El día que Berni tuvo razón

“Quienes compraron droga en estas últimas 24 horas tienen que descartarla” es lo más sensato que dijo el Ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni desde que es funcionario público. Muchos lo vieron con espanto. Se habló de cinismo, complicidad y narcoestado. Hasta su par en Nación, Aníbal Fernández, se dio el lujo de burlarse con un tuit que luego borró, ironizando sobre el hecho obvio de que el consumo de drogas mata. Es cierto: en este caso, la cocaína adulterada mató a 23 personas y hubo más de 80 internados, muchos con asistencia respiratoria mecánica. Un gran momento para hacer chistes, en especial si sos el ministro responsable de las fuerzas federales de seguridad. Graciosísimo.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la discusión entre prohibicionismo, reducción de daños, despenalización y legalización.

No es la primera vez que pasa algo así. En 2016, en la fiesta electrónica “Time Warp” del predio Costa Salguero de la Ciudad de Buenos Aires fallecieron cinco jóvenes de entre 20 y 25 años por consumir pastillas de éxtasis (MDMA) presuntamente modificadas. En el evento había 20 mil personas (más del doble de lo permitido) y solo 6 ambulancias. Las canillas de los baños estaban cerradas. El agua mineral se vendía a 100 pesos la botella (casi 700 de hoy). ¿Habría ocurrido lo mismo si se hubieran dispuesto mecanismos de reducción de daños?

En el caso del conurbano bonaerense, ¿qué debió haber hecho Berni, además de poner los recursos policiales a disposición del Poder Judicial? El mismo día, el Ministerio de Salud provincial difundió pautas de alerta con información sobre lo ocurrido y recomendaciones preventivas. ¿Está mal? ¿Qué otra prioridad hay que no sea salvar vidas? ¿Cómo es que aún no advertimos que el consumo problemático (no todos son adictos) es un asunto de salud mental?

Por supuesto que la rapidez con la que se encontró a los presuntos involucrados es, cuando menos, sospechosa, en especial pues, según se informó, ya a principios de noviembre la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), sobre la base de un informe policial, había apuntado a los lugares que se allanaron recién ahora y en los que se secuestraron 15 mil dosis similares a las “envenenadas”. ¿Tenían que morir 23 personas para que se ordenaran las medidas? ¿Tenía que tratarse de estupefacientes adulterados?

La connivencia entre las policías, el Poder Judicial y los narcos es innegable. En el caso concreto, vecinos del Barrio Puerta 8 del Municipio de Tres de Febrero, cuyo intendente es el cambiemita Diego Valenzuela y donde se vendió al menos parte de la droga, dijeron que una vez por semana los transas apoyaban una bolsa en la esquina y la policía pasaba a llevársela. Conocida la noticia, la fuerza habría entrado a detener pibes del barrio a mansalva y reventado la casilla de un hombre fallecido semanas atrás por otros motivos, lugar que se exhibió ante los medios de comunicación con toda espectacularidad como el búnker desde el que había salido la cocaína adulterada. Coca y circo.

Claro que el narcotráfico es socio de la corrupción. Por supuesto que el Gobierno de Alberto Fernández debe explicar por qué disolvió la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico. Desde ya que el Poder Judicial tiene que dar razones de la demora en los allanamientos y de la libertad condicional que recibió en 2020 quien sería el número dos de la organización criminal responsable, Joaquín “El Paisa” Aquino, a pesar de que la PROCUNAR señaló que manejaba el negocio desde la cárcel. No hay dudas de que es incomprensible que el Presidente viajara a China y Rusia con el Intendente de José C. Paz, Mario Ishii, quien en un video filtrado a mediados de 2020 apareció diciéndoles a los trabajadores de salud municipales “cuando se mandan una cagada que me venden falopa con las ambulancias, yo los tengo que cubrir” y que para defenderse dijo que se refería a medicamentos y que “ojalá pudiese fusilar a los que venden droga”. Una verdadera joyita.

Pero, ante el hecho consumado, subsisten dos preguntas. Primero: ¿qué debió hacer el Estado con los usuarios que, tal vez sin saberlo, podrían haber adquirido cocaína adulterada? ¿Perseguirlos, amenazarlos con imputaciones penales? ¿Estigmatizarlos, decirles que son delincuentes? Segundo: por supuesto que la cocaína es nociva esté o no adulterada, pero ¿de qué modo ayuda a evitar o morigerar esos daños la legislación y la política criminal vigente?

El prohibicionismo barre debajo de la alfombra. Por un ratito es maravilloso: metemos pibes en una fiesta electrónica, prohibimos la producción, comercialización y tenencia de éxtasis, permitimos que se cierren las canillas de los baños y que se venda agua mineralizada al precio que el mercado indique y nos encomendamos a Dios. Todo va a estar bien. Sabemos lo que hacemos. Las drogas están prohibidas. Clink, caja. Debajo de la alfombra hay cinco pibes muertos, pero nuestra moral está intacta. La droga es mala y quienes la consumen violan la ley.

