El traspaso de los colectivos y las prioridades del presupuesto porteño

La convocatoria del Gobierno por el traspaso de la financiación de los colectivos de Nación a Ciudad, pone sobre la mesa el debate sobre los límites y alcances de la autonomía de CABA y su financiación. ¿Quién debería pagar el viaje en colectivo de porteños y porteñas? ¿Cuántos recursos le demandaría a la Ciudad hacerse cargo del servicio de ómnibus tal como la ley prescribe?

A contramano del lamento público de su Jefe de Gobierno, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con un presupuesto que se compara con el de metrópolis europeas. Los recursos porteños por habitante duplican a los de la Provincia de Buenos Aires y quintuplican a los de municipios como La Matanza. Solo como ejemplo ilustrativo, para 2021 la Ciudad invirtió en Cultura 14 mil millones de pesos, una cifra equivalente al total de lo que dispusieron municipios como Quilmes o Avellaneda.

Pese a estos recursos extraordinarios, quedó demostrado durante la pandemia, el Gobierno de la Ciudad no realizó ninguna política para sostener sus comercios y actividades productivas en esa situación crítica. Decidió recostarse sobre las medidas de reactivación económica impulsadas por el Gobierno Nacional: gracias al ATP, los créditos subsidiados se tradujeron en un crecimiento de la economía de un 10% para 2021. Esto último generó una mejora en la recaudación de CABA, donde paradójicamente, se creaban impuestos a las compras con tarjeta de crédito y se quintuplicaba la cantidad de parquímetros. Sirve de avance para saber cómo gobernaría el país Rodríguez Larreta en caso de triunfar en las elecciones presidenciales de 2023.

Como puede observarse en el gráfico, los últimos tres meses de 2021 la recaudación en la Ciudad de Buenos Aires creció 71%, 84% y 88% respectivamente si se lo compara con el mismo periodo del año 2020. Lo mismo sucede si se observa el 2021 respecto de 2019 contra la inflación acumulada. En esa etapa, la recaudación creció en un 424% frente a una inflación del 140,8%. Todos los porcentajes superan ampliamente a la inflación.

Pero mayor recaudación no se traduce en ampliación de derechos o mejoras en servicios públicos para la ciudadanía. Incluso en el presupuesto 2022, aprobado en diciembre pasado, se observan ajustes en términos reales en partidas sensibles como Educación (reducción del 7%), en servicios sociales como el programa Ciudadanía Porteña (6% más bajo) y en el Instituto de Vivienda de la Ciudad (disminución del 2%).

Estos días se discutió acerca del traspaso de las 32 líneas de colectivos que inician y terminan su recorrido en el territorio de la Ciudad. Para abordar la cuestión del transporte, es importante referirnos a la ley 26.740, que en su artículo 2° establece: “Corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejercer en forma exclusiva la competencia y fiscalización de los servicios públicos de transporte de pasajeros, a nivel subterráneos y Premetro; de transporte automotor y de tranvía cuya prestación corresponda al territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Sin embargo, este último punto nunca se cumplió. Solo se transfirieron el Premetro y el Subte. No caben dudas de que el distrito cuenta con los recursos necesarios para afrontar este traspaso. Su costo sólo representa el 2,2% de su presupuesto anual. Quedan claras las prioridades del gobierno porteño y más precisamente de Horacio Rodriguez Larreta, que busca destinar la mayor cantidad de recursos a financiar sus aspiraciones políticas de cara al año 2023. En este sentido, queda claro el destino de los recursos cuando se compara el gasto en publicidad. La Ciudad gasta 7 veces más en pauta que la Nación y 5 veces más que la Provincia de Buenos Aires. Todo esto, mientras ciertas prestaciones esenciales para la vida porteña son financiadas por el conjunto de los argentinos.

Es hora de que debatamos el destino del presupuesto público con seriedad e independencia de las especulaciones políticas del momento, tenemos que actuar honestamente para construir un Estado con mejores servicios para todos y todas. El acuerdo con el FMI recientemente anunciado nos exige discutir como país el uso de nuestros recursos públicos por los próximos 30 años y eso demanda una discusión más seria y responsable entre todas las fuerzas políticas. Sólo así podremos salir de esta situación crítica y construir un futuro de desarrollo e inclusión.

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