Argentina ya es extremadamente vulnerable a las inundaciones. Así lo advierten hace años los científicos internacionales que estudian los impactos de la crisis climática: “Si la temperatura llega a 1,5ºC de suba promedio global, el riesgo para la población aumentaría entre 100 y 200 por ciento”. Es decir, se triplicaría. Ese umbral no está tan lejos si se tiene en cuenta que el calentamiento ya alcanzó el 1,1ºC, promedio.
Entre las zonas más vulnerables para el país están la cuenca del Plata y la costa bonaerense por dos fenómenos simultáneos: la suba del nivel del mar y el aumento y la ocurrencia de las precipitaciones.
Este es apenas uno de los impactos que se conocieron en el último reporte elaborado por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU (IPCC, por sus siglas en inglés), en el que se señala a las regiones de América del Sur y América Central entre las más vulnerables a los cambios de la crisis climática. Además de los aspectos climáticos y geográficos, lo que pone en esta posición a la región son factores como la inequidad, la pobreza, la falta de gobernanza y de políticas públicas coordinadas.
El informe, denominado Cambio climático 2022: Impactos, adaptación y vulnerabilidad (AR6), muestra los impactos que el fenómeno tiene sobre los ecosistemas y las sociedades, considerando tanto sus vulnerabilidades como su capacidad de adaptación a los cambios actuales y futuros.
“A medida que la vulnerabilidad aumenta, los impactos son mayores. Las variables que se tomaron en cuenta son: pobreza, género, acceso a la educación, fortaleza institucional, gobernanza. Esto hace que nuestros países sean considerados altamente vulnerables al cambio climático”, explicó en una conferencia de prensa Edwin Castellanos, autor principal del reporte y director del Observatorio Económico Sostenible de la Universidad del Valle de Guatemala.
“La naturaleza, de la que somos parte, es la que nos da el sustento para poder adaptarnos. Por eso tenemos que conservarla. En ese sentido, los pueblos indígenas, con su conocimiento ancestral y su visión, han sido incorporados a este informe del IPCC. Es importante destacar cómo el conocimiento indígena y local están ayudando con acciones de mitigación y adaptación”, agregó el investigador.
En América del Sur y Central el retroceso de los glaciares, el aumento de la temperatura y la variabilidad de las precipitaciones, junto con el cambio en el uso de la tierra, han afectado a los ecosistemas, los recursos hídricos y los medios de subsistencia a través de deslizamientos de tierra y desastres por inundaciones.
El reporte indica, por caso, que una de las zonas más afectadas será la Patagonia en donde se registrarán aumentos de temperatura y sequías más extremas. “La sequía podría aumentar en gran parte de la región, afectando a entre 70 y 80.000 ganaderos, con unas 14-15 millones de ovejas, con megasequías –como la que se produjo entre 2010 y 2015– produciéndose aproximadamente cada 20 años”, indica el estudio.
También señala que las grandes infraestructuras energéticas, competirán con la agricultura: “Vaca Muerta es la principal región de Sudamérica en la que se utilizan esas técnicas para extraer petróleo y gas, lo que provocará una exacerbación de la actual escasez de agua y la competencia con la agricultura de regadío”, detalla.
“En varias zonas de los Andes, los desastres por inundaciones y deslizamientos de tierra han aumentado, y la disponibilidad y calidad del agua, y la erosión del suelo se han visto afectadas por factores climáticos y no climáticos”, indica.
Como ejemplo, figura que el glaciar Echaurren Norte perdió el 65% de su superficie original entre 1955 y 2015, y podría desaparecer con el aumento del calentamiento. También la nieve, los glaciares, el permafrost y las capas de hielo disminuirán en la Argentina. Y los ríos alimentados por glaciares de los Andes llevarán, con el tiempo, menos agua a medida que los cuerpos de hielo que los alimentan desaparezcan.
