El Congreso comenzará a tratar en los próximos días el Proyecto de Ley de Promoción de la Movilidad Sustentable. Se trata de una iniciativa que busca avanzar hacia una transición energética, poniendo fecha de vencimiento a la venta de vehículos propulsados por combustibles fósiles.
Una meta loable si lo enmarcamos en los compromisos y las urgencias globales contra el cambio climático, pero que no parece tener en cuenta los efectos que puede ocasionar para la industria de hidrocarburos en general; y para la cadena de comercialización minorista, en particular.
En primer lugar, desde CECHA nos preocupa la premura del Gobierno que sumó esta iniciativa a la lista de proyectos a tratar en el período de sesiones extraordinarias del Congreso. El tratamiento exprés de un proyecto no es amigo de la reflexión ni del debate profundo de una ley de tal envergadura como la que está en cuestión.
Estamos hablando de dar un giro -gradual, es cierto -pero giro al fin de la matriz de movilidad energética de un país. Eso requiere del tiempo necesario y de una convocatoria amplia que permita dar voz a todos los actores, con el fin último de alcanzar el consenso necesario y conseguir un proyecto final que lo sintetice.
Esos actores van desde las petroleras, a la industria automotriz hasta los miles de empresarios de estaciones de servicio de todo el país organizados en CECHA, que hoy garantizamos más de 65.000 puestos de trabajo.
¿Qué papel van a jugar las estaciones en este proceso? Es algo que no está claro en el proyecto de ley y que consideramos que es importante aclarar y discutir. Si tomamos la experiencia de otros países, por ejemplo en España, las estaciones de servicio tienen un rol fundamental. Allí se están convirtiendo en los principales puntos de suministro de la cadena de electromovilidad. El plan es que en cada estación se pueda recargar o repostar todas las energías disponibles en el mercado.
¿Por qué no pensar un modelo que apueste a la convivencia y a la coexistencia de las energías antes de otro que anule al modelo considerado “caduco”? No solo es necesario atender las demandas ambientales, sino las implicancias sociales y laborales que puede ocasionar un cambio de esta magnitud.
En segundo lugar, nos preocupa los plazos dispuestos. La iniciativa define que en 20 años ya no se podrán vender vehículos propulsados por combustibles fósiles. En un país que cada verano sufre de crisis de suministro eléctrico y que tiene una deuda histórica en materia de política energética y de subsidios, genera dudas que sea un plazo real y/o aplicable.
En este marco, valoramos la existencia de varios proyectos sobre movilidad sustentable presentados por diversas fuerzas políticas que eligen prescindir de una fecha o plazo al tener en cuenta la complejidad de los cambios que plantean. Creemos que a la hora de discutir este proyecto en el Congreso no sólo es necesario sumar la voz de todos los actores, sino también consideramos que puede ser fructífero abrir el juego a todos estos proyectos a la hora de alcanzar una iniciativa final consensuada.
En tercer lugar, nos preguntamos si es el momento indicado para discutir este tema y con la urgencia que plantea el oficialismo. ¿Debe necesariamente ser un tema de agenda cuando estamos en un país con más del 40 por ciento de la población bajo la línea de pobreza? ¿Es urgente cuando sabemos que la Argentina es responsable sólo del 1% de la contaminación mundial? ¿Es viable su aplicación en un esquema de combustibles con fuerte carga tributaria, con una tarifa eléctrica subsidiada, con alta dependencia a los dólares que ingresan por la industria hidrocarburífera? ¿Cómo se va cubrir esa transición y quién lo terminará pagando?
Para dar este paso tan importante en materia ambiental y de sustentabilidad es necesario que el debate sea buscando el consenso y tomando en cuenta el aporte de cada actor del sector; y teniendo como meta final, no el cambio de un modelo por otro, sino la coexistencia de modelos, en pos de que el camino hacia la transición energética de nuestra movilidad nos incluya a todos.