¿Están queriendo volver a acomodar la justicia a sus intereses?

La marcha, éste 1 de febrero, promovida por el kirchnerismo con el objetivo de remover o someter a juicio político a algunos o a todos los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no tiene nada de nuevo.

Ya desde sus mismos orígenes el peronismo viene mostrando una patológica vocación por atacar a la justicia, cuando la misma no corresponde a sus intereses.

De hecho, lo primero que hizo Perón tras asumir el 6 de junio de 1943, fue cortarles las cabezas a cuatro jueces y al procurador general del máximo tribunal argentino.

Para ello, acusaron a los jueces, doctores Roberto Repetto, Antonio Sagarna, Benito Nazar Anchorena y Francisco Ramos Mejía, así como el procurador general Juan Álvarez de “deshacer las mejoras sociales que lograron los trabajadores”.

Otra acusación fue la de “maniobrar con claro criterio de protección a las clases privilegiadas, en perjuicio de los humildes trabajadores”.

Se les imputó, además, el cargo de “traición a la patria” por haber reconocido los gobiernos surgidos de las revoluciones del 6 de septiembre de 1930 y del 4 de junio de 1943.

Perón participó de ambos golpes de Estado, y contribuyó a la formación de los regímenes militares surgidos de esos movimientos armados. Incluso, en el segundo de esos gobiernos, se agarró cuatro altos cargos para él.

A pesar de ello, sorprendentemente, los traidores a la patria eran los jueces, no él. Así que el Senado, devenido a tribunal enjuiciador, destituyó a todos los arriba nombrados.

Una Corte militante

Seis años después, el sometimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Poder Ejecutivo ya era total, y sobran los ejemplos de su sometimiento. Entre ellos, los siguientes:

El 15 de abril de 1952, se adhirió a un acto de homenaje a Perón (“por su acción de gobierno”), dando asueto a los trabajadores judiciales para que pudieran concurrir a los actos.

Por acuerdo del 26 de junio de 1952, los jueces bautizaron “Eva Perón” a la Biblioteca de la Corte.

El día 24 de julio de 1952, declaró constitucional la ley 14.062 de Declaración de Estado de Guerra Interno, que establecía la pena de muerte contra quienes se alzaran contra el gobierno.

“No se puede concebir al juez sin identificarlo con los términos absolutos de la pura justicia: Perón y el pueblo”, declaró el ministro del Interior y Justicia, Ángel Borlenghi.

Por ello, en el Plan de Acción política 1955-1956 se introdujo ésta desafortunada declaración: “La justicia puede destruir un movimiento sentando jurisprudencia contraria a la doctrina justicialista. Por eso, recordando aquello de que un lado de la biblioteca dice “peronismo” y el otro “antiperonismo”, los fallos deben ser dados utilizando el lado peronista de la biblioteca”.

Perón, a su vez, dijo: “Yo soy de los hombres que piensan que el gobierno ha de tener en su alma el sentido innato de la justicia, condición sin la cual ningún hombre puede hacer buen gobierno”.

El problema era que su justicia era sólo para los suyos. Para los demás, fuesen enemigos o simplemente adversarios, era la arbitrariedad, las torturas y la cárcel. De hecho, su pensamiento al respecto lo sintetizaba en ésta frase: “¡Al enemigo, ni justicia!”·

Justicias intervenidas

El 17 de julio de 1952, el gobierno de Perón intervino la provincia de Buenos Aires “al sólo efecto de reorganizar totalmente su Poder Judicial”.

Dos de los motivos alegados era que la justicia bonaerense desvirtuaba “el contenido revolucionario justicialista”, y que estaba integrada por “jueces de la oligarquía, del fraude, y de muchos otros hechos más”.

“No podemos permitir que la justicia siga siendo un reducto de la oligarquía”, dijeron.

Durante el tratamiento de la ley, un senador dijo: “La intervención al Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires servirá como escarmiento para que los magistrados y los funcionarios comprendan que, si la revolución no puede llegar porque están ellos en la función pública, entonces ellos deben salir para dejar paso a la revolución”.

Pero hasta el menos avisado se daba cuenta de que la intervención a la justicia bonaerense obedecía en realidad al deseo del peronismo de poner en ese lugar a sus jueces.

También se intervino las administraciones judiciales de Catamarca y Córdoba, removiendo a todos los magistrados y reemplazándolos por otros totalmente adictos.

En el caso de Córdoba, los nuevos jueces enviaron al presidente Perón el siguiente mensaje:

“Inspirados en el patriotismo de toda vuestra vida ejemplar, en la acción de nuestra inolvidable Eva Perón y en los principios que uniforman la doctrina, asumimos con fervor peronista las altas funciones de vocales y fiscal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia con que nos habéis honrado por intermedio del prestigioso y distinguido interventor, doctor Felipe S. Pérez, y juramentamos nuestra inquebrantable adhesión y lealtad hacia vuestra insigne persona como líder de la Nueva Argentina Justicialista”.

En el caso de la justicia de la provincia Presidente Perón (Chaco), donde no se podía ingresar sin estar afiliado al partido, la fórmula de juramento de empleados y funcionarios, era: “¿Juráis por Dios, por la Patria, por Perón y por Eva Perón desempeñar fielmente vuestros cargos, y siempre con inspiración justicialista?”.

La cuestión es que con el tiempo se llegó a un punto en que los jueces ya no eran jueces sino títeres que debían obedecer las órdenes del ministro de Asuntos Políticos, Román A. Subiza.

La Corte Suprema de Justicia de Salta se animó a dar una muestra de dignidad absolviendo a David Michel Torino, director del diario “El Intransigente”, encarcelado desde hacía tres años por causas políticas.

Los jueces dela misma, Jerónimo Cardozo y Carlos E. Douthat, fueron acusados de prevaricato y sometidos a juicio político. No se admitió que la causa fuera sometido a prueba. Simplemente se los echó y, además, se los declaró “incapaces por tiempo indeterminado de ocupar empleo de honor, confianza, o sueldo de la provincia”.

El pacto con Frondizi

Ni antes ni después fue de importancia menor para Perón contar con una Corte adicta a su “revolución” y a su persona.

Tres años después de su caída, en febrero de 1958, desde su retiro de Madrid condicionó la firma del acuerdo con Frondizi a la inclusión en el mismo del siguiente texto:

“8º)- Reemplazo de los miembros de la Suprema Corte de Justicia y eliminación de los magistrados que han participado en actos de persecución política”.

Se estipuló en dicho tratado que, en caso de ganar las elecciones, Frondizi tenía noventa días de plazo contados desde la Asunción del mando para reemplazar a los miembros de la Corte Suprema.

A modo de conclusión, tal vez convendría recordar lo que una vez dijo el estadista, escritor y jurista Alexander Hamilton, considerado uno de los padres de los Estados Unidos:

“No hay libertad si el poder de juzgar no está separado de los poderes Legislativo y Ejecutivo. Y nada se tiene que temer del Poder Judicial solo, pero se debe temer todo de la unión del Poder Judicial con cualquiera de los otros dos poderes”.

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