Las condiciones del acuerdo con el FMI y el nuevo escenario internacional

Como ocurrió con el golpe de 1930, la Gran Depresión mundial y la cadena de arbitrariedades sucesivas al Pacto de Unión de la Constitución, gobernar y la vida en sociedad se hacen muchísimo más difíciles cuando se incumplen convenios, violaciones a la convivencia. Abusos que se verifican ahora en Europa con la invasión rusa a Ucrania.

Las sociedades se expanden con ambientes propicios a coordinar pacíficamente actividades personales y los negocios. Cada quiebre, abuso de las instituciones, de las normas aceptadas, contratos, empobrece. La Argentina y los países se integran al mundo en tanto que respeten las normas y contratos. Quien no lo hace, se aísla, separa y empobrece sin remedio.

El mundo no puede ser responsable de nuestros conflictos internos. Sin embargo, algunos legisladores se oponen al acuerdo con FMI, no miden las consecuencias de incumplir, otra vez, los compromisos del país. El gobierno nacional no tiene mejor prestamista que el Fondo Monetario Internacional. De incumplir, no acordar, una serie de fuentes crediticias y comerciales se cortarían, tanto en el exterior como en el país, contrayendo los recursos nacionales.

El Poder Ejecutivo y el FMI parecieran haber focalizado en tres objetivos importantes y factibles, para distintas fechas convenidas: 1) déficit fiscal primario, 2) financiamiento monetario del déficit, y 3) aumento de reservas netas en el BCRA.

Para este año las metas serían: no superar 2,5% del PBI de déficit fiscal primario y 1% de financiamiento monetario, lo cual dimensiona la extensión del uso del crédito genuino. Un mínimo de USD 5.000 millones de aumento de las reservas netas, lo cual exige expandir la demanda de base monetaria neta de la emisión en ese monto, un poco más del 1% del PBI. Implicando alzas del tipo de cambio real superadas por tasas de interés suficientes para ese resultado, en un ambiente tendiente a mayores certezas. Sin embargo, el peso no es nuestra moneda preferida. Perdemos reservas internacionales porque demandamos dólares y nos sobran pesos.

Desacuerdos

El mismo programa, pautado de forma creíble el tipo de cambio en el tiempo, hasta completar la dolarización de la economía, sería enormemente más robusto.

Para que los subsidios a la luz y gas no superen el 1,5% del PBI, compatible con la meta, las tarifas debieran subir 80%, estiman especialistas. Pero los funcionarios aceptan sólo un alza del 20%, temiendo consecuencias electorales. Propuesta inviable, pues no dicen cómo ni quienes aportarían los miles de millones de dólares faltantes. El planteo pareciera incompatible con lo que había trascendido. Un paliativo, sería conceder una tarifa menor para un consumo mínimo por familia.

Estas metas son relevantes hacia el futuro, publicamos en Infobae desde varios ángulos. Advertimos una firme divisoria, en los últimos 20 años. En los diez países que más crecieron, el gasto público era 25% del PBI, con superávit fiscales y externos. En rotundo contraste, en los diez países de menor crecimiento el gasto público alcanzaba al 45% del PBI, con déficit financieros importantes. Acordar con FMI dinamizaría nuestra economía.

La Constitución determina los mecanismos para decidir los bienes públicos y manda financiarlos con impuestos generales y crédito público. La emisión monetaria para atender los gastos no está contemplada, pues conlleva enfoques incompletos, parcialidades, la ausencia de convenios suficientes, especificando claramente quienes afrontarían los gastos.

Las alteraciones a la Ley de Alquileres confirman los abusos de legislaciones forzadas. Es mejor respetar las instituciones de los distintos mercados que entrometerse como elefantes en un bazar, trastocando los convenios habituales. Las constantes modificaciones de las regulaciones de importaciones, exportaciones, cambiarias, impositivas, exhiben ineptitud y prepotencia de los funcionarios.

La satisfacción de las necesidades individuales debiera ser el foco de todas las actividades, sin discriminaciones que siempre empobrecen. El desarrollo de los negocios privados progresa en ambientes libres de corrupciones, amparados en la estabilidad normativa. Justicia significa: a todos los individuos la misma regla estable en el tiempo, calidad y austeridad de los gastos estatales, principales administradores de los bienes públicos. Que el gasto estatal represente en 46% del PBI, con una prestación de calidad insatisfactoria, es claro desvío.

La ineptitud y corrupción estatal es causante principal de la pobreza. El abismo entre los USD 102.500 por año por habitante que genera Irlanda y los USD 9.930 de la Argentina mide precisamente la incompetencia, la diferencia en la eficacia de los gobiernos de ambos países en satisfacer a sus gentes, en 2021. Esa eficacia la consiguen bienes públicos, las instituciones que favorecen las transacciones libres de obstáculos redundantes, en todas las actividades. Entre las naciones vecinas, Chile y Uruguay generan ingresos cercanos al equivalente de USD 17.000 anuales por persona, un 70% más que la Argentina.

En este contexto, acordar con FMI permitiría recalibrar encuentros, ajustar algunos desvíos, y aumentar la confianza, imprescindible frente al cambio drástico del escenario internacional. Un repunte de los ingresos es posible si los políticos ceden parte de sus prejuicios y aceptan reparar errores.

SEGUIR LEYENDO: