El liberalismo cree en el individuo y la sociedad civil que persigue sus proyectos y organiza espontáneamente su vida, no en un Estado omnipresente. Esto es algo que podemos ver con mucha nitidez cuando hablamos de trabajo.
Seamos claros: el único empleo que realmente hace crecer y progresar a un país es el creado por el sector privado en un mercado libre.
El empleo público, aun cuando resulte necesario, no es económicamente autosustentable por definición, mientras que el empleo generado por empresas que operan en mercados protegidos por prebendas estatales (cupos, licencias, aranceles externos, pauta oficial, prohibición de competencia, precios garantizados, subsidios, etc.) no son genuinos porque dependen de una graciosa concesión estatal que puede estar hoy y no mañana (es incluso discutible calificar de “privados” a dichos puestos de trabajo).
Esto explica por qué dirigentes de todas las fuerzas políticas, a la vez que dicen coincidir en que la creación de trabajo es un objetivo prioritario, históricamente han formulado propuestas y tomado decisiones en sentido exactamente contrario a dicha creación.
Es aquí donde entra la muy famosa pero no tan comprendida “seguridad jurídica”, condición imprescindible para la generación del trabajo privado y autosustentable.
Muy sintéticamente podemos decir que la seguridad jurídica es la “certidumbre o certeza sobre el Derecho”, es decir, la garantía para el individuo de que sus derechos no serán arbitrariamente modificados por el Estado o por particulares, más la garantía de que, en caso de que ello ocurra, los responsables serán debidamente sancionados.
En otras palabras, la seguridad jurídica consiste en el respeto a las “reglas de juego” y supone que las mismas son conocidas, previsibles y estables.
Dado que la creación de trabajo en el sector privado surge con la persona que inicia un proyecto económico -empresario, comerciante, emprendedor o como se lo quiera llamar- es absolutamente natural que esa persona pretenda tener certeza sobre sus derechos y obligaciones y sobre los de aquellos con los que interactúa, para así poder planificar con la mayor información posible, minimizar las posibilidades de pérdidas y maximizar las de ganancias.
¿Pagaré siempre los mismos impuestos o me los pueden subir en cualquier momento?, ¿seré libre de contratar y despedir personal o me lo pueden prohibir?, ¿las indemnizaciones serán las mismas o me las pueden duplicar? ¿podré fijar libremente los precios de mis productos o servicios o me pueden poner un tope?, ¿podré pactar mis alquileres libremente o me pueden decir cuánto, cuándo y cómo se actualizarán?, ¿competiré libre y limpiamente o mi competencia puede tener algún privilegio estatal?, ¿podré exportar libremente o me pueden imponer cuánto, cuándo y a dónde o, incluso, me lo pueden prohibir?, ¿podré importar libremente o me pueden imponer cuánto, cuándo y desde dónde, o incluso, me lo pueden prohibir?, ¿ podré dar a mis ganancias el destino que desee o me pueden decir dónde tenerlas y en qué invertirlas?
Cuando las respuestas a éstas preguntas no son claras, o directamente son imposibles, el potencial dador de empleo no tiene la más pálida idea de cuáles serán sus derechos y obligaciones en el futuro, con lo cual se ve totalmente imposibilitado de planificar y proyectar, lo que, a su vez, constituye un enorme desestímulo para invertir y crear trabajo.
La histórica vocación de nuestros gobernantes por el poder y el control, los impulsa a intervenir constantemente en la economía, modificando todo el tiempo las reglas de juego, despreciando de ese modo la seguridad jurídica.
Hoy vemos ese desprecio en su faceta más violenta y grotesca cuando el Presidente de la Nación avala una marcha pública contra la Corte Suprema nacional.
¿Quién va a invertir en un país en el que el poder político presiona a la cabeza del Poder Judicial, justamente el responsable de poner límites al Estado?
Por eso el intervencionismo estatal y el populismo son incompatibles con la seguridad jurídica.
Y siendo la seguridad jurídica una condición necesaria para la creación de empleo privado genuino, el populismo es incompatible con la generación de empleo.
El liberalismo, en cuanto rechaza la idea de un Estado intervencionista y de una economía planificada, es el único que puede garantizar la seguridad jurídica necesaria para la generación de riquezas y empleo y la prosperidad del país, como dice la Constitución Nacional.
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