Fortalecer el Estado para luchar contra el narcotráfico

Es un delirio pretender limar el poder de redes criminales complejas con decomisos esporádicos y consignas estigmatizantes

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cocaína envenenada
cocaína envenenada

La tragedia provocada por el consumo de cocaína adulterada en la Provincia de Buenos Aires, que causó hasta el momento 24 muertes y decenas de internaciones, expuso como pocas veces la debilidad intrínseca del Estado argentino. Para prevenir, reaccionar, coordinar y comunicar. Se repite una mecánica conocida: un hecho puntual desnuda deficiencias estructurales; la preocupación e involucramiento de las autoridades van diluyéndose mientras intentan desviar la atención pública; el dolor y el desamparo de la gente se multiplican.

Me propongo en estas líneas no caer en una prédica de mano dura para la tribuna, porque no va en línea con mis valores y porque estoy convencida —la evidencia es aplastante— que no es la solución. Tampoco pretendo apoyarme en un discurso lavado y adornado con frases de ocasión que no dicen nada. Estamos perdiendo la partida contra las organizaciones narcocriminales: debemos ser responsables y categóricos en nuestras definiciones.

El universo de las drogas requiere un abordaje multidimensional. No alcanza con la voluntad para frenar el avance de las bandas delictivas, el Estado debe contar con recursos y ser competente. Un aspecto central es la protección y el acompañamiento de las personas que consumen drogas y de quienes sufren adicciones. Desde la educación y la salud hay que atender esta problemática, no desde el ámbito penal.

Con una política de regulación se amplían las herramientas para prevenir y reducir los daños vinculados a la ingesta de sustancias, que al día de hoy sigue siendo un tema tabú en la familia, la escuela, el trabajo y los grupos de amigos, tanto por ataduras legales como por costumbres arraigadas. El sistema de salud atiende, como puede, las consecuencias de los consumos problemáticos, pero falta mucho para enriquecer el enfoque y llegar a las causas de estas conductas.

Un componente esencial de toda política pública es la información. Sin datos fidedignos y actualizados de la realidad es imposible implementar medidas oportunas y eficientes. Actualmente, las provincias y la Nación actúan prácticamente a ciegas. El prohibicionismo, los prejuicios, y la moda cíclica de los discursos insensatos que esparcen pánico en la sociedad, atentan contra un diagnóstico certero sobre los hábitos de consumo de la población.

Los expertos utilizan el término ecosistema para referirse al abanico de delitos asociados al narcotráfico. Para contenerlos primero hay que identificarlos, siguiendo toda la cadena de producción y distribución, además del entramado de complicidades estatales que permiten el crecimiento y diversificación de estas actividades ilegales.

Los países que han tenido éxito en la lucha contra la narcocriminalidad invirtieron muchos recursos en la prevención del lavado de activos. Las organizaciones delictivas son flexibles, se adaptan a distintos contextos, trascienden fronteras y evolucionan más rápido que las fuerzas de seguridad; es en el momento de blanquear el dinero ilegal cuando son más vulnerables.

Es un delirio pretender limar el poder de redes criminales complejas con decomisos esporádicos y consignas estigmatizantes. La intervención persistente y audaz en el plano financiero, la profesionalización de los cuerpos policiales y el funcionamiento implacable del poder judicial son líneas de acción concretas y de probada eficacia en el mundo.

La progresividad, razonabilidad y continuidad en el tiempo de las políticas públicas son fundamentales en dos sentidos. En primer lugar, para evitar que el Estado se quede sin respuestas ante el poder narco, y en el peor de los escenarios, sea penetrado por él. Y también para lograr el apoyo de la ciudadanía. Con medidas aisladas, información contradictoria y reacciones tardías jamás generaremos el consenso necesario para tener éxito en esta empresa.

Si no pudo preverse el desastre causado por una organización capaz de producir miles de dosis de cocaína adulterada (según los allanamientos realizados por la Policía Bonaerense) y al día de hoy no sabemos nada de su funcionamiento, conexiones y líderes, está claro que la capacidad del Estado de hacer inteligencia es muy limitada.

La gestión de Juntos por el Cambio en la Provincia de Buenos Aires estuvo lejos de ser brillante. Hacemos autocrítica por los errores cometidos y los objetivos no cumplidos. Pero es indiscutible que hubo una vocación firme para ponerle un freno a las mafias, que lamentablemente no percibimos en el gobierno del Frente de Todos. Aníbal Fernández y Sergio Berni, tan verborrágicos como caraduras, demostraron que están más para un show a la gorra de stand up que para ejercer con responsabilidad la función para la que fueron designados.

Puede ser abrumador reflexionar acerca de cuánto hay por hacer en áreas tan diversas y desafiantes como la prevención de las adicciones, el cuidado de las personas y la lucha contra el narcotráfico. Elijo mirar el vaso medio lleno: somos muchos los que interpretamos esta problemática de forma global y estamos dispuestos a poner el cuerpo para encarar los cambios necesarios en todos los ámbitos. Sin marketing, golpes bajos ni oportunismos; con trabajo, determinación y el deseo inquebrantable de hacer lo imposible para que nuestra gente viva mejor.

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