Stiglitz, Robin Hood y el peronismo clásico

Las ideas de redistribución propuestas por algunos intelectuales de países desarrollados no aplican en la Argentina

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El economista Joseph Stiglitz y
El economista Joseph Stiglitz y el ministro de Economía Martín Guzmán en una foto de archivo en el Vaticano (Reuters)

Los argumentos expresados por el Gobierno para justificar el mayor impuesto a los bienes personales y promover un impuesto a la herencia indican claramente que no le preocupa desalentar la inversión privada. Se grava lo invertido apoyándose en el argumento de que quienes más tienen son los que deben solventar el gasto público. Nadie señala las consecuencias de este ataque a la inversión sobre el crecimiento económico y su efecto sobre el ingreso y bienestar de los más pobres. Es necesario indagar el origen de este ensañamiento impositivo contra la empresa inversora. En la historia del peronismo es un hecho nuevo.

Hoy nadie discute entre economistas que el crecimiento del PBI depende de la inversión en capital físico y humano, y de la productividad que agrega a los factores productivos, mano de obra y capital. Hay que grabarse esto: sin la suficiente inversión es imposible crecer. El aumento de capital va acompañado de mayor demanda de mano de obra que implica alza del salario, más ocupación, menos pobreza. Es un círculo virtuoso que cualquiera entiende y solo por ignorancia se lo discutiría. ¿Por qué entonces este ensañamiento contra los inversores privados aplicándoles impuestos, proporcionalmente mayores mientras más han invertido?

Una posible explicación seria el argumento del legendario Robin Hood, un razonamiento moral simple y errado que ve correcto sacarle a los más ricos para darle a los mas pobres, declarando indirectamente como no legítima la acumulación de riqueza. En este punto es necesario recordar el sistema económico que establece la Constitución.

Denominemos a nuestro sistema de propiedad privada de los medios de producción como capitalista competitivo de mercado, en el cual las empresas contratan mano de obra, aportan capital y ofrecen sus productos a un cierto precio que incluye costos más una cierta utilidad. Los compradores potenciales son todos los habitantes del país quienes eligen libremente qué comprar de acuerdo a la apreciación y precio de cada producto. Son estos compradores quienes finalmente deciden lo que se va a producir y a qué precio, sometidas las empresas permanentemente a la competencia de otros productores.

La utilidad a obtener por el empresario es el incentivo para aportar capital, para invertir. Es la motivación que justifica tomar el riesgo de perder lo invertido por ser rechazado o dejar de ser preferido por los consumidores o ser superado por técnicas de producción más eficientes de un competidor. Mientras mayor es la ganancia mayor es el incentivo para disminuir costos o mejorar la calidad de los productos ofrecidos. Por ello este sistema capitalista establecido en nuestra Constitución es básicamente un sistema de incentivos para producir al máximo de eficiencia donde el tamaño de la ganancia es limitado por la competencia. Las ideas que proponen disminuir la ganancia empresaria competitiva vía impuestos no presentan ningún argumento que sea superador, es decir eliminan los incentivos.

Históricamente, el sistema capitalista competitivo de mercado ha demostrado ser el sistema óptimo para crecer, ratificado en las últimas décadas por la experiencia China desde que inicia su mecanismo de incentivos capitalistas logrando de esta manera sacar a cientos de millones de personas de la pobreza.

Si la acumulación de riqueza en este sistema de incentivos se origina en la ganancia empresaria debe ser considerada: legal, moralmente legítima, económicamente virtuosa y políticamente conveniente.

A no ser que juzguemos a la remuneración del capital con un razonamiento marxista en el cual la ganancia es finalmente un robo a la clase obrera y la solución es un régimen de propiedad pública de los medios de producción. Esto está probado que siempre fracasó, sobran ejemplos. Esta teoría marxista no formó parte de la ideología del peronismo clásico (el cual tuvo otros errores).

En la década del 90, el peronismo finalmente comprendió que el camino del crecimiento era el sistema de incentivos capitalista.

Carlos Menem fue el único presidente peronista que entendió y adaptó la doctrina peronista a un sistema de incentivos que permitiera el desarrollo y la inversión. Luego, con los gobiernos peronistas posteriores, empezaron a aparecer teorías económicas alternativas que minaban estos incentivos.

Entonces, ¿de dónde se nutre esta nueva doctrina peronista de gravar fuertemente a lo invertido, acompañada en el 2021 por el llamado impuesto a la riqueza? Solo se explica por influencia de las nuevas corrientes intelectuales de moda en los países ricos preocupadas por la redistribución de ingresos y la desigualdad. Los economistas Joseph Stiglitz y Thomas Piketty lideran esta preocupación en países donde sobra dinero para invertir, lo opuesto a lo que sucede en la Argentina que es, justamente, la falta de ahorro e inversión.

Si el Gobierno no considera la inversión privada como la única herramienta para crecer y disminuir la desigualdad y la pobreza, ¿cuál es la otra propuesta? ¿Cuál es el sistema económico inventado para reemplazar al sistema capitalista de mercado competitivo? ¿El sistema Robin Hood? Lamentablemente, en pocos años en la Argentina no quedarán ricos que crucen los bosques de Sherwood. Hasta el propio Robin Hood se quedará sin empleo.

Estamos presenciando una improvisación intelectual monumental, increíble en un país que en algunos tiempos se consideró el más culto de América. Como consuelo, el ministro de Economía propone aumentar la progresividad impositiva a lo invertido para cubrir el déficit. La aritmética es demasiado simple: todo monto que se recauda de aquellos de mayores recursos significa exactamente una disminución de la inversión total en esa cifra.

Resumiendo, ir al sistema Robin Hood vía impuestos progresivos a los bienes personales, a la riqueza y a la herencia, será nuestra ruina, sacrificaremos el nivel de ingresos de todas las clases sociales, su subsistencia, sus anhelos y los de sus hijos y nietos. Día a día, nos volveremos un país cada vez más inviable.

El sistema económico que establece nuestra Constitución protege la propiedad privada de los medios de producción otorgándole legitimidad legal a la ganancia empresaria que es la remuneración a lo invertido.

El resto de las recetas terminan mal. La rueda ya se inventó y gira bien, no hace falta reinventarla.

Recordemos bien el nombre de Stigltz y Piketty, así podremos explicarle a nuestros nietos porque les dejamos un pais sin futuro.

* El autor es empresario.-

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