El reiterado ataque contra el Poder Judicial

No debe extrañar en absoluto la nueva arremetida del gobierno nacional contra el Poder Judicial de la Nación, centralizada esta vez en los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, porque se trata de la reiteración de una conducta seguida por el kirchnerismo desde que llegara el poder en 2003.

Cabe recordar que el presidente Kirchner, que había asumido el Poder Ejecutivo el 25 de mayo del año indicado, utilizó la cadena nacional el 4 de junio para pedir la destitución de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, acusándolos prácticamente de “extorsión” y violando olímpicamente el principio republicano de división e independencia de los poderes del Estado. Se aprovechó para ello del clima favorable que siempre acompaña a los mandatarios recién asumidos y de los ataques que había venido sufriendo la Corte por parte de ciertos sectores políticos y de la prensa, acusándola de ser una “Corte adicta” o que funcionaba como una “mayoría automática” en beneficio del gobierno justicialista del Presidente Carlos S. Menem.

Es oportuno señalar que la mencionada calificación no obedecía al resultado de las sentencias que dictaba, sino que se empezó a utilizar desde el mismo momento que el presidente Menem al Congreso el proyecto para aumentar de 5 a 9 el número de integrantes de la Corte, el que fue aprobado por ley 23.744. Como ocurre en muchos casos, se le colgó el rótulo de “Corte adicta” o invocando una supuesta “mayoría automática” para desprestigiarla antes de su nueva integración, lo que quedó desmentido en los hechos por su actuación posterior, como lo explica detalladamente Rodolfo Barra en su nota: “La reforma de la justicia. La cuestión de la “Corte adicta”, en la obra “Los Noventa, páginas 402/439, editorial Sudamericana, 2021.

Pero la verdadera razón por la que el presidente Kirchner exigió al Congreso la remoción de los integrantes de la Corte Suprema a partir del año 2003, no era en realidad por la supuesta “adicción” al gobierno del presidente Menem, sino porque quería imponerle que cambiara la jurisprudencia que se había establecido en la causa “Smith”, por la cual se obligaba al gobierno a restituir a los ahorristas sus depósitos en dólares, en la misma moneda, es decir rechazando la ilegítima “pesificación asimétrica” que había dispuesto el presidente Duhalde. Enterado Kirchner que la Corte estaba por resolver la causa “Lema”, en el mismo sentido que en “Smith”, realizó presiones de todo tipo para que el alto tribunal cambiara de posición y ante la negativa de algunos integrantes de acceder a ese pedido, pidió por cadena nacional que se removiera a los miembros de la Corte.

A partir de ese pronunciamiento se organizó una virulenta campaña en contra de los integrantes de la Corte, no mediante presiones mediáticas y políticas, sino también por vías de hecho. En ese sentido uno de los miembros de esa Corte, el Dr. Adolfo Vázquez relata en su libro “Asalto a la Justicia” (editorial Sudamericana, año 2016) que el día 25 de agosto de 2004 su auto fue baleado al salir de un cementerio de Pilar, lo que fue constatado por la policía científica en un peritaje ordenado por el Juez Federal de Campana donde había hecho la denuncia (páginas 176/179). Cuenta además que se repitieron los escraches en los domicilios particulares de algunos magistrados de la Corte, que ya se venían registrando desde el gobierno de Duhalde (páginas 111/113). Las presiones dieron resultado, ya que precipitaron las renuncias de Julio Nazareno, Guillermo López y Adolfo Vázquez.

Como senador nacional participé en los juicios políticos contra los magistrados Eduardo Moliné ‘O Connor y Antonio Boggiano, quienes se habían negado a renunciar, por lo que puedo dar fe que las remociones fueron totalmente ilegítimas, ya que se los juzgó principalmente por el contenido de las sentencias que se habían dictado en las causas Meller y Macri, violando el fundamental principio de independencia de los jueces, según lo dispone expresamente el artículo 14 apartado B) la ley 24.937. De nada valieron las excelentes exposiciones formuladas por los prestigiosos abogados defensores: Gregorio Badeni, en el caso de Moliné ‘O Connor y María Angélica Gelly en el caso de Boggiano. Como dato curioso, pero revelador de que la mayoría de los senadores que votaron la destitución de Moliné ‘O Connor sabían que era injusta, rechazaron el pedido de inhabilitación para ejercer cargos públicos, que era una pena accesoria a la remoción.

Me he extendido en traer a colación estos antecedentes, para demostrar que la actual embestida contra los integrantes de la Corte, no hace sino ratificar la impronta autoritaria del kirchnerismo en el manejo de su poder, al que consideran superior a los otros poderes del Estado, especialmente del Poder Judicial. La sanción de la ilegítima e inconstitucional ley 26.080 del año 2006, modificando la integración del Consejo de la Magistratura; la ley 26.855 denominada de “democratización de la justicia”, justamente declarada inconstitucional por la Corte Suprema, que entre otras ridiculeces disponía que los jueces, abogados y científicos integrantes del Consejo de la Magistratura debían ser elegidos en elecciones populares; los permanentes ataques a los jueces por no fallar a favor de funcionarios del gobierno en causas penales; y la reciente marcha impulsada por funcionarios para denostar y presionar a los magistrados de la Corte, constituyen algunas de las evidencias del autoritarismo y la prepotencia de los que creen que su poder está por encima de las leyes y de las instituciones de la República.

SEGUIR LEYENDO: