La inclusión de la preservación de la inversión en Ciencia y Tecnología en los documentos que se vienen acordando con el FMI es un hecho tan inédito como trascendente para la construcción de un modelo de desarrollo que permita combinar un vigoroso crecimiento de la economía con crecientes niveles de integración y justicia social.
Sabemos que hay muchas formas de crecer, pero sólo aquella que se proponga hacerlo en base a la capacidad de agregar valor a partir del aporte del trabajo calificado y de la incorporación de avances científico-tecnológicos de producción local, permitirá al mismo tiempo generar mejores condiciones de vida para todos los argentinos y crecientes niveles de autonomía en la toma de decisiones como Nación.
El compromiso del cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Ciencia y la Tecnología permitirá multiplicar por cuatro la inversión pública en los próximos años. Ello significa fortalecer el sistema científico-tecnológico y su contribución a la resolución de los problemas sociales de nuestra población y la transferencia de sus innovaciones a la estructura productiva, particularmente a las pymes, que son quienes crean más empleos en nuestro país.
También la ciencia y la tecnología son fundamentales para transformar nuestra matriz exportadora en dirección a generar divisas a partir de las empresas de base tecnológica que, como han mostrado en este último año, tienen un enorme potencial en la posibilidad de captación de los recursos que necesitamos para apartarnos de las crisis cíclicas provocadas por la “restricción externa”.
No es casualidad que el gobierno de Macri haya aceptado entre las condiciones que impuso el FMI con motivo del préstamo la desaparición del Ministerio de Ciencia y Tecnología y la reducción de su presupuesto del 0,37 % que se había alcanzado en el 2015 al 0,22% en el 2019. Quienes quieren un país primarizado, agro exportador, dedicado a la especulación financiera, sin mejoras a las condiciones de vida de las mayorías y sin capacidad de decisión soberana, no se preocupan por la investigación científica.
Como se ha visto durante la pandemia, el monopolio del conocimiento por los países centrales les permitió decidir hasta sobre la vida y la muerte a escala planetaria. Hoy la soberanía de las naciones y el bienestar de sus pueblos se dirime en buena medida en la disputa por los beneficios que genera el avance de la ciencia y la tecnología.
Conscientes del papel del Estado en el fortalecimiento de la estructura científica, en particular del CONICET y de las Universidades Nacionales, tanto el presidente Alberto Fernández como el ministro Martín Guzmán han colocado como uno de los ejes de estos acuerdos la necesidad de continuar colocando la ciencia como un eje central de nuestra estrategia de desarrollo.
Esta señal de confianza y apoyo por parte del Estado también requiere un compromiso recíproco por parte de una comunidad científica que, como ha demostrado en los tiempos tan difíciles que nos tocó atravesar, ha sabido poner el cuerpo y la inteligencia para afrontar los desafíos que se requieren para dejar atrás las crisis generadas por el modelo neoliberal y la pandemia.
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