Impactos en las urbes
Liliana Miranda, autora principal del AR6 y directora del Foro de Ciudades para la Vida de Perú, indicó: “América latina es una región particularmente desigual con una población urbana muy alta. Aparentemente, en las ciudades no sentimos la conexión tan directa con el clima como otras poblaciones indígenas o rurales. Las poblaciones son generadores del problema y víctimas del problema”.
El reporte señala un fenómeno que afectará, con mayor frecuencia, a las poblaciones de ciudades y megaciudades. Se llama “temperatura bulbo húmedo”, una medida que combina el calor y la humedad que se toma con un termómetro cubierto por un paño empapado en agua.
Según esa medida, 35°C de temperatura húmeda es el límite que un cuerpo humano es capaz de soportar, ya que el organismo no puede enfriarse por medio del sudor. Según la edad y las condiciones de salud, aseguran los expertos, niveles más bajos pueden ser mortales también.
Un estudio citado en el informe informa que si se reducen las emisiones, pero sólo en la medida en que lo exigen las políticas actuales, algunas zonas del Norte de Argentina experimentarán temperaturas de bulbo húmedo de 32°C durante, al menos, un día al año. Si las emisiones son elevadas, zonas mucho más amplias de esa porción del país alcanzarán ese registro hasta cinco días al año.
Es por eso que los científicos hacen hincapié en la adaptación a esta nueva realidad, que hoy ya vivimos. “Una de las limitaciones de la adaptación en nuestra región es el aspecto financiero”, dijo Castellanos y calculó que se necesitarían unos 127.000 millones de dólares al año para poder afrontar esas acciones. “Las estimaciones varían mucho según el escenario que se tome”.
Para Miranda, América Latina también carece de falta de inversión en conocimiento: “Si a esto le sumamos vivir en eternas crisis políticas, la situación se complica. Las políticas de adaptación, en general, en el continente necesitan tener ese enfoque más inclusivo, institucional y a múltiples escalas para lograr una mayor efectividad”.
Uno de los efectos de la crisis climática está relacionado con las enfermedades: “Las epidemias son uno de los grandes retos que se nos vienen: dengue, chika, chikungunya, incluso leishmaniasis. Eso ya lo están viviendo nuestros países y nuestros sistemas de salud están progresivamente adaptándose. Necesitamos más investigación científica que pueda contribuir a evitar la propagación de estas enfermedades ante la exposición y que va a ser aún mayor. Si no tenemos investigación que desarolle vacunas, que desarrolle prevención, no alcanza. Hay que comenzar a conectar con la gente estos servicios de salud, no que la gente vaya a los centros de salud sino cómo evito que las poblaciones se enfermen. Y eso va, nuevamente, ligado con la información. El COVID-19 es un ejemplo: fue acompañado no sólo por información, sino también por una vacuna”, agregó la investigadora.
El nuevo estudio también destaca que la adaptación es necesaria, pero en algunos casos no es suficiente ya que hay situaciones de no retorno. Dos ejemplos que se mencionan son un caso de extinción (la rana dorada, en Costa Rica) y el retroceso de glaciares.
También se habla de la mala adaptación: “Cuando hablamos de aforestación, estamos hablando de sembrar árboles donde antes no había árboles. Por ejemplo, si de acuerdo a las condiciones climáticas es una sabana y lo forzamos, en el corto plazo ayuda a capturar CO2, pero en el largo plazo puede cambiar todo el ecosistema y generar problemas a largo plazo. Mientras que la reforestación se trata de recuperar un bosque, plantar árboles donde antes había árboles. Es, principalmente, (una medida de) mitigación. Pero, obviamente, esto tiene condiciones para hacerla. Si no se tiene en cuenta los derechos de pueblos indígenas podríamos estar cayendo en un ejemplo de mala adaptación”, explicó Castellanos.
Los incendios, también serán un problema del presente y del futuro: “El aumento regional de la temperatura, la aridez y la sequía incrementaron la frecuencia e intensidad de los incendios”. En promedio, según los científicos, los habitantes de la región estuvieron más expuestos a un alto peligro de incendio entre 1 y 26 días adicionales, dependiendo de la subregión para los años 2017-2020 en comparación con 2001-2004.
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