El fenómeno de la criminalidad en la provincia de Santa Fe es multicausal; las claves para su neutralización o, siendo menos ambiciosos, para mitigar en parte este flagelo debe comprender un abordaje integral e interdisciplinario, debiendo atenderse un sinnúmero de causas (de ahí lo múltiple de su génesis), partiendo de la experiencia que fueron cuando no, desatendidas, directamente ignoradas o lo que es aún peor, subestimadas por las autoridades políticas, que en honor a la verdad discurrieron en el poder, al menos en los últimos 20 años.
Pero eso es historia, y la historia sirve para referenciarnos en el presente a la vez que orientarnos de cara al futuro a partir de la experiencia y ésta, ciertamente, no fue buena en cuanto a la falta de perspectiva de la que adolecieron las distintas instancias con autoridad en la temática, fundamentalmente las de orden político toda vez que, en última instancia, estas son las responsables absolutas del gobierno civil de las fuerzas de seguridad implicadas en el abordaje de este flagelo.
En este punto no se puede dejar de advertir, por la contundencia de sus señales, que las políticas públicas destinadas a alejar de los elementos facilitadores de ingreso al mundo delictivo fallaron; la evidencia al respecto, con el tremendo peso que otorgan los hechos advertidos, demuestran que la ausencia del Estado toleró que, con inusitada potencia, se hayan acotado los márgenes para que una parte de la sociedad carente de posibilidades encontrara de un modo mucho más directo, rápido y fácil -aunque ilegal y extremadamente riesgoso-, el acceso a una vida pletórica de pequeños goces inmediatos y efímeras satisfacciones de necesidades urgentes, fundamentalmente aquellas producidas por la adicción a diferentes tipos de sustancias a las que, siendo aún niños, muchos de los habitantes de estos márgenes sociales se vieron arrojados sin que nadie los contenga.
Quienes tienen la desgracia de ser atrapados por este perverso sistema, pierden toda expectativa de futuro, de vida como personas, no pudiendo percibirse más allá de los 20 años de vida; quienes ingresan a este submundo perverso lo hacen en su gran mayoría siendo aún niños, pre adolescentes que como en una gran maquinaria de nepotismo criminal, son iniciados en innumerables ocasiones por sus propios padres, hermanos, primos, quienes ya transitan caminos marginales, desde largo tiempo atrás. Claro que para llegar a este punto tienen que haber sobrevivido, circunstancia que parece toda una hazaña en el entorno criminal existente en vastas regiones de la provincia de Santa Fe, particularmente en la ciudad de Rosario y sus zonas de influencia.
Los Cantero son un claro ejemplo de lo expuesto, con el fundador del clan, Ariel “El Viejo” Cantero, comenzando hace más de tres décadas en actividades facilitadoras del comercio de estupefacientes y transitando largos años por distintas cárceles, casi todas ellas de Santa Fe.. Allí crecieron sus hijos entre visitas y encargos para realizar entre semana; luego el mayor de los hijos se hizo cargo de la parada hasta que en el año 2013 lo mataron de manera cruel; su asesinato fue quizá el comienzo de una escalada violenta y homicida que ya nunca pudo revertirse en la región. Luego, todo fue venganza, plomo y muerte.
El menor de sus hijos, Ariel Máximo Cantero (33), más conocido como “Guille”, suma ya 96 años de pena producto de las condenas en su contra, con una expectativa de sumar -ante un nuevo juicio que lo tiene involucrado- 118 años de prisión sin contar que, al menos en dos causas más, aún en trámite y con posible elevación a juicio en 2023 por “lavado de activos provenientes de actividades de tráfico de estupefacientes”, sigan incrementando los años en que “Guille” deba vivir en prisión.
Ciertamente estas condenas no solo le suman penas a él, sino a todos sus cómplices, que en mayor o menor medida, ya acumulan años de condena como para acompañar toda una vida a “Guille” Cantero en prisión. Este fenómeno desencadena otro no menor, como lo es el efectivo control por parte del estado de los espacios de encierro.
Tanto la banda liderada por “Guille” Cantero como la de sus adversarios -quienes también suman largos años de condena-, comienzan a revelar -por las acciones de alto impacto que realizan- que la dirección estratégica, táctica y operativa de estas estructuras criminales es controlada desde el interior de las prisiones, generando lo que venimos advirtiendo: la torsión del concepto de cárcel prisión al de cárcel búnker.
Téngase en cuenta que la ciudad de Rosario cerró el año 2021 con un record de 250 homicidios, dato que significó un crecimiento exponencial de 470% comparado con el año 2020 pero, además, a través de las variadas y múltiples investigaciones que las autoridades jurisdiccionales llevaron adelante, arrojaron un dato que no hace más que robustecer la hipótesis de continuidad delictiva en espacios de encierro, pues según el reporte de actualización mensual de homicidios del Observatorio de Seguridad Pública, uno de cada tres homicidios ocurridos en Rosario fueron por encargo, y muchos de estos encargos fueron hechos por internos alojados en unidades penitenciarias tanto del ámbito federal como provincial , a la sazón lideres o jefes operativos de algunas de las bandas que se dividen y enfrentan por el control territorial para la comercialización de estupefacientes de dicha ciudad.
