Crisis energética preanunciada

Enero comenzó con cerca de 80.000 hogares, principalmente al AMBA, afectados con prolongados de energía eléctrica, producto de la saturación de las líneas de transmisión y distribución, y de la deficiente programación de suministro y consumo, amén de otros factores de índole técnicos.

Se trata de una consecuencia lógica y necesaria de acontecimientos que si se hubieran tenido en cuenta podrían haber disminuido el daño causado a los clientes, a las distribuidoras y a las transportistas. Además, se debió considerar el pronóstico de temperaturas cercanas a los 40 grados y las tradicionales reuniones familiares de fin de año.

Primeras alarmas

Durante los primeros días de marzo hubo una reunión a puertas cerradas entre una de las principales comercializadoras de gas para industrias del país, donde se alertó que no había gas suficiente como para poder cumplir con los compromisos asumidos, que se iba a recurrir a cortes programados del suministro y que en el caso de se requiera gas natural para una operación en particular, iba a ser más caro. “El que avisa no traiciona”, dicen en el barrio.

Cuarenta días después, frente a la imposibilidad de poder cumplir con sus compromisos, esa comercializadora comenzó a restringir la entrega de gas a determinados clientes industriales, a pesar de haber cumplido con todos los aspectos regulatorios y técnicos.

Es importante destacar que esa modalidad es totalmente normal en un país como Argentina que consume mucho gas en invierno y tiene excedentes en el verano, producto de la variación térmica del país. Dicho esto, la mayoría de las comercializadoras recurren a este tipo de operatoria para que se pueda mantener la armonía del sistema.

La respuesta de la Secretaría de Energía no se hizo esperar. Publicó comunicados en todos los medios culpando de todos los males a una distribuidora en particular y, fiel a su estilo, con las amenazas correspondientes. El incidente pasó. Sin embargo, aparentemente nadie tomó nota de que se iban a producir cuellos de botella que en algún momento le darían un dolor de cabeza a toda la cadena de valor de la industria.

Es importante destacar el contexto en donde esta situación se estaba dando. Las empresas productoras están atadas a vender a un valor fijo establecido según el precio del Barril Criollo, es decir un precio ficticio por debajo del valor real. Este precio se establece según la cotización del dólar oficial.

Además, las tarifas de transporte de gas están congeladas desde hace 3 años y las de distribución de gas natural y de energía eléctrica para el AMBA también están congeladas desde hace tres años.

Las distribuidoras por su parte solo obtuvieron un pequeño reconocimiento del valor agregado que no alcanzaba para pagar los gastos mínimos para el mantenimiento de redes.

Plan GasAr

En un escenario tan complejo, la Secretaría de Energía decidió poner en marcha el Plan Gas.Ar, en noviembre del 2020. El principal objetivo era que las empresas operadoras incrementaran su producción diaria en unos 30.000 millones de metros cúbicos día en un plazo de 4 años, con la excusa de generar un ahorro fiscal de USD 2.500 millones y de divisas de USD 9.200 millones. La idea apuntaba principalmente a las empresas que operan en Vaca Muerta.

El Plan tenía muy buenas intenciones, precios muy bajos que se sancionaban en licitaciones efectuadas por Megsas (Mercado electrónico del Gas) o por Cammesa. Pero la iniciativa tenía una limitante más que importante: el déficit de infraestructura que establece un tope a la cantidad de gas que puede fluir entre la provincia de Neuquén y los principales puntos de consumo.

Mientras todos estos acontecimientos sucedían, en el mundo pasaban cosas. Declaraciones de adhesión a la transición energética de combustibles tradicionales a energías renovables con consecuencias inimaginables para la industria como por ejemplo el aumento de los precios del petróleo producto de la reducción de los plazos para su explotación. Más importante aún, el aumento del costo del Gas Natural Licuado LNG, entre otros aspectos que tendrían que haber sido previstos por las actuales autoridades.

Al Plan Gas original se sucedieron otros llamados a licitación con precios cada vez más bajos. Estos solo sirvieron para asegurarse que los caños estuviesen a capacidad plena durante todo el año.

Para sumar un poco más de confusión e incertidumbre a la industria, se quiso sancionar una ley de incentivos a la producción de hidrocarburos sin el consenso de los principales actores de la industria, sin el de las provincias productoras y sin el de los sindicatos. ¿Qué podía salir mal? ¡Todo! El Gobierno perdió las PASO, luego quedó golpeado en las elecciones de medio término y la ley quedó cajoneada para ser modificada y sancionada en algún momento del corriente año.

Cortocicuito

Al mismo tiempo, se dio una situación nunca antes vista en la Argentina. Mientras que el secretario de Energía Darío Martínez y el Asesor Presidencial en temas energéticos, Ariel Kogan, decían una cosa, desde el Instituto Patria, representado por Federico Bernal y Federico Basualdo, decían otra totalmente distinta, y el presidente de YPF sostenía una postura diferente.

Por su parte, Cammesa hacía todo lo contrario a lo manifestado por la Secretaría de Energía y Ieasa, la ex Enarsa, no terminaba de cerrar la sexta addenda por el contrato de provisión de gas natural desde Bolivia hacia la Argentina. Encima se empezaron a discutir los distintos aumentos para las distribuidoras, las transportistas y principalmente el incremento de precios de los combustibles líquidos en surtidor, un tema no menor ya que para YPF es una de las principales fuentes de ingreso.

Se empezó con un 7%, luego se elevó a un 20% anunciado el 31 de diciembre y ahora se está hablando de un 30%. En el caso de la nafta, de anunciar que no se iban a autorizar aumentos hasta abril, recientemente se comunicó que el ajuste sería similar al de las tarifas de energía eléctrica y gas natural.

Para resumir, no hay un sendero de precios, no existe la previsibilidad de un marco regulatorio estable, y como frutilla de este postre explosivo, se anunció la construcción de un nuevo gasoducto denominado Presidente Néstor Kirchner que, según el proyecto, uniría las localidades de Tratayen con Saliqueló y de ahí a San Gerónimo donde se conectaría con un ducto de TGN para exportar gas a Brasil. Claro que el estudio de impacto ambiental no existe, no hay Open Season, no hay contratos, y por sobre todas las cosas, no hay financiamiento. Nuevamente pregunto, ¿Qué puede salir mal?

Así es como se llegó a un nefasto fin de año, con miles de personas sin suministro eléctrico, lo más fácil es echarle la culpa a Edenor o a Edesur, que en definitiva son la cara visible de esta situación. Después de todo, este caos se veía venir. Solo era cuestión de tiempo. El inicio del verano crudamente puso de relieve los errores cometidos. La ausencia de previsión provoca la falta de suministro de energía que continuará durante todo el año.

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