Las negociaciones con el FMI: el camino de lo posible

Los incumplimientos seriales de la Argentina con acreedores internacionales explican por qué el crédito externo viene y se va con tanta facilidad. Y porque el FMI puede prestar USD 44.000 millones y después se sorprende que los mercados no responden en tiempo y forma; más aún, ante un cambio de gobierno. La reputación es el principal activo financiero de un país; sin ella no existe crédito ni refinanciación voluntaria de deuda. Tampoco los inversores invierten ni la economía produce como podría producir.

La credibilidad/reputación no se recupera fácil ni rápido. Requiere de un programa y una estrategia consistente de políticas económicas que resista los vaivenes de la política; hace falta acordar consensos básicos inter partidarios. La creciente fragmentación política, la ideologización de la política y la ausencia de acuerdos inter partidarios no son un buen augurio.

La grieta aumenta la pendularidad de las políticas y en dicho contexto aumenta el riesgo de canibalización del Estado a manos de intereses corporativos, sectoriales, sindicales, burocracias partidarias, etc. La consecuencia es la espiralización de procesos de: aumento de la pobreza, agrandamiento del Estado (ineficiente), inflación, informalidad, tributación confiscatoria, menor inversión, salida de capitales y de recursos humanos, deterioro del ingreso per cápita y la distribución del ingreso.

La credibilidad se puede recuperar gradualmente a partir del cumplimiento incremental de metas y compromisos. Repetidos incumplimientos nos han llevado a la interrupción de programas con el FMI y en general de programas económicos.

Los incentivos a cumplir se esfuman una vez que el crédito es otorgado o, en el caso de algunos programas, al derivarse algunos de los beneficios de corto plazo de los planes. Eso lleva a la suspensión de nuevos desembolsos y-o al quiebre de programas económicos (aún fuera del contexto de condicionalidad del FMI) al no alcanzar los requisitos básicos de consistencia macroeconómica.

Las tensiones políticas son por lo general la causa del impedimento para sostener un programa plurianual, sobre todo en ausencia de gobiernos políticamente fuertes y con continuidad de al menos dos mandatos presidenciales.

Refinanciamiento de la deuda

En este contexto, ¿qué sería lógico desde la perspectiva del FMI? Tal vez un roll over (refinanciamiento) de la deuda con el organismo en que se extienden los vencimientos a corto plazo ante resultados concretos de un programa de gobierno que converja en el mediano o largo plazo a la estabilización de la economía y a la vuelta a los mercados voluntarios de deuda. Ni un préstamo de facilidades extendidas (10 años), ni un préstamo stand by (2 o 3 años) con condicionalidad hacia adelante con un cronograma de desembolsos.

La extensión de plazos es una convalidación de un programa de gobierno que no es necesariamente la primera preferencia del organismo pero que tiene mejores chances de internalizar las restricciones políticas y sociales del país y que a la vez implica reconocer la complejidad de estabilizar la economía en un contexto de baja credibilidad, alta inflación, ausencia de un sistema financiero profundo y una economía bi-monetaria donde la mayor cantidad de ahorros financieros están radicados en el exterior.

El roll over o renovación de plazos sería por un período acotado -3 a 6 meses- y como señal de buena voluntad el país pagaría el (relativamente bajo) interés sobre la deuda y podría incluir además una cláusula de amortización gradual de deuda. La voluntad de pago contribuiría a una gradual recuperación de la credibilidad de las políticas y de la economía.

El tipo de programa que podría ser aceptable para el FMI sería, por ejemplo, un achicamiento consistente del déficit fiscal derivado en primera instancia de un paquete de consistencia macroeconómica y de algunos cambios estructurales ligados a lo fiscal: desindexación del gasto público, ajuste de tarifas con reducción de subsidios atenuados por una tarifa social, desactivación de regímenes impositivos especiales; revisión del muy elevado gasto en pensiones por invalidez; y en general políticas de tasas de interés y de tipo de cambio consistentes con el equilibrio externo. Idealmente estas son metas que podrían ser convalidadas por las dos coaliciones políticas dominantes de Argentina; esto sólo podría implicar una inyección de confianza poderosa a los efectos de lograr el apoyo del organismo para este tipo de programa.

Las metas de reservas, cantidad de dinero e inflación que habitualmente figuran en los programas del FMI no serían parte del programa. Pero en teoría los logros fiscales irían condicionando la mejora de los indicadores excluidos del programa: la mejora fiscal reduce las necesidades de emisión monetaria y a la vez es consistente con el mantenimiento de un tipo de cambio competitivo.

La menor emisión conduce a menor inflación, y a medida que el programa alcance resultados la mejora de la confianza se traduce en mayor inversión. La mayor inversión, en la medida que la tasa de interés compense adecuadamente a los ahorristas, conduce a una mejora de la cuenta corriente de la balanza de pagos y por ende a la recomposición de las reservas.

El FMI evitaría el riesgo que se caiga un nuevo programa y, aunque financieramente no esté comprometido, las consecuencias reputacionales de un default soberano. Nadie cuestiona que es complejo en cualquier caso tener un programa con metas rígidas dado lo incierto que puede ser un programa de estabilización en una economía bi-monetaria con alta inflación, elevada pobreza y fragmentación política.

Ni siquiera existe confianza local que un nuevo programa Stand By o de Facilidades Extendidas se vaya a sostener en el tiempo. Basado en la performance efectiva y observable del país con anterioridad al roll over el programa permitiría recuperar la confianza perdida en forma gradual. No es un dato menor el que la deuda con el organismo se iría achicando y-o licuando gradualmente. Para el país, el beneficio es un nuevo tipo de vinculación con el Fondo y con el mundo financiero en general basado en hechos concretos de mejoras alcanzadas en el camino, no las ataduras tradicionales de un programa con metas rígidas con enormes complicaciones políticas para ser cumplidas. Tendría más flexibilidad para desarrollar su propio programa económico con una meta de mediano y largo plazo de convergencia fiscal.

Sería una estrategia fiscal similar a la adoptada a la salida de la convertibilidad durante los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner. Aunque formalmente no existiría un programa con las usuales metas monetarias, cambiarias y fiscales ni un programa de reformas estructurales, el gobierno, más por necesidad que por imposición iría achicando sus desequilibrios gradualmente evitando el ajuste brusco de mercado con consecuencias sociales severas.

En la medida que el gobierno vaya cumpliendo sus propias metas, el país estaría recuperando su reputación y los acreedores privados estarían más cerca de acceder al financiamiento voluntario.

El mismo anuncio de un roll over podría tener importantes efectos beneficiosos sobre el riesgo país y la brecha cambiaria beneficiando así a las inversiones en general y a la balanza comercial en particular al desalentar las importaciones especulativas, la subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de importaciones.

El retorno de capitales y la recomposición de reservas a su vez contribuirían a morigerar el control de cambios o cepo beneficiando así a la producción y a la productividad mediante una mejor integración comercial con el mundo. Difícil, no imposible; y menos riesgoso que otras alternativas.

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