Esta semana circularon audios de la ex vicepresidenta Gabriela Michetti dirigidos a la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, en los que le pide que reciba a un funcionario amigo a quien el organismo había “embocado” en una denuncia. Más allá de las repercusiones penales (ya se abrió una causa por tráfico de influencias), los detalles del mensaje y los antecedentes de Michetti y Alonso en este tipo de maniobras dan cuenta, una vez más, del enorme espacio que hay entre lo que pregonan y lo que hacen muchos de quienes dicen ser defensores de la república.
El afortunado amigo de la vicepresidenta es Guillermo Pino, secretario de prensa y difusión de la ANSES en el segundo mandato de Cristina Fernández, que mantuvo su cargo al asumir Mauricio Macri. En 2017, la OA hizo una denuncia por asignación irregular de pauta publicitaria y lo “embocó”. Debe haber sido un error. Seguramente Alonso no sabía que Pino era un ex funcionario kirchnerista devenido en macrista y colaborador de Gabriela Michetti.
Es que, como confesó casi sobre el final de su paso por el organismo que debe prevenir e investigar la corrupción, su gestión no querellaba a funcionarios de su propio Gobierno para que no la acusaran de encubridora. Nada que, por cierto, no hayan hecho otros, con argumentos algo más sofisticados, pero igual de absurdos.
Embocado Pino, la vicepresidenta se comunica con Alonso. “Laura, necesito que te juntes con un amigo mío, que está trabajando conmigo, además. Es una persona de confianza. Lo conozco hace mucho. Es realmente una súper buena persona y lo embocaste en una denuncia y encima Clarín lo nombró”. Uf, tremendo, ¡encima lo nombró Clarín! La urgencia es tal que le pide que lo vea el sábado o, a más tardar, el lunes.
La titular de la OA accede y Michetti le manda un nuevo audio en el que le agradece y comienza una perorata penosa sobre la brutal angustia que está viviendo el pobre Pino. “Es el pibe más divino que yo conocí en la tierra. Vos no sabés la familia que tiene, dos chiquitos chiquitos y su mujer. Son un amor. La verdad que son un amor, el pibe es súper espiritual, ¿viste?, esos pibes que hacen todas las investigaciones que te puedas imaginar de las cosas espirituales, de las escuelas espirituales. Es un amor de tipo. Es como nosotras, realmente es como nosotras. Y, pobre, está sufriendo como un condenado”.
¿Hace investigaciones de “las cosas espirituales”? ¡Pero hubieras avisado antes, Gaby! Es un despropósito que la Oficina Anticorrupción ande denunciando a funcionarios que tienen esposa y niños pequeños y que, encima, investigan cosas y escuelas (¿?) espirituales. La OA tiene que perseguir gente mala, sin familia, que no cree en nada. ¡Qué barbaridad!
No conforme con lograr que Alonso reciba a Pino, la vicepresidenta pide más: “Quería decirte que, bueno, hasta que no lo veas (que lo ves el jueves que viene) trates de, en lo posible, de no modificar ninguna cosa, de no profundizar o hablar de él como parte de una cosa corrupta porque no lo fue”.
Lo que pasó entre Alonso y Pino no lo sabemos. La causa se cerró por inexistencia de delito, pero eso no quiere decir que la titular de la OA haya hecho algo concreto para ayudar al amigo del poder. Si el organismo colaboró o no en lograr una resolución favorable para el espiritual funcionario es una de las principales cuestiones que deberá dilucidar la Justicia en la causa por tráfico de influencias.
Pero, desde el punto de vista del papel picado que tiran Alonso y Michetti cada vez que hablan de república, división de poderes, ética, honor y otras espirituosidades socráticas, estamos ante un papelón mayúsculo. Y, además, no fue la primera vez que Michetti quiso influir sobre investigaciones judiciales que tocaban a sus amigos, ni que Alonso dejó que el poder del que dependía su subsistencia política le dijera lo que tenía que hacer.
En 2013, durante el Gobierno de Cristina Fernández, YPF firmó un acuerdo con la empresa extranjera Chevron para la explotación de Vaca Muerta, pero se negó a hacerlo público. El ex senador socialista Rubén Giustiniani lo judicializó y en 2015 la Corte Suprema le ordenó a YPF mostrar el contrato. La empresa no cumplió. El macrismo, con la entonces diputada Laura Alonso a la cabeza, criticó duramente y con razón al Gobierno.
