Algunas aclaraciones sobre la negociación con el FMI

La negociación en curso con el FMI se ha caracterizado por la falta de información y de transparencia por parte del Gobierno nacional y por numerosas declaraciones, cartas y pronunciamientos de diversos miembros de la coalición gobernante que han agregado aún más confusión sobre los objetivos y el proceso negociador. Para aclarar la situación es necesario ver el proceso de la negociación con el Fondo en paralelo con el tratamiento de otros dos documentos del Poder Ejecutivo: el Presupuesto Nacional 2022 y un Plan Trienal que seguiría a la presentación de este.

Primera aclaración: No tiene mayor sentido que el Congreso considere ahora un Presupuesto y mucho menos un plan trienal que tendrán que ser revisados a la luz de lo que se acuerde con el FMI. El Poder Ejecutivo puede funcionar sobre la base de las “doceavas” hasta tanto el Congreso pueda considerar un proyecto de presupuesto en línea con las obligaciones asumidas en el Acuerdo con el Fondo.

Segunda: El Congreso no tiene ninguna obligación de adoptar un plan trienal que, en el mejor de los casos, debería ser una proyección de las pautas acordadas con el Fondo para tener en cuenta en la preparación de los futuros presupuestos.

Tercera: La “Ley de Fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública” (Nro. 27.612), exige una Ley del HCN que apruebe expresamente “todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el FMI, así también como cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones”. Esto significa que aquello que el Congreso debe considerar es el acuerdo mismo, una vez firmado, y no las propuestas que pueda hacer el Gobierno argentino en el curso de la negociación. Propuestas que pueden llegar a estar muy lejos de lo que finalmente se acuerde. Este punto es particularmente importante, porque el Gobierno está buscando que la oposición avale su posición negociadora ante el “staff” que, por lo poco que se sabe hasta aquí, es tan irrealista como el proyecto de presupuesto, aún después de haber abandonado temas tan fuera del contexto de esta negociación como la eliminación de las “sobretasas” o el uso de DEG de terceros países.

Cuarta: El documento que deberá aprobarse es la Carta de Intención con sus anexos, que son los que incluyen los objetivos cuantitativos, sus plazos de instrumentación y los otros compromisos que se acuerden (de modificación de legislación, por ejemplo).

Quinta. En el mejor de los casos, y para facilitar el proceso de aprobación del acuerdo, el Congreso puede emitir una opinión sobre el texto acordado entre el “staff” y el Gobierno antes de que el mismo sea sometido al Directorio del Fondo. Emitir una opinión no significa aprobar, dado que esa decisión debe estar reservada para el momento del tratamiento del acuerdo mismo.

Sexta: El camino hasta la firma del acuerdo tiene que sortear aún algunas barreras. La primera será la consideración por el Directorio del Fondo del informe de auditoría sobre el “stand by” firmado bajo el Gobierno anterior. Ese informe, redactado por un funcionario del Fondo, el Sr. Odd Per Brekk, estaría ya terminado y, en principio, será tratado por el Directorio antes de fin de año. Cualquiera sea su contenido es probable que, este documento condicione la actitud que tendrá el “staff” en las discusiones ulteriores sobre el contenido del acuerdo. Cabe recordar que la Oficina Anti Corrupción presentó, a instancias del actual Gobierno, una denuncia penal por defraudación y administración fraudulenta contra el ex Presidente Macri y varios funcionarios involucrados en la negociación de dicho acuerdo. Esto ha creado un precedente que no escapará a la consideración de los miembros del “staff” ni del Directorio. El segundo escollo es la discusión de los objetivos del acuerdo y, en especial, de las metas cuantitativas. El tercero -y no necesariamente el último- será la discusión en el Directorio del acuerdo al que hubieran llegado el Gobierno argentino y el “staff” del Fondo. Allí se pondrán en evidencia varios factores:

-El impacto del comentado informe de auditoría;

-La credibilidad que los miembros del Directorio otorguen a la capacidad del actual Gobierno argentino para alcanzar las metas del acuerdo; y

-El eventual impacto que puedan tener para algunos de los principales accionistas las posiciones expuestas por diversos miembros del Gobierno sobre el FMI y sobre temas de política internacional de importancia estratégica para ellos.

