Narcotráfico: ¿por qué la Argentina?

La Argentina actual reúne condiciones inmejorables para la expansión del narcotráfico a escala internacional. Las causas profundas remiten a dos procesos convergentes: la descomposición del Estado y la desintegración social.

La transición democrática coincidió con el despliegue del narcotráfico en Colombia, México y Centroamérica destinado al consumo masivo en los Estados Unidos y Europa. Su resonancia local comenzó hacia los 2000 cuando sus grandes referentes nos descubrieron como país estratégico. Las ventajas constituyen un abanico económico, social, político y cultural. Recorrámoslo brevemente.

La inestabilidad inflacionaria desincentiva las inversiones de largo aliento y auspicia otras de rentabilidad rápida y líquida. La industria química les ofrece precursores a gran escala para la fabricación de las drogas de diseño o el procesamiento local de la cocaína. Las escasas restricciones para la importación de insumos a precios ínfimos hacen el resto.

La infraestructura de más de veinte puertos privados construidos en Santa Fe durante los 90 conformó una plataforma activada desde 2002 por el incremento de las exportaciones de nuestras commodities. Por último, la Hidrovía delineó una ruta óptima para enviar la droga camuflada al mercado europeo -el segundo a escala global- sorteando los costosos peajes exigidos por los carteles brasileños para pasar por su territorio.

La corrupción generalizada de las administraciones públicas provinciales y municipales; la sospechosa subestimación del problema por las autoridades nacionales y las profesionalizadas prácticas de evasión habilitan maniobras de lavado de sus activos.

La fractura social fue convirtiendo asimismo al país en uno de los mayores consumidores de estupefacientes de la región. La pobreza facilitó el surgimiento de brókeres locales abastecidos por los internacionales que guarnecen en los barrios humildes laboratorios; traman circuitos territoriales y expanden un mercado prometedor por las “expectativas decrecientes” de nuestras clases trabajadoras y medias.

Los sectores medios altos y altos no les van a la saga. El ritmo de nuestra cotidianidad exige “vivir a mil” para lo que el narco ofrece todo un vademécum de sustancias estimulantes. Los barrios cerrados, por último, les confieren a sus grandes dealers internacionales y a sus socios locales un hábitat apacible para residir y celebrar acuerdos sin la violencia de sus equivalentes en México, Colombia y América Central. Con aproximadamente cuarenta y cinco millones de habitantes, se estima que el 2,6% de la población consume regularmente drogas; un nivel apenas por debajo del 3% de los EUA.

El descubrimiento de este proceso subrepticio se fue desplegando por etapas. Si la convertibilidad supuso la difusión de cocaína barata de máxima pureza a bajo precio, la megadevaluación de 2002 la tornó solo accesible a las clases acomodadas. Para los pobres, solo quedó una versión de baja calidad o el residuo de la cocción de la pasta base: el paco. Ambas vienen creciendo a ritmos galopantes.

La mayor parte de la cocaína que se vende tanto en Europa como en nuestro mercado interno desciende desde Perú y Bolivia por las provincias del Noroeste. La de mayor calidad es procesada en Santa Cruz de la Sierra, cruza la frontera por vía aérea y es desembarcada en pistas clandestinas. Luego, se transporta a los puertos de embarque de Santa Fe y la Provincia de Buenos Aires. La “pasta base”, en cambio, la atraviesa por pasos clandestinos y se elabora en “cocinas” de Rosario, Córdoba, la CABA y el GBA. La marihuana procede mayormente de Paraguay, desciende por la Hidrovía o por las rutas litoraleñas hasta los grandes centros de consumo en las provincias centrales. Las metanfetaminas se elaboran aquí mediante precursores químicos como la efedrina importada de China. Sus laboratorios se localizan en barrios residenciales. Solo una parte abastece al mercado interno. El resto es exportado a México para su introducción en los EUA.

Sin detenernos en describir las secuencias de este avance incesante, enumeremos dos hitos inquietantes: el asesinato de los tres empresarios vinculados a grandes droguerías arrojados en agosto de 2008 a la vera de la ruta 6 en Gral. Rodríguez y la tragedia en el amanecer de este año de Puerta 8. El primero develó el nuevo rol del país como importador de efedrina; la segunda, la experimentación en los sectores pobres de los opiáceos sintéticos. Otra amenaza a la vida de miles de jóvenes y a la seguridad ciudadana en general.

¿Será posible detener este reguero explosivo? Los precedentes de los últimos dos años no parecen indicar un panorama auspicioso. La reducción del SEDRONAR a una dirección y la suspensión fáctica de la lucha contra las bandas territoriales en los grandes conurbanos invita, como poco, a pensar en la subestimación gubernamental del problema. Una reacción paradojal, dado el incremento del número de consumidores desde la flexibilización de la cuarentena de 2020. No obstante, es necesario poner coto a las expectativas de remisión absoluta.

El narcotráfico es un fenómeno global imposible de erradicar en tanto se sostenga su demanda. Una cuestión de abordaje complejo que supera los alcances de esta nota. Encuentra, eso sí, una tierra fértil en países fracturados social y económicamente como los de América Latina con altos niveles de informalidad. Esta facilita su cooptación de miles de dependientes con la aquiescencia de policías, funcionarios en los tres poderes del Estado también consumidores.

Las organizaciones narco, por su parte, han modificado sus grandes estructuras integradas segmentándose en grupos más reducidos, profesionalizados y de bajo perfil que procuran evitar las guerras con carteles competidores. Ello requiere su combate “desde arriba” porque es una actividad que se autofagocita sus activos si no los blanquea en la economía formal.

Rubros cruciales como la construcción, la hotelería, el juego, el tráfico de armas, de obras de arte y las operaciones inmobiliarias deberán ser monitoreados por unidades de investigación antilavado conjuntas de la Nación, las provincias y los municipios coordinados con las de otros países. Legislaciones como la derogada extinción de dominio constituyen un instrumento.

Ello no implica desatender el combate territorial contra el menudeo indispensable para preservar el enforcement público amenazado por la acción colusiva de sus soldados y sicarios con fuerzas de seguridad venales auspiciadas por sectores corruptos de la política. Simultáneamente, radarizar nuestros más de 8800 km de fronteras porosas y afinar los controles sobre la logística cuyas actividades le confiere valores a su producto.

Pero nada de esto será suficiente si no se apuesta a una estrategia de desarrollo que acote la informalidad y una pobreza social que ya se extiende a la mitad de nuestra población. Simultáneamente, difundir incisivas campañas de concientización y prevención desde las instituciones estatales y comunitarias.

Calidad institucional y restitución del tejido social: los antídotos más eficaces en contra de este flagelo. Precisamente, los que hemos extraviado como Nación durante el último medio siglo.

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