Las bandas son múltiples y, dada la precaria capacidad de control que tiene el Estado para detener o romper las espirales de violencia a través de la inteligencia criminal, no logra evitar que éstas se vayan reproduciendo y ocupando rápidamente la vacancia de aquellas organizaciones -o satélites de las principales- que resultan desarticuladas la mayoría de las veces por acciones tremendamente violentas, en cabeza de los llamados soldaditos (sicarios) y en otras muy limitadas, por el accionar de las fuerzas de seguridad y policiales -aunque los registros provinciales hablen de la desarticulación de más de 90 bandas de este tipo en los últimos años-.
Estas estructuras criminales las podemos mencionar como integrantes de un circuito de poder informal que, lenta pero inexorablemente, va imponiendo a través de su sello a sangre y fuego la indeleble marca del crimen que hace intolerable la vida de quienes en suerte les toca residir en dicho ejido urbano. Asi tenemos que en la Ciudad de Rosario se pueden georreferenciar las organiziaciones que se distribuyen en distintos puntos. El sudeste, sobre la zona del Cordón Ayacucho de barrio Tablada, se le atribuye a Ariel Máximo “El Viejo” Cantero, que también tiene predicamento en el extremo oeste sobre barrio Godoy. Ahí también aparecen los nombres de sus hijos: Ariel Maximiliano “Chanchón” Cantero (hermano de “Guille”) y Alexis “Tartita” Schneider. Las influencias del “Viejo” llegan además hasta el barrio Luis Agote, donde en marzo pasado se allanó un departamento que funcionaba como depósito de una banda ligada a un hombre conocido como “El Rey”.
En el resto de la ciudad aparecen otros nombres resonantes. En Tablada continúa el peso de los clanes referenciados con apellidos conocidos: Ungaro, Caminos, Funes, entre los cuales aparece la influencia de Los Monos. El norte de la ciudad se divide principalmente entre las bandas que en su momento tuvieron como cabeza a los asesinados Marcelo “Coto” Medrano y Emanuel “Pimpi” Sandoval.
Fuera de la ciudad vuelven a aparecer nombres conocidos. En Villa Gobernador Gálvez el mapa detecta a Héctor “Gordo Dani” Noguera, a Ariel “Jerry” Gaeta, los hermanos Procopp y la influencia en estos de la familia Bassi, que tiene a su líder, Luis “Pollo” Bassi, en prisión. En las localidades del norte de Rosario, como Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán y San Lorenzo, el nombre que sobresale es el de Brandon Bay, referente de la banda denominada “Los Gorditos”.
Cabe referenciar que parte de los ya mencionados fueron trasladados con suma urgencia, en julio de 2021, a establecimientos del Servicio Penitenciario Federal, dado que hasta ese momento se encontraban alojados en la cárcel de Piñero, sitio desde el que el 27 de junio de dicho año se fugaron ocho internos de los cuales aún se mantiene prófugo el organizador de dicho rescate carcelario, Claudio Javier “El Morocho” Mansilla. Se sospecha que este sujeto se encuentra disputando territorio a parte de las bandas mencionadas, sobre todo en los barrios en que dominan “Los Monos”.
Si bien el Estado nacional desplegó efectivos de fuerzas federales a la luz de los acontecimientos revelados, los resultados parecerían un tanto esquivos en llegar. Pues, en efecto, si lo que se pretende es disuadir por saturación a través del despliegue, lo único que se conseguirá es que los cerebros y planificadores de estas bandas articulen nuevos y más sofisticados vínculos y dispositivos para seguir operando en la región, quizá desplazando el negocio a otras áreas aunque esto conlleve nuevas luchas por el control de las nuevas plazas; Si consideramos que las bandas con poder de fuego y control no son mas de siete, inevitablemente debemos detenernos en un punto y este es que absolutamente todos sus líderes se hallan en prisión, algunos en la provincia y otros en el ámbito federal pero todos privados de su libertad, dato no menor cuando de inteligencia criminal se trata, sobre todo valorando la profusa cantidad de evidencia por antecedentes de que siguen planificando rutas y negocios, determinando compras y transporte de estupefacientes, autorizando pagos y pactando precios de referencia y sobre todo, ordenando muertes a través de un teléfono, sea móvil y descartable o de línea y de carácter público como el que increíblemente (¿o no tanto?) se le secuestraran en dos oportunidades, la primera el 23 de agosto de 2021 y la segunda el día 2 de septiembre del mismo año en la celda que ocupa en soledad “Guille” Cantero en el pabellón siete del módulo dos del complejo penitenciario federal de Marcos Paz.
La complejidad es extrema; en distintas Unidades Provinciales ya existen pabellones completos en los que se alojan miembros de la misma estructura, donde se los cuenta de a decenas, en el ámbito federal ya ciruclaron por distintas unidades más de 100 integrantes de los distintos grupos en pugna por el poder con el consecuente riesgo de cruces no deseados en espacios de encierro. Evitar que sigan operando desde dicho ámbito es el desafío que le compete superar al Estado, pues es su obligación asegurar y satisfacer los estándares mínimos de seguridad pública. La inteligencia criminal penitenciaria es herramienta esencial en el logro de tal objetivo.
SEGUIR LEYENDO: