Tal como lo anticipamos, el riesgo para los intereses argentinos del viaje presidencial a Rusia y China se terminó plasmando, no solamente en gestos que debilitan el respeto internacional hacia nuestro país, sino también en la toma de posiciones geopolíticas y compromisos de largo plazo, en temas de alta sensibilidad, en un momento de extrema fragilidad del país, en el que aún no se ha logrado estabilizar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Haciendo caso omiso de la derrota en las elecciones de medio tiempo, el gobierno cierra en opacidad acuerdos sin respaldo generalizado cuyos inciertos impactos deberán ser afrontados por los sucesivos gobiernos.
Con un conflicto geopolítico global en marcha como es el de Rusia/China versus Occidente y aliados, salta a la vista la inconveniencia de que Argentina tome partido por una de las partes en pugna. El contexto actual hace impensable poder estar en misa y en la procesión para un país con gran debilidad estructural y déficits de credibilidad, como pretende el oficialismo, y así se interpretan los movimientos del gobierno en el ámbito internacional.
Los halagos a Putin, las críticas públicas a Estados Unidos y la FMI, las adjudicaciones contra fácticas de “peronismo” al líder chino Xi Jinping, todo lo cual viola las buenas prácticas de las relaciones internacionales de los países independientes, no son neutros y definen un posicionamiento desacertado para el momento. Aquí cabe aclarar que lo dicho y hecho excede las formalidades y el protocolo diplomáticos de rigor de cualquier país razonable.
También conviene tener en cuenta que gobernantes fuertes como Putin y Xi Jinping, y todo otro que orgullosamente ubique a su Nación por sobre otro interés, suelen adjudicar poco valor a aquellos que, para congraciarse, se ponen de rodillas dinamitando su propia dignidad. Con estos gestos, la apreciación internacional de Argentina va cayendo en picada y se va diluyendo un capital esencial para salir del atolladero, la confiabilidad y el respeto internacional. Por el contrario, nos confirma en el camino oscuro de la sumisión y la entrega, del cual según los dichos oficiales se pretende salir.
Más allá de estas dolorosas reflexiones, es aún más importante revisar en términos prácticos los posibles efectos y consecuencias de las decisiones tomadas por el gobierno en estos días.
Para empezar, el sólo hecho de ofrecer a Putin convertir a Argentina en la puerta de entrada de Rusia en América Latina, en un momento de extremas tensiones entre Occidente y Rusia por Ucrania, con beneficios inciertos y teniendo en cuenta que Rusia ya amenazó con la posibilidad de instalar bases en Cuba y Venezuela, sabotea sin dudas un avance fluido del cierre del acuerdo definitivo con el FMI, y en cascada con otros organismos de crédito como el Club de Paris, quedando así a la deriva en materia económica y financiera, una deriva que no suplantarán los “nuevos socios”.
Por otra parte, Argentina firmó hoy el memorándum de entendimiento con China para incorporarse a la Ruta de la Seda, el mega proyecto expansionista global de infraestructura (puertos, trenes, industrias), energía, conexión, comercio y educación. Esta iniciativa se financia con préstamos chinos bilaterales, más caros que la tasa usual internacional.
Al respecto existe un gran debate sobre si la iniciativa es en realidad un esquema colonialista que implica lo que se denomina “trampa de deuda”, por la cual el país deudor se ve forzado a otorgar concesiones extraordinarias si no alcanza a cumplir con sus obligaciones, a cambio de perder el esfuerzo realizado. Otro asunto clave es que en este esquema se suele utilizar gran parte de los recursos prestados para la compra de bienes y servicios del país acreedor, en este caso China.
Cabe aclarar que las reglas chinas de financiamiento son tan estrictas como las del FMI o el Banco Mundial, pero los créditos para proyectos están fuera del multilateralismo lo que lleva a mucha mayor inseguridad.
Si bien hasta ahora firmaron con China memorándums de la Ruta de la Seda alrededor de 140 países, cabe notar que Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y gran parte de países de Europa Occidental así como India, Japón, Australia, Canadá, Brasil y México se han mantenido deliberadamente fuera del esquema.
En el caso de Argentina, se anunciaron inversiones por 23.700 millones de dólares, que incluyen proyectos hidroeléctricos, de transporte ferroviario, líneas de transmisión, gasoductos, parques energéticos y varios otros. Los más controvertidos son la central nuclear para producción de energía eléctrica, Atucha III, por 8 mil millones de dólares cuyo contrato fue firmado días atrás, y la posibilidad de adoptar el sistema de conectividad 5G de la empresa china Huawei. Respecto de Atucha III, si bien la tecnología del reactor chino que se adquiere llave en mano no generaría grandes dudas, sí lo hacen la oportunidad de realizar semejante mega inversión, los motivos por los cuales se privilegia este contrato frente a otras obras energéticas imprescindibles y de menor costo como las gasíferas y muy importante, el grado real de transferencia de tecnología y de participación de la industria nacional en el proyecto.
En el caso del 5G chino, se lo considera un tema de seguridad nacional, que trasciende lo tecnológico, y que genera desconfianza en el mundo por la posible filtración de datos sensibles. Así lo han entendido muchos de los países de los cuales Argentina requiere apoyo para el cierre positivo del acuerdo con Fondo, como los de la Unión Europea y Estados Unidos, por ejemplo, pero también nuestro vecino Brasil. Si bien en el estado de cosas actual son los operadores quienes adquieren una tecnología 5G u otra, una intervención del gobierno argentino, en favor de la opción china sería un verdadero daño auto infligido en términos de los resultados finales.
El rol de la oposición
Más allá de declaraciones de forma, la sociedad argentina espera de la oposición, que es hoy su expresión mayoritaria, el ejercicio de un rol central en este tema, con determinación e idoneidad. Anhela una mirada estratégica de los problemas en ciernes, una clara evaluación de las consecuencias de estas decisiones para el interés nacional y el compromiso para articular una reacción concreta y práctica ante esta nueva expresión opaca del “vamos por todo”. Las condiciones han mejorado sustancialmente respecto de 2014 en que el gobierno de turno entregó soberanía por 50 años con el contrato de la base satelital china en Neuquén.
Estos asuntos centrales no pueden esperar a un cambio de gobierno en 2023, ni deben ser oscurecidos por ambiciones particulares. Las fuerzas opositoras, dejando de lado sus diferencias, deberían actuar mancomunadas en los espacios de acción política, el Congreso, a través de las comisiones correspondientes que incluyen, entre otras, las de Relaciones Exteriores, Defensa, Energía, Presupuesto y Hacienda y Medio Ambiente y también en los espacios de comunicación abierta, de modo de pedir las explicaciones del caso, exigir claridad, revisar la simetría y equilibrio de los acuerdos y alertar a la ciudadanía de la verdadera situación. Hoy más que nunca se necesita dotar de transparencia a la gestión de gobierno en temas en los que se juega del futuro de todos, y la oposición tiene ahí un papel protagónico.
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