El jueves 13 de enero, el consumo de energía eléctrica alcanzó el máximo histórico: 27.495 MW. La demanda superó el máximo anterior del martes 11, cuando a raíz de una falla en los cables de alta tensión, más de 700 mil usuarios sufrieron cortes de luz.
El valor que alcanzó el consumo está por debajo de las previsiones de CAMMESA -el administrador del mercado eléctrico-, quien esperaba una demanda récord de 28.479 MW. La diferencia responde a que el Gobierno tomó nota de la situación y decidió restringir la oferta a la industria para evitar daños a la infraestructura existente. Este proceder no está enteramente injustificado. En la ola de calor de diciembre de 2013 y enero de 2014 hubo más de 200.000 usuarios/as sin luz simultáneamente cuando la demanda máxima fue de 23.793 MW y los cortes se prolongaron por más de 20 días.
Desde hace tiempo, el sistema energético no tiene un esquema de funcionamiento que garantice el suministro seguro y confiable. Las recurrentes crisis son motivadas por falta de inversiones. La magnitud del problema resulta evidente si, como analizamos en un documento de 2020, se necesitan al menos USD 5 mil millones anuales de inversiones. Con tarifas congeladas o con aumentos que son inferiores a los costos, la diferencia es financiada por el Estado. Pero no en pocas ocasiones, las tarifas y los impuestos -porque no nos equivoquemos, siempre son los ciudadanos quienes pagan-, son insuficientes frente a un Estado que se ve desbordado en su situación fiscal o de disponibilidad de divisas.
Existen variados ejemplos. La falta de gas a partir de 2008 y la necesidad de reconvertir centrales de generación para el consumo de combustibles líquidos; la importación de gas natural licuado cuando este alcanzó precios máximos a nivel internacional, debiendo recurrir a cortes a la industria porque igual la oferta no era suficiente; la falta de un margen de reserva y la necesidad de importar los excedentes de energía de Brasil o Uruguay, cuando los tienen, para atender la demanda.
La reacción del Estado muestra un patrón común: solo se obtiene prioridad en las demandas fiscales luego de que el sistema es puesto a prueba y falla. Pero la disponibilidad de fondos es utilizada para evitar lo peor. Los indicios de que los problemas no se resuelven siguen ahí: seguimos importando gas natural -en los últimos años de forma creciente-, los márgenes de reserva nuevamente se encuentran en mínimos y la infraestructura de distribución es insuficiente para sortear las olas de calor.
En un documento de políticas públicas próximo a publicarse, analizamos cómo los ciclos de inversión están determinados por la última crisis y son atendidos en la medida que haya recursos fiscales. Cuando el sistema energético deja de ser “noticia” los fondos públicos escasean y entonces puede preverse dónde aparecerá la próxima crisis. Este esquema, que denominamos “salir del paso”, es a todas luces ineficiente.
Se invierte cuando hay fondos públicos, pero al aumentar el déficit fiscal, las inversiones se retrasan y están limitadas. Las empresas y demás usuarios/as que estarían dispuestas a pagar por un suministro seguro no tienen mercado donde hacerlo o canalizan sus esfuerzos para ser incluidos en el próximo subsidio. Cuando la cadena de pagos depende de que el Estado transfiera los fondos, todo el sistema está en la incertidumbre de si los fondos llegarán, lo que no siempre sucede.
La experiencia internacional muestra que existe una alternativa eficiente para administrar las transiciones en mercados altamente regulados. El Estado puede decidir a quién subsidiar y en qué monto, como lo hace en el caso de las garrafas sociales que es el mayor consumo de los sectores más vulnerables. El resto de la demanda debería ser responsable de obtener su propio abastecimiento.
Si en el pasado la idea de establecer este sendero dual se enfrentó con la escasez de recursos energéticos y solo se reaccionó ante una factura de importación impagable, la actual situación de recursos -gas abundante de Vaca Muerta y energías renovables competitivas- amerita avanzar en una solución distinta. Sin cambios que eviten hacer depender el sistema energético de la holgura fiscal, los objetivos de aumentar la oferta de forma sostenida, y con ello las exportaciones, avanzar en la transición energética o reducir los actuales subsidios corrientes -que hoy superan los USD 10 mil millones anuales y tienen una asignación regresiva - son una tarea de cumplimiento imposible. Más importante, en poco tiempo volveremos a discutir en los medios la próxima crisis.
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