Claudia Bello, de las acusaciones de corrupción y la pizza con champagne al operativo retorno

Esta semana se supo que el Jefe de Gabinete, Juan Manzur, propuso a la ex funcionaria menemista Claudia Elena Bello como directora de la empresa pública de telecomunicaciones ARSAT (la de los satélites). La información se conoció a través de la Resolución 17/22 publicada en el Boletín Oficial. Algunos dicen que el Gobierno también se enteró así. El escándalo fue tal que la asamblea de la compañía dejó en suspenso el orden del día para el que había sido convocada, que incluía la polémica designación.

No es su primer intento de volver. Hace tres años me la crucé en el piso del programa “Intratables”, por entonces conducido por Santiago del Moro. Cuando escuché que la presentaban (Claudia Bello, abogada y dirigente peronista) pensé “no puede ser”. La miré y no la reconocí. “¿Será LA Claudia Bello?”. Mientras la cámara no me ponchaba la googleé, busqué fotos actuales y le pregunté a Ceferino Reato, a quien tenía sentado al lado. Sí, era ella y estaba ahí porque quería ser candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires. ¡País generoso!

No me acordaba en qué había quedado su situación procesal, pero en pocos minutos encontré un par de notas y fallos. No le gustó nada. Negó haber sido imputada por corrupción. Negó que la Cámara de Casación le revocara la absolución. Negó que la causa hubiera terminado por prescripción. Casi niega llamarse Claudia Bello.

El segundo intento no tuvo tanta pompa. Se ve que lo del prime time en televisión no funcionó. Mejor un carguito en el Ejecutivo, así, a sola firma, qué candidata ni que ocho cuartos. Una pena que estas cosas tengan que publicarse en el Boletín Oficial y que encima haya gente que lo lea. ¡Habráse visto!

Recordemos, una vez más, de quién se trata.

En los años 90, Claudia Bello era sinónimo de poder. Fue una de las varias mujeres fuertes que gobernaron junto a Carlos Menem en sus dos mandatos presidenciales. La acompañaron Adelina Dalesio de Viola, Matilde Menéndez y, varios escalones más arriba, las recordadas Amira Yoma y María Julia Alsogaray. Interventoras provinciales, secretarias de Estado, presidentas de bancos públicos, tapas de revista y, como muchos funcionarios de la época de la pizza con champán (Armando Gostanian, Raúl Granillo Ocampo, Erman González, Ramón Hernández, Eduardo Menem, Hugo Anzorreguy, Alberto Kohan, Emir Yoma, Carlos Corach, Víctor Alderete, Mario Caserta, Oscar Camilión, Germán Kammerath, etc.), acusadas de corrupción. Si quieren una lista completa, busquen el inolvidable video de fines de aquella década, en el que un jubilado, en plan Funes, pasaba lista uno por uno y se acordaba de ellos y de sus familias a toda velocidad.

Bello fue interventora de la provincia de Corrientes entre 1992 y 1993 (por lo que se la acusó de irregularidades y fue sobreseída), convencional constituyente y luego Secretaria de la Función Pública y Presidenta del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), ambos encargados de formar cuadros administrativos idóneos y honestos. En su paso por el Ejecutivo gestó vínculos importantes (por caso, con el actual Secretario de Asuntos Estratégicos y Ministro del Interior menemista, Gustavo Béliz) e incluso se dijo que tuvo un papel clave en el acercamiento de Daniel Scioli a la alta política. En los últimos años estuvo cerca de Francisco De Narváez, Gerónimo “Momo” Venegas y Miguel Ángel Pichetto.

La Oficina Anticorrupción (OA), creada por ley el 10 de diciembre de 1999 (justo el día en que asumió como Presidente Fernando de la Rúa), investigó a Bello (que ya se había ido a la casa al finalizar el segundo mandato de Menem) por contrataciones consideradas irregulares en relación con el llamado “efecto Y2K”. En 1999 algunos decían que al cambiar el milenio, en el año 2000, iba a haber una falla informática global en el software de todas las computadoras. El doble cero se iba a interpretar como 1900 y millones de operaciones comerciales y financieras iban a desaparecer como Marty McFly en las fotos de “Volver al Futuro”. Para los más jóvenes: hacía pocos años que teníamos Internet y nos conectábamos por la línea telefónica con unos módems que hacían ruiditos tipo R2D2 en Star Wars. No por nada en 1996 Menem se animó a decirnos que iba a licitar un plan de vuelos espaciales por el cual desde una plataforma que se iba a instalar en Córdoba se iban a remontar a la estratósfera y en una hora y media íbamos a estar en Japón. Por supuesto, el 1 de enero de 2000 no pasó nada. Brindamos y comimos pan dulce.

