La clase política ha conseguido convencer a la mayoría de los ciudadanos que el FMI pretende hacernos aplicar un ajuste que hará que todos los argentinos caigamos aún más en la pobreza y en el hambre. Lo que en realidad el FMI pretende es que su deudor, el estado argentino, sea el que ponga sus cuentas en regla a fin de poder recuperar el dinero que le prestó. Esta distinción es fundamental, no es la gente la que debe dinero sino el Estado. El problema surge cuando los gobernantes deciden dónde buscar ese dinero.
El Gobierno tiene básicamente dos formas de poner sus cuentas en orden. La manera que resulta fácil para los políticos es subiendo impuestos y transfiriendo algunos gastos, de los que hoy se hace cargo, a la población. En este caso, la población en general es la afectada por lo que el daño o costo se dispersa sobre un gran número de personas no organizadas. La otra manera de reducir el déficit, la que es condición necesaria para poner a la Argentina en la senda de crecimiento, sería reducir gastos superfluos, inútiles o de escasa utilidad, que existen por millones. Pero estas medidas, en general, tienen impacto sobre grupos pequeños con fuerte poder de reacción y capacidad de manifestarse o tienen impacto directo sobre la clase política.
Veamos qué medidas se han filtrado como posibles y otras poco probables para ver quién terminará pagando. La primera es el aumento de los servicios públicos. Sin duda necesaria ya que el monto afrontado por el consumidor, bajísimo respecto de su real costo, hace que se despilfarren recursos y genera una inequidad entre Buenos Aires y el interior. Pero esta no es la razón, la cual sería correcta, de que este sea uno de los principales ajustes. El motivo de esta elección es que no afecta ningún privilegio de los políticos, sumado a que perjudicaría, principalmente, a un distrito opositor. Algo similar pasa con las jubilaciones, que vienen bajando en términos reales, especialmente las más altas.
Una medida que se podría tomar y que sería mucho más útil para el país y su población sería ahorrarse los $150 millones que pierde Aerolíneas Argentinas por día, a la vez de permitir nuevamente el funcionamiento de las aerolíneas low cost que bajaron sustancialmente el costo de los pasajes y aumentaron frecuencias y destinos. Pero Aerolíneas Argentinas es un coto de caza para políticos y sindicatos y, por lo tanto, sigue la fiesta para algunos.
Entonces, ¿por qué no eliminar la enorme cantidad de asesores de cada diputado y senador que son el equivalente a varias PyMes por cada uno? Esto sería mucho mejor que seguir ahorcando a las PyMes reales con impuestos y tasas de todo tipo. Este tema no está en los planes del gobierno. “La nuestra no se toca” parece ser el consenso de algunos.
Otra manera fácil de pasar el ajuste a la gente es vía emisión de pesos algo que seguirá, sin duda, ocurriendo. Durante el año pasado se emitieron $4 millones por minuto (¡sin parar ni a la noche ni feriados!). La emisión no crea riqueza sino que empobrece a todos salvo al que puede emitir, por lo que fue el equivalente a meterle la mano en el bolsillo a cada argentino por casi $50.000. ¡Qué lástima que no hubo una huelga en la Casa de la Moneda!
Existen muchísimos ejemplos más pero en esta muestra queda claro que los políticos saben sacarse la soga del cuello rápidamente y trasladar el ajuste a los privados. Esta política de parches y de “la mía no se toca” sólo logrará que esta larguísima recesión se extienda sin fin. Si tomaran la decisión de sacar el pie de encima de la gente para permitir algo de rentabilidad a la actividad privada podríamos volver a la senda del crecimiento. Mientras esto no cambie los ciudadanos seguiremos pagando el despilfarro de la política.
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