El plan oficial de aumentos tarifarios segmentados

Luego de casi 3 años de tarifas energéticas prácticamente congeladas -con subas menores al 10% el año pasado- pese a una inflación acumulada del 160% desde junio de 2019, y frente a un subsidio fiscal a los componentes mayoristas de los servicios de gas y electricidad (el gas natural primario y la energía eléctrica, no su transporte y distribución) que en 2021 rondó los USD 11.000 millones -2,5% del PBI-, el Gobierno se apresta a aumentar la factura del servicio energético con un plan de segmentación que consiste básicamente en una suba general entre 17% y 20%, y sobre ella la eliminación de subsidios para un 10% de los usuarios del AMBA con muy alto poder adquisitivo según la localización de sus viviendas.

No está claro si el primer componente será la suba tarifaria equivalente a los aumentos (mayores) en los márgenes de transporte y distribución de gas y electricidad, pero aquí supondré que será así (esto es, que todos los usuarios residenciales pagarán precios del gas natural y la generación eléctrica incluidos en sus tarifas hasta 20% mayores desde marzo).

Dado que la eliminación de subsidios al 10% de los usuarios de mayores recursos en AMBA (que contiene a menos del 5% de los usuarios residenciales de gas y electricidad a nivel nacional) puede implicar subas de hasta aproximadamente 250% en los precios del gas y la generación eléctrica incluidos en las tarifas (para que no superar el costo promedio de ambos productos e implicar entonces subsidios cruzados prohibidos por ley), el aumento global o promedio en los precios mayoristas pagados por los usuarios residenciales difícilmente supere el 40% (dependiendo del nivel de consumo de quienes enfrentan los precios más altos respecto al resto). Si el aumento tarifario general del 20% sólo se destina a remunerar el transporte y la distribución de gas y electricidad, entonces el aumento de los precios mayoristas incluidos en las tarifas residenciales sólo estaría aumentando como máximo un 20% según este plan.

Con una inflación proyectada superior al 50%, y costos de generación crecientes en términos reales (porque, por ejemplo, el precio en USD del LNG importado es el triple hoy que el año pasado), en esto no permitirá bajar los subsidios energéticos dólares ni tampoco como porcentaje del PBI. Esto indica que luego de marzo la eliminación de subsidios seguramente avanzará primero hacia usuarios de muy alto poder adquisitivo en el interior del país y luego hacia usuarios de poder adquisitivo medio.

En todo caso, tan grave como la insuficiencia de estos aumentos tarifarios respecto del necesario ahorro fiscal es la enorme distorsión que se introduce, o se profundiza, en la lógica tarifaria. Porque otra dimensión del resultado final de este plan de segmentación será que usuarios residenciales con iguales niveles de consumo (e incluso de ingresos), que residen en distintos tipos de inmuebles, pagarán tarifas absolutamente distintas entre sí pese a que el costo de prestarles el mismo servicio fuera igual.

Qué dice la doctrina

En la doctrina regulatoria, acorde con la mejor práctica internacional, se piensa la regulación de las empresas de servicios públicos como la búsqueda de reglas y esquemas institucionales que permitan lograr los menores costos de producción y por lo tanto las menores tarifas posibles para los objetivos de cobertura y calidad exigibles, de forma sostenible. Dentro de ella hay mecanismos de ajuste tarifario periódico previsible, con precios y tarifas que reflejen los costos plenos de producción, transporte y distribución, sólo exceptuando del pago pleno a la población que no está en condiciones de afrontarlo plenamente.

Hay lugar para la asistencia social -la tarifa social-, como excepción, no como regla. La mejor práctica internacional, al revés de la lógica oficial, busca identificar (focalizarse en) quiénes serán asistidos y no quiénes serán penalizados.

Además, esa asistencia debe hacerse con transferencias compensatorias de montos fijos, no entregando energía a precios ficticios que alientan el sobreconsumo y la subinversión en equipamiento, los cuales a su vez atentan contra la eficiencia energética y la minimización de costos.

Los servicios públicos (servicios básicos para la vida moderna, a menudo provistos en base a infraestructura no replicable económicamente) no son bienes públicos (sin rivalidad en el consumo -todos disfrutamos y usamos el mismo nivel de defensa nacional, por ejemplo) que se financian con impuestos. No hay precios distintos para cada usuario según sean sus ingresos, porque el consumo (y otras decisiones de inversión) dependen de esos precios, de modo que al distorsionar los precios se distorsionan las decisiones. La aplicación de precios de la energía en función de las características de las viviendas o barrios de pertenencia de los usuarios es así un verdadero mamarracho, máxime en la magnitud con que esta discriminación aparentemente tendría lugar.

La ruptura de toda gramática razonable en materia regulatoria daña al conjunto de la sociedad, provocando mayores costos de capital y operativos, menores inversiones, deterioro de la calidad del servicio, etc., que finalmente resultarán en mayores tarifas y/o subsidios que deberán ser pagados con distintos impuestos (en nuestra experiencia, con el impuesto inflacionario, el más regresivo de todos).

El problema no son los precios que reflejen los costos de los servicios públicos, sino los ingresos insuficientes de una buena parte de la población que no encuentra oportunidades de progreso por medio de empleos suficientemente productivos. La asistencia del Estado para el acceso a los servicios públicos entonces debe orientarse a suplementar ingresos (vía un descuento de suma fija sobre la tarifa final -como mínimo la eliminación de impuestos- al 30% o incluso 40% de la población de menores ingresos en una coyuntura crítica como la actual), no a distorsionar los precios de estos servicios. Si esto no se comprende, seguiremos desorientados, agravando problemas estructurales ya muy severos.

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