Servicios públicos en Argentina: apagones, audiencia pública y multas

En el transcurso de los últimos días de la semana pasada, en un contexto de temperaturas excesivamente altas, con la consecuencia lógica de un abrupto aumento del consumo, se sucedieron diversos cortes de suministro especialmente en el ámbito del AMBA y grandes centros poblacionales a lo largo de Argentina, siendo el centro de todas las críticas las empresas Edenor y Edesur.

Era una consecuencia lógica, producto de la combinación de varios factores: 40 grados C durante 6 días, récord de demanda de energía eléctrica y una red sometida a un stress fuera de lo normal, sumado a otros factores que combinados originaron un corte del servicio al que los argentinos habían quedado desacostumbrados.

La reacción por parte de la autoridad regulatoria no se hizo esperar, durante el transcurso de la semana se informaron multas a las empresas distribuidoras, y la respuesta no se hizo esperar, mientras que Claudio Cunha, CEO de Edesur manifestó que era imposible poder mantener en funcionamiento una distribuidora de energía eléctrica sin un horizonte tarifario y sin reglas claras, por su parte Fabiola Rodríguez, del Departamento de Comunicación de Edenor, rechazó los cargos imputados por el ENRE, y que ya se habían hecho denuncias ante el Municipio de San Martín y demás fueros administrativos y penales con respecto a la usurpación de tierras en terrenos aledaños a su estación transformadora de esa Localidad, que fue una de las primeras en quedar fuera de servicio.

Quedan flotando las preguntas: ¿Qué pasa si otra vez se registran temperaturas como las de la semana pasada, las autoridades competentes y las empresas prestadoras del servicio están preparadas para que no se repitan los cortes? ¿Cuáles son los próximos pasos de la autoridad regulatoria eléctrica con respecto a la actualización de tarifas, una de las principales razones por las cuales las empresas distribuidoras no pueden planificar obras de infraestructura para mantener y mejorar el estado de las redes y mejorar el servicio?

Aumento del gas

En el mismo día que se sucedían estas “medidas administrativas” se celebró la Audiencia Pública 102 convocada por el Enargas en donde se presentaron todas las empresas que conforman la cadena de valor del transporte y distribución de gas natural, y que cada una expuso su historia de desventuras regulatorias a lo largo de los últimos 20 años. El tema que se trataba no era menor, se estaba discutiendo los porcentajes de aumentos de las tarifas a partir del primero de marzo que pagan los usuarios.

La tarifa final que pagan los usuarios de gas tiene cuatro componentes con una participación variable según la ubicación geográfica y la densidad de población: el precio de gas en boca de pozo, el transporte, la distribución y, finalmente, los impuestos nacionales y provinciales y las tasas y contribuciones municipales.

Por parte de las empresas transportadoras se presentaron TGN y TGS, en donde TGN solicitó un aumento transitorio en la tarifa de transporte del 87,4%, que representa entre 4,6% y 10,6% para el usuario final residencial según la zona del país, mientras que TGS propuso un ajuste en dos etapas, con un aumento del 80% en la tarifa de transporte a partir de marzo y 25% a partir de septiembre que equivaldría a $38 por mes en la primera etapa y $22 en la segunda, para un cliente con un consumo promedio de 220 m3 por año.

En cuanto a las empresas distribuidoras, luego de explicar con detalle los atrasos tarifarios, comparados con otras variables económicas, y dejando muy en claro que no renunciaban a ninguna de las presentaciones judiciales hechas en tribunales locales e internacionales, procedieron a solicitar porcentajes de aumentos como se detalla a continuación:

Metrogas solicitó un aumento de 76,23% a partir de marzo, con tres opciones de aplicación: 1) el impacto en la tarifa residencial sería del 33%, en la de usuarios comerciales del 24%, los industriales tendrían un ajuste del 3,44% y los usuarios de GNC 3,01%; 2) la incidencia en el valor final sería del 35% para los residenciales y del 20% para los comerciales; en tanto los industriales y el GNC no tendrían cambios en relación con la iniciativa anterior; y 3) el efecto final se limita a 26% para los usuarios familiares, 19% para los comerciales, 6,34% para los industriales y 2,37% para el GNC.

