¿Queremos terminar con la corrupción?

Los ciudadanos somos socios “de una gran entidad” que se llama Estado Nacional. No debemos ser indiferentes ante las cuentas públicas ya que somos parte de ellas. Tenemos derecho a exigir rendiciones de cuentas transparentes y comprensibles, como así también ejercer el control ciudadano, ante la indiferencia de los legisladores, sobre los recursos que hemos aportado para recibir bienes y servicios de calidad.

Recientemente reclamaba la falta de fondos suficientes para el ejercicio y control de nuestra soberanía en la inmensa extensión de la plataforma continental, nuestro mar, océano Atlántico, islas Malvinas y extensión a la Antártida, sin olvidarnos de los pasos al Océano Pacífico en el proyecto de Presupuesto General 2022 enviado al Congreso de la Nación.

El Art. 75 inc. 8 de la Constitución Nacional nos dice que corresponde al Congreso fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión.

Es decir que la obligación del Congreso es aprobar el Presupuesto General de Gastos e Inversión anualmente que envíe el Gobierno Nacional, pero también tiene otra obligación importantísima que es la de aprobar o desechar las cuentas de inversión, es decir cómo y dónde se usó el dinero presupuestado y si se usó según las previsiones.

El Pueblo no gobierna ni delibera sino por medio de sus representantes, pero ¿qué pasa cuando nuestros representantes no cumplen con su obligación? ¿Qué pasa con ese mandato tácito de representación? Obviamente se quiebra y debiera recuperar el ciudadano su representación directa producto de la inacción o de la misma corrupción.

Desde el año 2014 –más allá de períodos de décadas anteriores- hay una inacción por parte de los legisladores nacionales quienes no han tratado las cuentas de inversión; solo para el año 2016 se rechazó -recién durante el corriente año 2021- la rendición de cuentas del ejercicio por parte de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración Nacional, que también tiene a su cargo evaluar el correspondiente dictamen de la Auditoría General de la Nación (AGN). ¿Cómo se puede aprobar un presupuesto sin saber si el anterior fue debidamente ejecutado? Esto permite claramente la corrupción.

Las cuentas cada vez se tornan menos transparentes y confiables, alejándose del control sustancial del Congreso de la Nación, es decir se subestiman por parte de nuestros representantes y, por ende, se imposibilita que los ciudadanos sepamos qué es lo que pasa. Esto permite que cada funcionario manifieste y sostenga públicamente un relato que probablemente esté alejado de la realidad, pero los ciudadanos nos vemos impedidos de conocer la verdad. Sin ir más lejos se habla del gran endeudamiento durante el gobierno de Mauricio Macri pero se pasa por alto que en dos años de gestión del kirchnerismo de Fernández se gastó más de 35 mil millones de dólares. Es decir proporcionalmente más que el gobierno anterior. ¿Quién controla, quién nos representa a los ciudadanos que somos los que con nuestro trabajo y sacrificio pagamos la fiesta?

Es necesaria la participación ciudadana y que se abran inmediatos canales para ello, aprobando leyes que obliguen a difundir la información del pueblo en forma clara, transparente y sencilla, explicando cómo se conforman los presupuestos generales de gastos y recursos y cómo se gastan los mismos antes de la actuación constitucional que le cabe al Congreso.

Esta es una deuda de la democracia que solo alienta a la corrupción.

Hay muchos sectores trascendentes en la gestión pública susceptibles de controlar, pero éste es esencial, porque de él dependen los recursos y su correcta utilización para que el resto exista y pueda cumplir con las funciones asignadas.

Obsérvese que se mandó en el mes de setiembre pasado un proyecto de presupuesto 2022 al Congreso de la Nación que quedó totalmente desactualizado e impedido de tratar producto de la inflación y del famoso “plan platita” que fue utilizado para intentar no perder las elecciones de medio tiempo del pasado 14 de noviembre.

Deben establecerse sanciones ejemplares para las autoridades que no cumplen con las fechas de presentación de los presupuestos generales, para con los legisladores que no cumplen con el mandato de la representación aprobando o rechazando las rendiciones de cuentas y establecer normas claras y precisas para que todos los ciudadanos podamos involucrarnos como socios principales en la marcha de las cuentas del Estado Nacional. Hay que desplazar la discrecionalidad política en cuestiones que afecten al erario público.

Demos decidir los pasos, encaremos mancomunadamente acciones reales y serias para terminar con la corrupción en la Argentina si es que verdaderamente así lo queremos y exigimos.

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