El anuncio por parte del Gobierno de que se había logrado un entendimiento con el FMI dio lugar a un estado de deliberación en amplios sectores de la sociedad y a una zozobra generalizada en medio de situación política convulsionada. No es para menos, el pacto tendrá -en caso de ser aplicado- consecuencias ruinosas para nuestro país por un período de tiempo demasiado largo.
El relato gubernamental buscó presentar el acuerdo de manera triunfal en un discurso lleno de contradicciones. Nos quieren convencer de que el FMI no pondrá condicionamientos a la política económica cuando en realidad se pactó un cogobierno. Los burócratas de Washington auditarán cada tres meses la economía argentina y en función de su evaluación decidirán si realizan un nuevo desembolso o si no lo hacen, condenando al país a la cesación de pagos. Dicho de otra manera, se le otorgó al FMI la potestad de definir qué programa económico se lleva adelante en Argentina.
Durante el gobierno de Mauricio Macri se llevó adelante una política criminal en términos de endeudamiento. El “mejor equipo de los últimos cincuenta años” contrajo una deuda sideral durante la primera parte de su mandato y luego acudió al FMI frente a la necesidad de garantizar los dólares para que se puedan fugar 80.000 millones en apenas dos años sin ningún tipo de control. El gobierno de los Fernández, aunque hable de querellas, vino a legitimar esa deuda y ahora nos condena a muchos años más de sometimiento.
El Fondo Monetario, como siempre, digita medidas de austeridad. La diferencia con el pasado es que ahora lo hace con los peores indicadores sociales en muchísimos años. El 43% de la población argentina es pobre y el Gobierno se prepara para ajustar todavía más cuando desde hace cuatro años se viene achicando el poder adquisitivo de los salarios y deteriorando las condiciones de vida de la clase obrera. Este último dato es importante, porque muestra la continuidad de los ataques al bolsillo popular entre los distintos gobiernos, todos responsables de cómo llegamos a la situación actual.
La inflación tiene mucho que ver en este deterioro, porque es el mecanismo acordado para licuar los gastos en pesos: una herramienta que transfiere ingresos de los pobres a los ricos y que erosiona mes a mes los ingresos de los trabajadores. Es también la vía para reducir el déficit fiscal, permitiendo que la recaudación aumente proporcional a los precios mientras los gastos se licúan. El Presidente afirmó que los gastos aumentarían en términos reales, pero lo dice sobre la base de una inflación proyectada del 33%, cuando probablemente sea cerca del doble.
El otro gran ítem en materia fiscal será la reducción de subsidios a las privatizadas, que redundarán en un tarifazo y un nuevo golpe al bolsillo de las y los trabajadores. Las privatizadas ganan siempre: vía subsidios o vía tarifazos. En ningún momento se postula la apertura de los libros de las empresas y su nacionalización bajo control de los trabajadores.
La jactancia por parte de Alberto Fernández como de Martín Guzmán por haber conseguido firmar un acuerdo en el que no se le demanden las famosas reformas estructurales tiene patas cortas, ya que en Argentina esas reformas ya se han aplicado en los hechos. El 63% de los jubilados cobra $29.062 pesos, un ingreso que no llega a la línea de indigencia, mientras que la reforma laboral de la que supuestamente pudimos desembarazarnos se impuso en los hechos durante la pandemia como política de las patronales y con la complicidad de las respectivas conducciones sindicales.
En materia monetaria, se promueve un nuevo endeudamiento para reemplazar el financiamiento del BCRA, pero a diferencia de lo que nos quieren hacer creer es una deuda peligrosa porque se emite atada al dólar o a la inflación, dos variables que prometen subir en mucho en el próximo periodo. En cualquier caso, la deuda nueva no sería exclusivamente en pesos, sino que también habrá de parte del fondo un “reforzamiento de las reservas”, es decir que buscan que terminemos más dependientes de lo que ya estamos.
En este contexto no sorprende que la coalición gubernamental haya entrado en crisis, ya que nadie quiere hacerse cargo de los platos rotos que dejará este acuerdo. Lo que ocurre es que la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del FdT no vino acompañada de ninguna iniciativa para rechazar este pacto con el FMI. El diputado que parece haber descubierto ahora lo negativo de la reestructuración de la deuda con los privados y, más en general, de la política económica del gobierno a lo largo de los últimos dos años se ha limitado a publicar una carta sin convocar absolutamente a nada.
Lo interesante es que a pesar de sus “nuevas revelaciones” continúa siendo parte del bloque y su agrupación teniendo puestos claves en el gabinete, demostrándonos que esta renuncia es solo un gesto para la tribuna. Con esto pareciera apuntar, no de manera coordinada sino en medio de una crisis interna, a contener “por izquierda” el descontento popular que genera lo firmado por el gobierno del que sigue siendo parte.
Existe, en cambio, una autoconvocatoria en la que más de cien organizaciones que rechazamos este pacto colonial con el FMI nos movilizamos a Plaza de Mayo. Antes de aplicar estas políticas que golpeen aún más la situación de los trabajadores el gobierno y la oposición cómplice tendrán que enfrentar una resistencia que, como siempre, encontrará a la izquierda movilizada en las calles, en defensa de los intereses populares.
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