Naturgy Ban planteó un ajuste del 82,9% que, en tanto no se resuelva un diferendo que mantiene con Metrogas, pasaría a ser del 85,5%. Fernández Fontana indicó que el impacto final en la factura de los usuarios sería en promedio de 29%, sin hacer distinciones por categorías.

Camuzzi propuso un ajuste del 79%, con un impacto en la tarifa residencial del 26% para los consumos bajos y del 19% para los medios, aunque para los beneficios del régimen de zonas frías representaría, respectivamente, reducciones del 11% y el 15% en relación con los niveles vigentes antes de la aplicación de ese programa. En una segunda alternativa, el impacto en las facturas sería del 23% para los usuarios residenciales de bajo consumo (disminuiría 13% para los de zonas frías), y 15% para los de consumo medio (menos 18%), 5% para las pyme, 4% para los que emplean GNC y 8% para los Grandes Usos Industriales.

Para el área comprendida por Camuzzi Gas del Sur, el ajuste propuesto es del 119% con un impacto del 25% en las facturas de los usuarios residenciales de bajo consumo y 29% en los de consumo medio, en tanto sería del 11% para las pyme, 2% para los de GNC y 3% para la gran industria. Una segunda alternativa, con diferentes ajustes en los cargos fijo y variable, tendría un impacto de 25% en los consumos residenciales bajos, 28% en los medios, 11% en las pymes, 3% en los de GNC y 5% en los grandes usuarios industriales.

Distribuidora Gas Cuyana, luego de presentar tres alternativas de aplicación de un aumento del 72,2%, con un impacto promedio en las facturas del 25,5% en los usuarios residenciales, y que a su vez implicaría una rebaja del 12,1% en los beneficiarios del régimen de zonas frías y del 37,2% en los que, además, cuentan con tarifa social.

Defensa del Consumidor

Antes del turno de diversas asociaciones de defensa del consumidor, con presentaciones pobres, sin datos técnicos ni propuestas concretas para volver a normalizar el contexto tarifario actual, la Asociación de Distribuidoras de Gas (Adigas) expuso sus inquietudes:

Se reclamó “marcos tarifarios estables”, y advirtió sobre los efectos negativos de “los cambios en las reglas de juego y los congelamientos de tarifas” a lo largo de casi 30 años de operación a cargo de empresas privadas.

“Los más de nueve millones de usuarios de gas natural por redes de todo el país necesitan empresas distribuidoras que puedan seguir prestando el servicio público en condiciones de seguridad, confiabilidad y calidad, percibiendo la rentabilidad justa y razonable a la que tienen derecho y realizando las inversiones necesarias para el mantenimiento de la red y su adecuada expansión”, dijo.

Asimismo, detalló que “las empresas distribuidoras reciben apenas el 24% del monto que pagan los usuarios en las facturas”, ya que además debe tenerse en cuenta la incidencia en la tarifa final del precio del gas en boca de pozo, el transporte y la carga tributaria.

El porcentaje correspondiente a las distribuidoras “se ha ido reduciendo con el correr de los años, ya que el margen de distribución aumentó por debajo de todas las variables macro de la economía”, una situación que, adujo, “afecta la sostenibilidad de todo el sector”.

¿Qué sigue ahora?

El Enargas deberá pronunciarse con las respuestas a cada una de las presentaciones de la empresas, y finalmente, establecer un aumento “de emergencia” para 2022 y fijar una tarifa definitiva, producto de las revisiones técnicas, a partir de 2023, tema que no es menor frente a un año electoral.

El sendero de precios lo dio el Secretario de Energía Darío Martínez durante el fin de semana, “La corrección tarifaria será del 20% en las facturas de energía eléctrica y gas para la generalidad de los usuarios”, aseguró sobre el cierre de 2021 a través de una serie de mensajes en su cuenta de Twitter. “En nuestro gobierno las correcciones tarifarias siempre serán menores que los aumentos de los salarios de las y los trabajadores, de las jubilaciones, de la AUH y las asignaciones familiares”, sostuvo.

Quedan flotando varias preguntas que todos los protagonistas de la industria se hacen: ¿Cuál es el plan energético de esta administración? ¿Cuáles serán los porcentajes de actualización? y ¿Cómo va a ser el plan de abastecimiento de gas natural y fuel oil para la generación en el próximo invierno frente al aumento de los costos internacionales?

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