acceder a tecnología; sobre la educación, el acceso a internet; sobre la situación de vivienda en términos de hacinamiento, acceso a agua potable, cercanía a centros de salud, etc.

En segundo lugar, hay asimetrías entre las publicaciones nacionales y entre éstas y las subnacionales. Si bien todos publican, la calidad de esa información no es estable para todos los países ni sus provincias. Por ejemplo, mientras las páginas nacionales de México y Argentina alcanzan criterios de calidad, sus contrapartes provinciales no llegan en promedio al mismo resultado, con mayor variabilidad en los resultados. Por el contrario, los gobiernos subnacionales de Brasil lograron una apertura de datos en promedio mejor que el estado nacional, en aspectos como la desagregación y la reutilización de la información. Esto incapacita a los usuarios a poder generar una imagen más completa de lo que sucede, no solo en una jurisdicción particular, sino alrededor de todo un país y en su comparación con otros. Para superar estas diferencias se necesita desarrollar una política federal de datos abiertos que permita equilibrar las capacidades de los gobiernos subnacionales y nacionales para producir, sistematizar y publicar datos.

Desde un enfoque más amplio, en general, no es posible encontrar una estandarización en estos portales en sus formatos ni en los datos que publican: la estructura de las páginas, la construcción de las variables analizadas, los indicadores utilizados, los formatos de los reportes o de las bases de datos, no encuentran un espacio en común, tanto al interior de los países como entre ellos. Esto socava el potencial de esa información para ser un insumo efectivo tanto de ciudadanos y ciudadanas como de gobiernos. Es por esto clave mejorar los marcos de colaboración nacionales, regionales y/o internacionales para desarrollar estándares sobre la calidad de los datos abiertos. que generen mayor confianza de la ciudadanía en ellos y que les permitan (incluidos los funcionarios gubernamentales) manipularlos y extraer la mayor cantidad de valor posible.

El valor de los datos abiertos se concentra principalmente en dos áreas: por un lado, al permitir que la ciudadanía se informe sobre la situación de los estados, esta puede analizar con mayor profundidad las decisiones que están (o no) tomando los gobiernos y exigir los cambios que crean pertinentes. Esto refuerza la rendición de cuentas vertical (desde los/as ciudadanos/as hacia el gobierno) y la transparencia gubernamental. Por otro lado, la disponibilidad de información facilita y estimula a que los propios gobiernos la utilicen, produciendo más políticas públicas basadas en evidencia. Estos puntos son fundamentales para lograr mejorar la confianza en los gobiernos y las políticas públicas que generan y así reforzar el contrato social entre las personas y las instituciones políticas.

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