El fin de semana pasado una docente santafesina conmocionó al denunciar un “sistema perverso” por el cual las autoridades la instaron a aprobar a todos los alumnos de nivel secundario. Según argumenta, esta es una invitación a una ficción donde, sin poner nada de su parte, los estudiantes reciben algo.
En nombre de la inclusión, se alimenta el cinismo, se baja el nivel y se estafa a los jóvenes que, en algún momento, se encontrarán sin las herramientas necesarias para insertarse en el mundo laboral o universitario. Se pone además en cuestión, dice, la dignidad del docente.
El crecimiento de las tasas de escolarización de nivel secundario es un gran logro de nuestro país: en 2019 éramos el segundo de la región en la materia. Casi todos los jóvenes asisten a la escuela (85% del quintil más pobre), fruto de grandes esfuerzos por parte de los gobiernos y los docentes durante las últimas tres décadas.
Tenemos que apropiarnos de esto para construir sobre lo construido, sabiendo que el cierre de las escuelas durante la pandemia generó mucho abandono. Es importante que los jóvenes estén en la escuela, una institución que propicia el cuidado, la socialización y el aprendizaje.
Pero hemos avanzado mucho más en el acceso que en la conclusión y el aprendizaje. La mitad de quienes empiezan la secundaria no la termina, y la mitad de quiénes sí lo hacen no comprende textos. El pase automático puede hacer que todos lleguen, el asunto es cómo hacer que todos aprendan lo que constituye un derecho. De otro modo, estamos encaminados hacia el analfabetismo institucionalizado. Más en un país sin examen de finalización de secundaria, que en buena parte del mundo oficia de control de calidad.
El nivel secundario es el más complejo de la educación obligatoria. Muchos jóvenes viven atravesados por el hacinamiento, el trabajo, los embarazos no planificados, los consumos problemáticos o la violencia, mientras que las escuelas no cuentan con condiciones para atender estas situaciones. Los alumnos llegan del nivel primario con fuertes déficit en capacidades fundamentales, como la comprensión lectora.
Los planes de estudio tienen más de 10 disciplinas por año sin mucha relación entre sí y muchas veces con abordajes poco pertinentes para un ciudadano del siglo XXI. Los docentes no siempre cuentan con suficiente formación en estrategias de enseñanza que promuevan el interés y el aprendizaje profundo de los estudiantes y son designados por hora cátedra sin oportunidades de trabajo en equipo. Los directores están sobrecargados de tareas administrativas y sociales, y tienen escasas condiciones para asesorar pedagógicamente a sus docentes. Estas problemáticas específicas, entre otras, explican las dificultades para el aprendizaje.
En este marco, la pandemia puso en jaque como nunca la promoción de los estudiantes en todo el país. Luego de dos años de encierro, empobrecimiento y clases intermitentes en la mayoría de las provincias se evitó “castigar’' a los jóvenes y producir una repitencia en masa, ya que son muchos los que no cuentan con los aprendizajes centrales.
Numerosas investigaciones muestran que la repitencia es la antesala del abandono y una estrategia infructuosa e ineficiente para mejorar el aprendizaje, ya que supone invertir dos veces por el mismo recorrido (con los mismos profesores y estrategias de enseñanza).
El aprendizaje exige compromiso por parte de los estudiantes. El trabajo escolar es un primer ejercicio para la vida, que demanda responsabilidad y esfuerzo en múltiples planos. Es necesario evaluar los puntos de partida, los desempeños de cada estudiante, reconocer el esfuerzo y cotejar los aprendizajes alcanzados. Si todo vale reina la arbitrariedad.
La pregunta es cómo promover y valorar el esfuerzo y el aprendizaje, sin acudir a las notas como sanción, o a la repitencia. Varias provincias -como Río Negro, CABA, Tucumán, Misiones o Córdoba- tienen en curso programas de transformación de la secundaria que apuntan a modificar aspectos estructurales de la organización institucional -la ampliación del tiempo de clases, la designación de los docentes por cargo, la revisión delos regímenes académicos o la integración de disciplinas-, como para hacer esto posible.
Junto con la reducción de la pobreza, el apoyo específico a las escuelas de contextos más vulnerados y los cambios organizacionales, las políticas docentes son centrales. Las condiciones laborales, las reglas de la carrera, la formación inicial y la formación continua determinan la calidad de la enseñanza. Esto lo sabemos por historia y por la contundente evidencia internacional.
Desde el Instituto Nacional de Formación Docente que dirigí entre 2015 y 2019 implementamos políticas que tuvieron una excelente recepción en los docentes. Pueden pensarse caminos para mejorar y acompañar la profesión docente. La indignación de la docente santafesina muestra que hay muchos aliados en el sistema educativo para trabajar por el derecho al aprendizaje.
* La autora es doctora en Sociología de la Educación y Jefa de Equipos Técnicos de Educación del equipo de Martín Lousteau (UCR-Evolución)
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