Un manotazo al ahorro, al empresariado y al crecimiento

La reciente aprobación por la Cámara de Diputados de las actualizaciones y los alcances del impuesto a los Bienes Personales constituyó por un lado un justo resarcimiento a sectores de ingresos medios que estaban afectados por el gravamen y un estímulo al consumo al liberarlos de ese aporte al fisco, mientras que en simultáneo, con las otras modificaciones a la ley que consistieron en la suba de las alícuotas al resto de los contribuyentes alcanzados por el impuesto y la prórroga de la confiscatoria tasa del 2,5% a los activos atesorados en el exterior, se prodigó un manotazo al ahorro nacional, un ultimátum a la gente acaudalada -la que aún no se ha ido- para que de una vez por todas emigre, y un brutal desincentivo a la inversión y al crecimiento, lo cual, para un país como la República Argentina que necesita desesperadamente inversión para reducir la pobreza, constituye una verdadera tragedia de la cual la opinión pública parece no haberse percatado. Se vistió a un santo al tiempo que se desvestía a otro.

Lo he reiterado en éstas y otras páginas, el gravamen a los Bienes Personales es aplicable donde no existe el impuesto a las ganancias, o bien cuando ésta contribución está presente a tasas moderadas. En el sistema impositivo argentino tributan las ganancias a niveles considerablemente altos para un país donde la inversión es la única opción para detener el aumento de la pobreza y están gravados los activos personales también a tasas desconsideradas, donde los capitales atesorados fuera del país son alcanzados por una alícuota que está muy por encima de la renta usual del sistema financiero internacional, lo que torna al impuesto en un acto confiscatorio sobre el cual la Justicia debería efectuar las debidas correcciones.

¿Por qué los capitales se atesoran en el exterior? Porque persiste en la memoria de los depositantes las veces que fueron estafados por el Estado nacional, cuando les incautó sus dólares para financiar sus despilfarros y les reintegró pesos en una cantidad inferior a la que se necesitaba en plaza para adquirir la equivalencia en la divisa norteamericana que tenían en los bancos argentinos. La última gran incautación aconteció en el 2001/2002. Algo similar suele hacer el Estado argentino con los prestamistas externos, incluso con muchísima más frecuencia, ya que el costo político interno es infinitamente menor que si saqueara a los inversores locales. Por eso no consigue a nadie que le preste al país, o si lo hiciera, sería a tasas que rondarían el 20% anual, mientras que nuestros vecinos -léase Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú-, obtienen préstamos al 3% anual o incluso menos.

Resulta entonces comprensible que quien quiera evitar ser estafado nuevamente -con muchísima más razón desde que la escasez de reservas es la noticia predominante- busque proteger el fruto de su esfuerzo (o el de sus antepasados si su capital es resultado de una herencia) alejándolo de los garfios del Estado argentino y colocándolo en plazas financieras donde ese tipo de despojos no suelen acontecer. Si bien hay dólares depositados en el sistema financiero nacional en cuentas corriente y cajas de ahorro, constituye lo que se podría denominar la “caja chica” que necesita el sistema económico para operar, es decir, una ínfima parte de la riqueza atesorada por los encomiables argentinos que con sus talentos, dedicación y por medio del ahorro lograron juntar, un importantísimo patrimonio de la sociedad argentina que ciertas fuentes estiman en varios cientos de miles de millones de dólares. Constituye entonces una verdadera aberración que los que administran el país repudien y acometan contra esa reserva de capital que bien podría sacar a la Argentina del subdesarrollo. Con la cantidad de oportunidades que ofrece éste país y la extraordinaria inventiva y creatividad de los argentinos a todos los niveles sociales, produce mucha tristeza que se persista en ésta nefasta estrategia de pretender exprimir la riqueza existente -con todas sus perniciosas consecuencias- a costa de sacrificar la creación de nueva riqueza, fundamental para reducir la pobreza y que estaría al alcance de la mano si la gente confiara en las instituciones del país.

¿No se dan cuenta que con cada uno de estos sucesivos manotazos estimulan la evasión, que la nueva renta que se vaya generando en el país buscará protegerse fuera de los radares públicos con más celo de lo que ha sido hasta ahora? A eso invitan las normas fiscales: los que atesoran localmente -amén de tributar tasas crecientes según su nivel patrimonial- se exponen a los cíclicos despojos con los que el Estado suele cubrir sus desajustes fiscales; y los que guardan su capital fuera del país padecen una confiscación gradual a través de la desproporcionada tasa tributaria que acaba de ser prorrogada. Una virtual exhortación a la evasión. Todo aquel que opera en actividades lícitas sabe lo tremendamente difícil que es acumular capital. En esas reservas monetarias propiedad de los particulares y ahorradas en el extranjero está testimoniado el colosal esfuerzo que implicó ese atesoramiento. Una auténtica gesta del sector privado argentino, ya que representa millones de horas de trabajo convertidas en recursos. Esos fondos están ahí, para que el día que el país se despabile y opte por aprovecharlos puedan ser la palanca para el desarrollo. Si bien a Dios gracias pertenecen a argentinos, no es igual si ellos ya no están más radicados en el país.

Por lo señalado, el paquete legislativo que acaba de ser sancionado en diputados constituye un hito fundamental para el devenir económico de la Argentina. No se trata de un episodio más. Es un paso fundamental en el sentido incorrecto. Si muchos presumían que el rumbo a Venezuela se detendría luego de la derrota electoral del oficialismo, pues bien, acaba de consumarse un tranco importante en esa dirección, donde la migración de los grandes empresarios venezolanos jugó un papel fundamental en la consolidación del chavismo.

Del mismo modo, en ese macabro plan se inscribe la embestida para incrementar las tasas de ingresos brutos y la búsqueda exclusiva de sufragar con más impuestos la creación de nuevas erogaciones públicas.

En este desgraciado episodio legislativo le cabe un grandísimo reproche a la oposición, que promovió el tratamiento del paquete impositivo sin haber hecho un adecuado relevamiento de sus propias fuerzas -lo que es mucho más grave que haberse limitado a dar quórum- para que salga aprobado un proyecto funesto para el país. Da la impresión que los legisladores de Juntos por el Cambio no están imbuidos del efecto pernicioso que implica cualquier suba de impuestos. Usando una expresión popular, “calentaron la pava para que otro se tome el mate”. Cabría preguntarse, ¿para esto se ganaron las elecciones? Más de uno abriga la sospecha de que la oposición apeló a la convocatoria legislativa motivada en un acto de demagogia, a sabiendas de la estrechez de recursos públicos, para comprometer aún más al fisco y a la vez afianzar su lealtad a los sectores medios que suponía la votaron en la última elección. Sin embargo, al final del operativo esos sectores percibieron su beneficio como resultado del proyecto que finalmente se aprobó, propiciado por el oficialismo, es decir que resultó para Juntos por el Cambio lo más parecido a lo que suele llamarse “un tiro por la culata”.

Está muy bien que se haya logrado que la franja inferior de los ingresos medios quede exenta de tributar Bienes Personales, pero no a costa de seguir expulsando empresarios del país y fomentar la evasión.

Desde un plano más genérico, sin duda que también le cabe responsabilidad al empresariado argentino por no haber llevado a cabo la imprescindible tarea didáctica de explicar a la sociedad todos los beneficios (empleo, abundancia y calidad de bienes, sostenimiento de los servicios públicos…) que se derivan del accionar empresario. Faltó transmitirle a la sociedad lo que constituye el sagrado rol del emprendedor en la generación de puestos de trabajo y bienestar.

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