Reflexiones a un año de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina

El debate público por la salud sexual y reproductiva marcó un punto de inflexión en la manera en que la política se concibiera desde contornos masculinizados. Si la política aborda los asuntos públicos, ¿por qué entonces debería “inmiscuirse” en la intimidad del cuerpo? La respuesta a esta pregunta incómoda para la sociedad tradicional ya la habían dado las feministas de los años setenta: lo personal es político, nos enseñaron, y, de manera más precisa, la muerte materna constituye un problema de salud pública. El 13% de las muertes maternas en todo el mundo deriva de abortos clandestinos. En América Latina, 62 mujeres mueren por cada 100.000 abortos, lo que representa una tasa de mortalidad del 12%, siendo antes de la sanción de la Ley 27.610 la principal causa de muerte materna en Argentina; en Chile, la tercera y en México, la cuarta. De allí su urgencia nacional y regional, y la importancia de que Argentina, una vez más, se posicionara como uno de los países de punta en materia de género.

La activa movilización callejera a favor de su sanción, la participación masiva de personas que otrora vieran a la política como un asunto lejano, la organización solidaria y federal para socorrer a quienes necesitaran acceder a la práctica, la realización de audiencias y debates públicos y el envío presidencial del Proyecto de Ley de IVE suponen hoy un ejemplo a imitar por oros países de la región y del mundo, debiendo esto llenarnos de orgullo respecto de nuestra democracia.

Democracia que construimos día a día a través del debate y la participación desde los distintos lugares que nos toca ocupar, y que nos invita a siempre ser mejores, más convincentes, más elocuentes y a nunca bajar los brazos. En mi caso personal, firmé los proyectos de IVE que fueron presentados una vez que el anterior perdía estado parlamentario, en los años 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 y 2019, en los que fuera Diputada, entendiendo que la salud de las personas gestantes y el derecho a decidir sobre el propio cuerpo fortalecerían esta democracia en los planos simbólicos y materiales de manera sustantiva.

En otras palabras, sin poder de decisión sobre el propio cuerpo se ve también cercenado el derecho a trazar libremente un plan de vida, poniendo a las personas gestantes en franca desigualdad con aquellas que no lo son, y reforzando situaciones de pobreza y/o humillación en aquellos casos donde los abortos eran realizados de manera insegura, sin aval profesional ni estatal. Estas imágenes tenían un doble efecto doloroso: por una parte, el aval social de someter a las personas gestantes al ocultamiento, como si hubieran cometido alguna clase de ignominia, y fueran merecedoras de tal destrato medieval; por el otro, desde un punto de vista estatal, dar un tratamiento muy alejado del desarrollo a la salud sexual y reproductiva. Por fortuna, hoy la realidad es otra: el Ministerio de Salud de la Nación cuenta con una línea telefónica nacional gratuita y confidencial para consultas de salud sexual y reproductiva (0800 222 3444) que ofrece atención personalizada de lunes a viernes de 9 a 21 h y los sábados, domingos y feriados de 9 a 18 h y existen 1.243 hospitales y centros de salud en todo el país que permiten el acceso a la interrupción del embarazo dentro del sistema público. Pero quienes trabajamos estos temas sabemos que anticoncepción y aborto van de la mano. Por eso, la Educación Sexual Integral es un elemento indispensable para que cada quien pueda decidir sobre la totalidad de los aspectos que componen su identidad sexual. Con el mismo espíritu, los protocolos de interrupción de embarazo y violencia sexual fueron adaptados a lenguas originarias y existen también en formato oral, tanto para quienes no tengan al castellano como lengua materna como para aquellas personas que precisen de soportes diferentes de la lectura. Como toda política pública, la Ley debe seguir siendo difundida en cuanto a sus alcances, que debemos procurar sean cada vez más federales. Siempre atentas, y garantes indispensables de la calidad de nuestra democracia, las organizaciones de la sociedad civil han desarrollado a estos fines el Proyecto MIRAR, que monitorea la aplicación de la IVE a lo largo y ancho de todo el país.

Este derecho verdaderamente conquistado nos recuerda que construir una democracia tanto formal como sustantiva es un compromiso del Estado y de las organizaciones, y que, tarde o temprano, los cambios sociales suceden allí donde hay un pueblo movilizado. La lucha por la IVE acercó a la política democrática a decenas de miles de personas que desconocían su funcionamiento institucional. Por eso, la victoria es doble: hoy todas las personas pueden decidir de manera segura sobre su salud, sin distinción de cuna, y hay aún más argentinos/as que se encontraron con otros/as para luchar por una idea común. Nada menos.