China y la Ruta de la Seda: más de lo mismo

Mucho se escribió sobre la adhesión de la Argentina a la Iniciativa de la Ruta de la Seda (BRI). Las repercusiones llegaron al Congreso de los Estados Unidos donde dos representantes republicanos aseguraron que la Argentina acababa de sumarse al Partido Comunista de China. El gobierno de Trump desarrolló una intensa campaña contra el BRI, y en especial a través del Secretario de Estado, Mike Pompeo, quien afirmaba que era un instrumento de la política exterior para asegurar sus objetivos de seguridad nacional.

La adhesión al BRI poco cambia con respecto al Acuerdo de Asociación Integral junto con 20 convenios de cooperación firmado por la Presidenta Cristina Fernández en julio de 2014 más los 15 suscriptos durante la gira al país asiático en febrero de 2015. El Congreso de la Nación aprobó el Convenio Marco de Cooperación en Materia Económica y de Inversiones y el Convenio para la instalación de una estación de seguimiento espacial en Neuquén por leyes 27.122 y 27.123 de febrero de 2015.

El BRI es una iniciativa estratégica de política exterior del Presidente Xi Jinping lanzada en 2012 con el propósito de cimentar las relaciones con terceros países. Con recursos financieros abundantes el BRI cuenta hoy con 145 miembros de los cuales 20 se encuentran en América Latina y el Caribe. El Presidente Xi comprometió su prestigio y una negativa hubiera significado un desaire donde está en juego su prestigio personal. Como ocurre siempre cuando se trata de una orden presidencial, la diplomacia china ejerció toda clase de presiones para lograr la adhesión del país y más aún cuando la agenda expone la dependencia al contar sólo con pedidos argentinos de asistencia financiera, económica y comercial.

El Comunicado reitera al igual que figura en los documentos de 2014 el “deseo” argentino de incrementar la participación de componentes locales en los proyectos de inversión e identificar áreas prioritarias para promover la cooperación con el objetivo de incrementar la oferta exportable para asegurar la sostenibilidad externa, el desarrollo productivo y la generación de empleo. También está el párrafo referido al fortalecimiento de la asociación estratégica para incrementar y diversificar el comercio recíproco, las inversiones y proyectos conjuntos. Los únicos agregados nuevos están relacionados con la inclusión de las aspiraciones del Ministro Guzmán de reformar la arquitectura financiera internacional mediante la redistribución de nuevas asignaciones de DEG, proyectos para la canalización de DEG y la revisión de la política de sobrecargos del FMI o la promoción del uso de las monedas nacionales y del renminbi en la Argentina.

La expansión de China en América Latina responde al estadio de su desarrollo. Como lo reconocen las mismas autoridades, China se considera todavía un país en desarrollo con un ingreso per cápita similar al de Argentina a pesar de contar con reservas de 3250 mil de millones de dólares como resultado del continuo superávit de su balanza comercial que amenaza con seguir creciendo sino se produce un cambio drástico en su política cambiaria para expandir las importaciones. Esto explica por qué la Argentina tiene que volver a insistir ocho años después de los Acuerdos de 2014 en los mismos temas sin lograr un compromiso serio de modificar los términos de la relación. China no tiene problemas de seguir financiando proyectos para promover a sus empresas pero las condiciones no las fijará el país receptor y menos aún cuando su aislamiento financiero no le permite contar con otras alternativas.

La adhesión al BRI ha sido un acto formal que no modifica los términos de la relación más allá de algunas opiniones vertidas al apuro para halagar a los anfitriones. La decisión de incorporarse al BRI podrá molestar a algunos obsecuentes republicanos pero más que las quejas sería oportuno que ofrecieran opciones para revitalizar las economías de América Latina mediante el incremento de las líneas de crédito del Eximbank, OPIC, DFC o concretar la propuesta del representante Bob Menéndez de aumentar en 80.000 millones el capital del BID cifra austera si se la compara con los generosos programas para revitalizar la economía propia.

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