Ya en el poder, al frente de la OA, Alonso tuvo que dictaminar sobre el caso y, como correspondía, se pronunció contra YPF. Pero luego, oh sorpresa, cambió de opinión y emitió un segundo dictamen a favor de la confidencialidad. ¿Qué pasó en el medio? Una reunión que tuvo en la sede de la empresa. “Me informé mejor y cambié de opinión; les pido muchas disculpas a todos públicamente”, dijo.
De modo que cuando Michetti escribía en un pizarrón los pros y contras de pedirle a la titular de la OA que protegiera a un funcionario porque era su amigo, además de ignorar razones morales (esto está mal) y lógicas (somos los defensores de la república), tampoco encontró reparos prudenciales (esta señora es la abanderada de la lucha contra la corrupción y si le pido algo me va a denunciar a mí).
Claro que la estructura institucional del organismo no da ninguna tranquilidad en cuanto a la independencia de quien lo conduce, pero ha habido funcionarios que, con ese mismo diseño, no se dejaron apretar. No sé si investigaban las cosas de la espiritualidad o no, pero eran decentes. Así que, aun con una OA dependiente del Poder Ejecutivo, Michetti podría haber dudado. Y, sin embargo, no. Pues ya sabía que Alonso era una persona abierta, capaz de escuchar una visión distinta y cambiar de opinión. Guiño, guiño.
Se ve que, después de lo de Pino, Michetti se envalentonó en esto de pedir favores para los amigos. El que lo sabe bien es el ex senador radical Mario Cimadevilla, a quien Mauricio Macri designó titular de la Unidad Especial de Investigación del Atentado a la AMIA, creada en el año 2000 y que su Gobierno puso bajo la órbita del Ministerio de Justicia a cargo de Germán Garavano.
El Ministerio fue querellante en la causa por el encubrimiento del atentado. Con el cambio de gobierno en 2015, Garavano designó nuevos abogados para el caso: Mariana Stilman (propuesta por Elisa Carrió) y Ezequiel Strajman. Pero también puso a una persona de su confianza: Miguel Inchausti.
Stilman y Strajman renunciaron a principios de 2017 con denuncias de que Inchausti les impartía directivas en nombre del ministro para que bajaran el perfil, no preguntaran tanto y se alejaran de la querella particular de Memoria Activa. La Republiquita de Carrió lloró lágrimas de sangre. Ella le dijo: “Tranquila, no llores, el apoderado de la Unidad AMIA va a pedir condenas para todos”.
Pero justo cuando el Estado tenía que alegar, Garavano designó a otro abogado, José Console, miembro del Tribunal de Disciplina del Boca Juniors de Daniel Angelici y secretario letrado de la consejera de la magistratura local Silvia Bianco, esposa del director de jurídicos de la AFI Sebastián De Stéfano (sí, el de la Gestapo al que acaban de citar a indagatoria).
En su alegato, Console pidió la absolución de los ex fiscales federales Eamon Müllen y José Barbaccia. También pidió absolver a Jorge “El Fino” Palacios, primer jefe policial porteño e inicialmente procesado con Mauricio Macri por escuchas ilegales desde el Gobierno de la Ciudad a, entre otros, un dirigente de la comunidad judía que se oponía a su designación justamente por el caso AMIA. Cimadevilla denunció a Garavano por encubrimiento y acusó al presidente de proteger a los acusados. Por toda respuesta, el Gobierno disolvió la Unidad.
En aquella denuncia, Cimadevilla presentó un audio que había recibido durante el juicio y que se conoció dos años después, en 2020. Era de la vicepresidenta Michetti, una vez más preocupada por los amigos. “Escuchame una cosa. Estoy acá enterándome de que fue muy mal la indagatoria de José y que el tema pasó por vos, pero que no estás actuando como nos dijiste. ¿Me podés explicar?”. José era Barbaccia. En marzo de 2019, él y Müllen fueron condenados por incumplimiento de los deberes de funcionario público en el juicio por encubrimiento del atentado a la AMIA.
¿La república? ¿Qué república?
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