El presidente Alberto Fernández trabaja en restañar su figura sobre las derrotas. Primero la del 14 de noviembre, donde puso su dedo de señalamiento en las debilidades electorales de sus socios coalicionistas. Y luego la aprobación fallida del Presupuesto 2022.
Los actores de JxC e Interbloque Federal consultados sostienen que el acuerdo para el pase a comisión de dicho Presupuesto era sólido y aún al cierre de este análisis no terminan de entender por qué se rompió. La realidad indica que cuando un acuerdo es sólido, no lo tumba un discurso duro o bélico, sólo lo contesta otro de igual talla.
El presidente Fernández se reconstruye apoyándose especialmente en su jefe de Gabinete, Juan Manzur, quien ha cambiado su estrategia, no su intensidad. Y no tiene la misma exposición pública que al inicio de su gestión. Pero este perfil más bajo no le impide tejer acuerdos sólidos con gobernadores, CGT y empresarios. Y aún le queda un resto para intentar con sus contactos internacionales ayudar a acercar posiciones con el FMI, para que esta Argentina que necesita de su oxígeno, no frustre un nuevo intento.
Hay una preocupación en todo el arco político porque a modo de conventillo trascienden más de lo conveniente intereses, negociaciones y hasta peleas, en un momento muy difícil de Argentina, en el que cualquier voz disonante boicotea acuerdos necesarios.
Esta cronista quiere recordar que el pasado lunes 13, el ministro Martín Guzmán, quien permaneció siete horas en el recinto, fue advertido sobre la necesidad de dar más plazo para analizar aspectos fundamentales de un Presupuesto que durante tres meses no fue tratado. También hay que señalar que el ministro Guzmán metió presión al oficialismo para que fuera aprobado sí o sí, jueves o viernes. Además luego expuso al Presidente a que deba darle explicaciones a Kristalina Georgieva. El ministro, con sus buenos modales, fue tremendamente irresponsable y actuó con enorme imprudencia política.
Esta cronista consultó a actores fundamentales de otros arreglos con el FMI (cuyo off es absolutamente entendible), para analizar qué posibilidades económicas le aguardan a una Argentina con o sin acuerdo con el FMI. La síntesis es concreta y lacerante: “Sin acuerdo, default y mayor crisis. Con un mal acuerdo, estancamiento. Lo que importa es lograr un acuerdo razonable que implica ciertos ajustes laborales y una disminución importante del déficit, entre otros temas no menores”. Sobre cómo evalúan la figura negociadora de Guzmán, lo ven “colgándose de pantalones o vestidos ajenos”. “Indudablemente contar con apoyo de peso internacional no es menor, pero no alcanza”, agregan.
El gobierno nacional sigue sin entender por qué la sociedad lo sindica como responsable del endeudamiento externo, cuando el kirchnerismo en el 2015 dejó sin arreglar (pudiéndolo hacer, por impericia del entonces ministro Kicillof) una deuda con los fondos buitres de USD 11 mil millones, equivalente entonces al 14% del PBI. Y no se tienen en cuenta los USD 44 mil millones de endeudamiento en el gobierno de Mauricio Macri que fueron al salvataje de bancos y al circuito financiero, provocando un ciclo económico negativo de cuatro años y la desaparición de 3.000 empresas. Un hombre muy cercano al Presidente le dijo a Infobae: “Necesitamos despejar este problema (FMI) para luego crecer con inclusión”. Y remata: “Si sin acuerdo y con muy pocos dólares este año superaremos los USD 77 mil millones de exportación, fortaleciendo la diplomacia comercial podremos llegar a los USD 100 mil millones en el 2023. Arribando a un acuerdo con el FMI podremos diversificar nuestra canasta de exportaciones incorporando tecnología e impulsar una agenda legislativa favoreciendo la producción y el empleo”.
Al cierre de este análisis se analiza el aumento del mínimo no imponible de Bienes Personales. Este medio consultó al tributarista César Litvin, quien recordó que el ex senador por Córdoba Carlos Caserio logró en la Cámara Alta la media sanción para elevarlo a $6 millones. Esta sería la propuesta del oficialismo. No obstante, dijo: “Yo creo que el mínimo debe estar en $20 millones, dado que en época de la convertibilidad era USD/$ 102.300. En Uruguay el mínimo no imponible es USD 125 mil”.
El Licenciado Eduardo Donza, investigador el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, señala como principales ejes del empobrecimiento y desocupación en Argentina a la crisis educativa agravada por la pandemia y la inflación. Le describe a Infobae: “La mitad de los trabajadores están ocupados en microactividades: cartoneo, venta ambulante, limpiavidrios. El 15% trabaja en actividades intermedias. Y sólo el 35% lo hace en sectores dinámicos productivos”. Donza sostiene que el despegue en Argentina se producirá aumentando la producción de la mano de ciencia y tecnología y de las exportaciones, incrementando el producto bruto. Remata diciendo que “de lo contrario, es repartir una torta cada vez más chica”. Le asigna una especial relevancia a las economías regionales. En cuanto a los motivos de haber convertido a la Argentina en un país con pobreza y desocupación con guarismos exponenciales, cree que al no haber consenso dentro del sistema político no se pudieron desarrollar todas las potencialidades que tiene Argentina. Además cree que “sigue muy vigente la puja entre el sector agropecuario y el sector industrial, una puja distributiva excesiva”. Es contundente al manifestar que “tener el 65% de los chicos en la pobreza (mal alimentados y mal socializados) es una hipoteca para el niño, para su familia y para la sociedad toda”.
SanCor
El viernes por la tarde se firmó la creación de un fideicomiso para tratar de rescatar a la cooperativa, el cual quedó ad referéndum de aprobación de una Asamblea de los socios tamberos y de la financiación necesaria, previendo que su composición quede de la siguiente manera en un lapso de 15 años: un 20% para SanCor y el restante 80% para los empresarios inversores y acreedores.
El grupo de inversores está integrado por José Urtubey (Celulosa Argentina), Marcelo Figueiras (Laboratorio Richmond), Gustavo Scaglione (empresario de medios), los abogados Leandro Salvatierra y Diego Feser , y Jorge Estévez, experto en el sector lácteo. El gremio conducido por Héctor Ponce, ATILRA, es suscriptor de este contrato, dado que “los trabajadores creemos que es la posibilidad que tiene la cooperativa de sobrevivir, porque sin el ingreso de flujos dinerarios no vemos posibilidad de mantener la fuente de trabajo a futuro”. Este lunes ATILRA se reunió con representantes de la cooperativa SanCor en ámbito del ministerio de Trabajo de la Nación, por la deuda que la misma tiene con los trabajadores y por el futuro laboral. Luego de esta reunión, el ministerio citó a nueva audiencia para el jueves 23 a las 9.
Consultado por Infobae, el empresario Gustavo Scaglione dijo: “Es el inicio de un proceso irreversible y lento. Hoy SanCor tiene una alternativa, veremos si puede concretarse. Su modelo de negocios trajo a la cooperativa a este nivel de decadencia, fueron exitosos oportunamente pero desde hace muchos años involucionaron”.
Sancor tiene una una deuda total entre préstamos, intereses y otros conceptos que ronda los casi 400 millones de dólares.
La crisis económica y el achicamiento de SanCor lleva ya varios años. Impidiendo su viabilidad sin ayuda económica externa, hasta vuelve hablarse de la quiebra. El titular de ATILRA manifiesta que “si SanCor quiebra, nosotros estamos dispuestos a hacernos cargo a través de una cooperativa obrera y su continuidad empresarial”.
El gobierno santafesino sigue este proceso con expectación.
SEGUIR LEYENDO