En la Argentina rige un sistema de criminalización casi irrestricto que sanciona actividades vinculadas al tráfico (contrabando, comercialización, almacenamiento y transporte), pero también la tenencia sin esos fines e incluso la que es solo para consumo personal. La ley vigente, de 1989, continuó y profundizó una política iniciada en 1973 durante el tercer gobierno peronista y recrudecida primero durante la última dictadura militar y luego en los años 90, siempre siguiendo los designios de los Estados Unidos, principal mercado mundial de cocaína del mundo.

Además de que viola el derecho constitucional a la autonomía personal (el que nos permite elegir nuestros planes de vida, lo que incluye hacer cosas que solo nos dañan a nosotros mismos), el prohibicionismo generalizado tiene conocidas consecuencias negativas: aumento artificial de precios, falta de control de calidad con impacto en sobredosis y daños a la salud, violencia, inseguridad, corrupción, disminución de fondos disponibles para la prevención y el tratamiento, incentivo para la producción de nuevas drogas sintéticas cada vez más peligrosas, lavado de activos, etc.

Hay un mundo de alternativas a ello, desde la despenalización de la tenencia y el consumo (Portugal lo hizo para todo tipo de drogas en 2001 y sus tasas de consumo están sistemáticamente por debajo del promedio europeo) hasta la regulación de la compra y venta como un mercado legal bajo determinadas condiciones (con distintos modelos que incluyen la prescripción médica, el monopolio estatal y las licencias a privados).

En algún punto entre el prohibicionismo y la legalización están las políticas de reducción de daños adoptadas por la mayoría de los países desarrollados del mundo. ¿En qué consisten? En reconocer que es imposible erradicar el uso de sustancias psicotrópicas y que hay consumos más riesgosos que otros e impactos diferenciados por condiciones de mayor vulnerabilidad (como la pobreza, pero no exclusivamente). Con ese diagnóstico, en lugar de barrer debajo de la alfombra, se persigue el narcotráfico y se adoptan políticas de cuidado para los usuarios: información, acceso a jeringas estériles para reducir el contagio de HIV, testeos y controles de calidad, servicios de consumo supervisado, terapias de sustitución de opioides, distribución gratuita de naloxona para la sobredosis de heroína, etc.

El Estado argentino no hace nada que siquiera se le parezca a esto, aunque hay organizaciones locales que trabajan en el tema desde hace más de 20 años, como la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina (ARDA) e Intercambios Asociación Civil, creadora del Programa de Atención en Fiestas (PAF), que en 2016, a partir de la tragedia de Time Warp, empezó a disponer zonas de hidratación en festivales masivos.

Pero desde el sector público, nada. La última campaña que se recuerde son los videos abstencionistas de 1997-1998 del médico Alfredo Miroli, titular de la Subsecretaría de Prevención y Asistencia, con los dibujitos animados “Fleco y Male”. ¡Casi 25 años sin una difusión, no digo exitosa, pero más o menos memorable! Lo que sí va a ser inolvidable es el mensaje que difundieron el programa “Recreo” (vinculado al turismo y la cultura) y el Ministerio de Salud bonaerenses días antes del caso de la cocaína y que, bajo los confusos eslóganes de “consumo cuidado” (juego de palabras incluido) y “anticipate para disfrutar como te gusta”, aconsejó sobre prácticas de consumo a las que calificó de “saludables”.

Semejante ridiculez parece darles la razón a quienes sostienen que para hacer reducción de daños hay que ser un país desarrollado. Otro dato: la ley de salud mental, de 2010, dispuso que a partir de 2013 el Estado debía destinar como mínimo el 10% del presupuesto total de salud a dicha área. Esto incluye a la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR) y a dos hospitales nacionales vinculados a la atención de adicciones. Sin embargo, la meta nunca se cumplió. Un informe presupuestario de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) muestra que, en lugar de crecer para alcanzar el 10%, la asignación a salud mental fue cayendo: en 2020 fue solo el 1,85% y en 2021 el 1,47%.

Pero no debemos olvidar que buena parte de los recursos públicos en materia de drogas se los lleva la criminalización directa o indirecta del consumo. Según la estadística de PROCUNAR para 2020, el 40% de las causas iniciadas por estupefacientes en todo el país correspondió a hechos de tenencia: el 31% para consumo personal (que, según dijo la Corte Suprema en 1986 y 2009, es inconstitucional penar) y el 9% para tenencia simple. En algunas regiones la cifra es espeluznante: en el NOA, el 54% de las causas fueron por tenencia para consumo y el 7% por tenencia simple.

La principal responsable de ello es la policía, es decir, los poderes ejecutivos. Casi el 70% de las causas se inician por prevención policial (o sea, sin denuncia) y, si se considera no el modo de origen sino el organismo (fuerzas federales, organismos judiciales, etc.), el 48% es generado por policías provinciales. De ese 70% del total que inicia la policía, más de la mitad son casos de tenencia (42% para consumo y 11% para tenencia simple) y solo el 27% corresponde a actividades de tráfico. Pero, atención, cuando las causas se inician por denuncias las cifras se invierten: el 77% de las denuncias en comisaría, el 65% de las que se hacen ante jueces y el 78% en fiscalías son por tráfico. O sea: ¡la gente denuncia narcotráfico, pero la policía, responsable de iniciar el 70% de los casos, investiga tenencia! Parece joda.

Después de 50 años de fallidas políticas prohibicionistas, ¿no será tiempo de probar otra cosa?

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