De cara a los desafíos que implican las nuevas modalidades delictivas, fundamentalmente aquellas relacionadas con organizaciones criminales de estructura compleja del orden nacional y las del CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL, se ha delineado a trazos gruesos que nuestro país se encuentra atravesando una crisis de inseguridad ocasionada por el accionar de la delincuencia común y el crimen organizado, con la particularidad que en múltiples ocasiones, el epicentro de dicha actividad ha sido hallado en el interior de establecimientos Penitenciarios, dato que ha puesto en tela de juicio la eficiencia de las instituciones encargadas de afrontar esta problemática.
Siguiendo con atención lo acontecido en diversos sistemas penitenciarios de países no solo de la región sino de otras partes del mundo, no podemos dejar de advertir con preocupación (a la luz de los últimos episodios revelados por la prensa especializada), que en nuestro país, en el sistema penitenciario nacional (compuesto por el SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL y 23 SERVICIOS PENITENCIARIOS PROVINCIALES), ha comenzado a evidenciarse que, lenta pero persistentemente está siendo capturado por esta forma de delincuencia organizada, de carácter transnacional y local de estructura compleja.
Uno de los aspectos que afecta con mayor peligrosidad la existencia del Estado y sus instituciones, así como también incrementa la percepción de inseguridad ciudadana, es el CRIMEN ORGANIZADO. La existencia de este problema deviene en insatisfacción percibida en la ciudadanía ya que no solamente no le permite desarrollar sus actividades en un ambiente que propicie mejores condiciones de vida, sino que los actos generados por estas organizaciones son percibidos por la ciudadanía como un ABANDONO DEL ESTADO, generando la consecuente sensación de peligro permanente muy cercana a la pretensión de aterrorizar a la ciudadanía como herramienta coercitiva y de control informal de la misma. Muchas veces el génesis o la decisión final de ciertas operaciones de organizaciones delictivas de ESTRUCTURA COMPLEJA, son PLANIFICADAS DESDE LA CARCEL, institución que en función de un sinnúmero de errores en términos de prácticas actuariales a lo largo de los últimos años, han decantado en instituciones penitenciarias criminalmente instrumentalizadas, convirtiéndolas en verdaderos nodos de impunidad, generando la peligrosa torsión conceptual de CARCEL PRISION a CARCEL BUNKER, donde una o varias organizaciones criminales la convierten en verdaderos centros de planificación reclutamiento de nuevos miembros para la estructura, fusiones con otros grupos criminales y conducción operativa de variadas y múltiples formas de actos ilícitos, cuyas víctimas resultan ser ciudadanos, integrantes de la sociedad en su conjunto.
La importancia fundamental de que las Instituciones Penitenciarias cuenten con herramientas que permitan desentrañar esta enmarañada madeja de acciones y protagonistas de la criminalidad organizada, radica en la capacitación y puesta en función de la actividad de INTELIGENCIA PENITENCIARIA, conforme los preceptos que le dan marco y sustento, prescriptos en la LEY NACIONAL DE INTELIGENCIA (LEY 25520 y su modificatoria LEY 27.126) y en los manuales de la NACIONES UNIDAS ( serie de manuales de justicia penal / manual de SEGURIDAD DINAMICA E INTELIGENCIA PENITENCIARIA)
De baja visibilidad en sus métodos aunque de alto impacto JUDICIAL (y de redundante beneficio social) en sus resultados y de restricción en cuanto a la posibilidad de actividad delictiva intramuros, resultan ser las acciones desplegadas por este tipo de herramientas en contexto carcelario, contemplando dentro de sus funciones la detección temprana de las amenazas, no solo a la seguridad Penitenciaria sino a la SEGURIDAD PUBLICA en general, lo que transforma, no ya en valioso su aporte en el marco la prevención del delito, sino en IMPRESCINDIBLE. Uno de los errores fundamentales de los estados en la lucha contra el crimen organizado es dejar de lado la actividad Penitenciaria o para ser precisos, dejar fuera de las políticas de seguridad Publica a las políticas Penitenciarias.
La inteligencia Penitenciaria se transforma asimismo en un baluarte de la transparencia en contexto carcelario, velando y bregando por las buenas practicas actuariales del resto de los efectores, sirviendo de fuente principal y muchas veces primaria de otras áreas vinculadas al combate de la corrupción PENITENCIARIA, por caso ASUNTOS INTERNOS, dependencia con la cual articula permanentemente acciones en pos de la erradicación de dicho flagelo que, de descontrolarse es aprovechado siempre por las organizaciones delictivas de estructuras complejas que habitan los distintos espacios de encierro que administra el SERVICIO PENITENCIARIO. No hace mucho fue descubierto un aparato de telefonía fija (aunque de supuesto uso público) nada menos que en la celda individual asignada al asumido líder de la organización delictiva regional con aristas nacionales (anqué transnacional) conocida como “LA BANDA DE LOS MONOS”. Podrá el lector tomar como una simple referencia el dato aportado, pero lo cierto es que del análisis efectuado por la justicia, de dicho teléfono podrían haber partido cientos de directivas impartidas por este líder marginal, a su estructura operativa en la Ciudad de ROSARIO, traduciéndose las mismas en innumerables acciones criminales, algunas con cierto potencial luctuoso en término del coste de vidas humanas.
Así de importante y relevante resulta la actividad de inteligencia penitenciaria, extendiendo su valioso aporte más allá del muro perimetral de las Unidades en las que opera, siendo proporcionalmente exitosa en su desempeño en tanto logra impedir que el accionar delictivo pueda neutralizarse en los espacios de encierro administrados por el ESTADO. La INTELIGENCIA PENITENCIARIA como parte sustantiva de la INTELIGENCIA CRIMINAL, no es una OPCION, sino una NECESIDAD ESTRATEGICA en la lógica de una SEGURIDAD PUBLICA DE CARÁCTER INTEGRAL.