Séptima: El Gobierno nacional ha estado especulando hasta aquí con la posibilidad de que el FMI se contente con la adopción de un acuerdo “light” con objetivos cuantitativos fáciles de alcanzar sin sacrificar el nivel de gasto público y sin objetivos vinculados a eliminar las causas de los déficits y de la inflación estructural (como el sistema previsional, el tributario o el cambiario) o que a lo sumo estos deban ser considerados en el largo plazo. Esta posición se basa esta posición en la presunción de que el Fondo está más interesado en evitar una confrontación con el Gobierno que pudiera terminar con Argentina en “arrears” que en reafirmar su objetivo de que la ayuda que presta está dirigida a apoyar a los países beneficiarios para que superen sus problemas financieros y de balanza de pagos siguiendo políticas activas acordadas y monitoreadas por el Fondo. Es muy difícil concluir por ahora si esa presunción es correcta o no, pero en todo caso la última declaración de la Directora Ejecutiva del Fondo, en el sentido de que “aun falta mucho” para llegar a un acuerdo, genera dudas acerca de lo acertado de la misma.

Octava: Es obvio que el Gobierno no quiere asumir el costo político de las medidas que podría recomendar el Fondo y que son previsibles en el marco de un Acuerdo de Facilidades Extendidas. Y también es obvio que el interés de la oposición consiste en que el Gobierno, independientemente de asumir o no dicho costo político, no caiga en “arrears” (lo que tendría un costo inmenso en términos económicos y sociales para el país), y que ponga orden en la economía lo antes posible, por dos razones: primero, para evitar que el país termine en un cuadro de hiperinflación o de inestabilidad financiera prolongada, que sería el resultado inevitable en caso de continuar con las actuales políticas; segundo, que elimine parte de los problemas que han generado estas políticas, de tal modo que el próximo gobierno no tenga que asumir el elevadísimo costo de tener que resolver los problemas existentes más los que surgirían en el curso de los dos años por venir si no hubiera un acuerdo razonable con el Fondo.

Novena: Por esas razones, sería conveniente que, como parte de este proceso, la oposición exprese, ante todo, la necesidad de que se llegue a un acuerdo satisfactorio con el FMI y, segundo, que el mismo contemple una serie de objetivos mínimos que permitirían satisfacer las condiciones arriba explicitadas. La Directora Ejecutiva del FMI ha sostenido el acuerdo debe estar basado en “políticas firmes para inducir el crecimiento privado, generar empleo genuino y el buen uso de los recursos públicos para apuntalar a aquellos que más necesitan apoyo”. Es un objetivo razonable que ahora es necesario desglosar en objetivos puntuales a alcanzar dentro de plazos específicos. Estos implican modificaciones importantes a las actuales políticas y digámoslo con las palabras exactas, no pueden alcanzarse sin un “ajuste fiscal” importante. Esto pudo haberse evitado y el costo económico y social será cada día mayor si seguimos viviendo de un relato que solo ha servido para incrementar la pobreza y la inflación y dejarnos sin reservas. Es necesario explicarle a la sociedad la gravedad de la situación económica del país y el costo inevitable de las medidas que resulta necesario adoptar. Al pueblo no le interesa seguir escuchando discursos vacíos que no comprometen a nadie o las eternas acusaciones sobre la responsabilidad de unos u otros. Está esperando escuchar soluciones y no nuevos relatos.

Décima: La declaración que eventualmente haga la oposición debe también incluir un llamado a los restantes organismos internacionales para que faciliten la continuación del flujo de préstamos al Gobierno argentino ligados a proyectos y, en particular, a aquellos proyectos que puedan contribuir al alcance de los objetivos acordados con el FMI.

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