La denuncia de la OA se hizo en febrero del año 2000. Según la investigación, las irregularidades habían ocurrido en contrataciones directas por alrededor de 9 millones de pesos (dólares de aquel entonces) que había hecho Bello para concientizar a la ciudadanía sobre el efecto Y2K. La difusión consistía en avisos en gráfica, radio y cines, y en el envío de una caja con videos y folletería a empresas y medios.

La jueza María Romilda Servini de Cubría la procesó en junio de 2001. La Sala II de la Cámara Federal confirmó el procesamiento en mayo de 2002. En el requerimiento de elevación a juicio, de 2005, el fiscal (Carlos Stornelli) dijo que Bello y otros funcionarios involucrados se habían interesado personalmente por las contrataciones, que habían direccionado las adjudicaciones, que se habían violado los precios testigo establecidos por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), el órgano de control interno del Poder Ejecutivo, que se había obviado la licitación con contrataciones directas por una supuesta emergencia, que se habían registrado sobreprecios, que las empresas supuestamente “competidoras” estaban vinculadas entre sí y que la principal firma involucrada había empezado los trabajos al menos 10 días antes de que se le adjudicara formalmente el contrato. En castellano: sabía que había ganado antes de ganar. El dinero, además, se había reasignado de un programa especial de emergencia para inundaciones.

Aunque la causa se elevó a juicio en 2005, el debate comenzó recién en 2011, ¡12 años después del hecho! Nada novedoso, claro. Un clásico de los casos de corrupción en la Argentina. Esto lo sabemos no gracias al Consejo de la Magistratura, sino a una ONG que en 2010 se puso a leer causas (como pudo, porque los jueces de Comodoro Py no se las querían mostrar). Me refiero a ACIJ, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Gracias a esta organización sabemos que en este país las investigaciones de delitos contra la administración pública demoran en promedio 14 años. Ojo, en promedio. La causa armas ya cumplió 30. Además, tardan una década en estar en condiciones de ser elevadas a juicio. En 2017, el observatorio de corrupción de ACIJ estimó que en los últimos 20 años solo se habían logrado 5 condenas firmes y que la mayoría de las causas terminaba por prescripción. Una de las condenas fue contra María Julia Alsogaray, la funcionaria menemista que primera y más sufrió el peso de la ley.

Los empresarios lograron una suspensión del proceso a prueba (probation) en julio de 2011. En diciembre, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal N 1 de esta ciudad absolvió a Claudia Bello y a otros funcionarios en un fallo dividido, por aplicación del principio in dubio pro reo (duda). La Oficina Anticorrupción y el fiscal apelaron. En 2014, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de Pedro David y Alejandro Slokar, declaró la nulidad de esa absolución y le devolvió la causa al tribunal para que dictara un nuevo pronunciamiento.

Según el voto de Slokar, al que adhirió David, en el juicio se acreditó que una de las contrataciones había registrado un sobreprecio del 53%. En otra, los sobrecostos habían sido, para distintos rubros, del 110%, 173% y hasta 974,9%. En un caso, la pericia constató que se había pedido cotización para imprimir 300 mil etiquetas y que finalmente se encargaron 200 mil, pero ¡al mismo precio! Esto, dijo el juez, se llama fraude contra la administración pública.

Sobre la participación directa de Claudia Bello en los hechos, vale la pena transcribir las palabras exactas del fallo de Casación: “cabe destacar que Claudia Bello no solamente intervino en sendos expedientes cuyas contrataciones constituyen el objeto del presente proceso, sino que también llevaba adelante el cumplimiento de los programas, tratativas y negociaciones vinculadas con el tema cuya publicidad motivó la contratación con Lautrec Publicidad S.A. También se comprobó tanto que ella misma concurría a reuniones de gabinete para explicar e informar sobre la cuestión, cuanto que se presentó en la SIGEN con el fin de facilitar las gestiones”.

Finalmente, el caso volvió al Tribunal Oral, que en 2015 absolvió a Bello, ya no por duda, sino por prescripción de la acción penal, es decir, porque el transcurso del tiempo impidió que el Estado siguiera persiguiendo ese hecho. El juez que dicta un sobreseimiento, dice el Código Procesal Penal de la Nación, debe incluir la declaración de que el proceso no afecta el buen nombre y honor de que hubiere gozado el imputado. Pero esto solo es así cuando se sobresee porque el hecho no se cometió, porque no es un delito, porque no lo cometió el imputado o porque había una causa de justificación, inculpabilidad o inimputabilidad (por ejemplo, una legítima defensa). No hay buen nombre y honor que salvar cuando el proceso termina por prescripción.

¿Claudia Bello es inocente? Sí. ¿Tiene derecho a ser candidata a lo que quiera y funcionaria de lo que a quien la designe le parezca, mientras cumpla los requisitos legales para el cargo? Sí. Pero la ciudadanía también tiene derecho a recordar quién es, quiénes son, como el jubilado, cada vez que se active un operativo retorno.

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