La comprobación es históricamente impactante: más del 60 por ciento de la población argentina actual solo vivió bajo gobiernos elegidos por el pueblo. Este 10 de diciembre de 2021, Día Internacional de los Derechos Humanos, la Argentina conmemora también sus 38 años ininterrumpidos de democracia. Son 38 años de respeto a las garantías individuales. De libertad de expresión irrestricta. De alternancia en el poder. De vigencia de una Carta Magna, la de 1994, en la que los tratados de derechos humanos tienen rango constitucional. Y en el plano de los hábitos y los reflejos cotidianos, también son 38 años de construcción de una forma de convivencia que para la mayoría es no solo la única deseable sino, más aún, la única experimentada.
Las políticas públicas activas de promoción y garantía de derechos son parte de una construcción colectiva. Resultan impensables sin las luchas de la sociedad civil, que nos hacen ser mejores como país. Y ser mejores significa, a la vez, ser más conscientes de los problemas que tenemos por delante. La pobreza y la indigencia siguen siendo dolores para la Argentina y para el mundo. Son dolores que nadie --empezando por el Gobierno, que se hace cargo de ellos-- debe tolerar. La realidad efectiva del derecho al trabajo es y será la principal forma de mitigación de la pobreza.
En ese contexto es que encaramos la renegociación de la deuda externa. La responsabilidad puede y debe combinarse con el derecho al crecimiento, el desarrollo y la justicia social.
Con el mismo compromiso la Argentina se vacuna contra el COVID-19 –tenemos las vacunas suficientes, hagamos el esfuerzo colectivo de llegar a la vacunación total--, mientras entrega dosis a otros países de América Latina y de África y brega por la mundialización del derecho a la salud.
Los movimientos feministas despertaron conciencias, en el país y en la región, sobre la discriminación estructural y la violencia que aqueja históricamente a las mujeres. Un ejemplo fue el “Ni Una Menos” nacido en 2015. La conquista de la autonomía de los cuerpos de las mujeres y de sus derechos sexuales y reproductivos a través de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, está animando a dar debates necesarios en distintos países de Latinoamérica, lo mismo que sucedió en su momento con la Ley de Matrimonio Igualitario y los diferentes avances en materia de diversidades.
Por eso, el presidente Alberto Fernández considera como un reconocimiento a todo el pueblo, y no solo al Gobierno, la reciente designación de nuestro país al frente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo anual 2022.
Los países de América Latina en primer lugar, y luego el resto de las 47 naciones, decidieron que la Argentina, a través del embajador Federico Villegas Beltrán, dirija los principales debates sobre derechos humanos a nivel universal. El funcionario de la Cancillería ejercerá una tarea constructiva y equilibrada. Los seres humanos que sufren violaciones a sus derechos tendrán su lugar en la agenda del Consejo sin polarizaciones ni estigmatizaciones. El método de trabajo será el acercamiento de posturas para resolver problemas y encaminar soluciones. La propia experiencia argentina demuestra que es posible ser firme en el sostenimiento de los principios y creativo en las formas.
Para un país que venía de la dictadura más sangrienta de la historia, la que usurpó el Estado entre 1976 y 1983, es un orgullo el resultado exitoso de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia adoptadas tras el impulso de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos de derechos humanos. En cifras de septiembre de 2021, 1.044 personas habían sido condenadas en el marco de 264 sentencias judiciales por delitos de lesa humanidad. La extraordinaria iniciativa de las Abuelas dio lugar a que 130 niños y niñas, hoy personas adultas, hayan recuperado su identidad.
Un símbolo de esas políticas es la antigua Escuela de Mecánica de la Armada. Fue uno de los principales campos de concentración de la dictadura para torturar y exterminar a miles de secuestrados. Hoy es un sitio de recuerdo, historia, museo y reflexión visitado por escolares y por personalidades de todos los países. La Argentina desea convertir a la ESMA en Patrimonio Mundial de la Unesco y ya está desplegando los trabajos diplomáticos necesarios. Será el Patrimonio del Nunca Más.
La política de derechos humanos puede tener momentos de avance y de retroceso. El primer gran avance fue el Juicio a las Juntas de 1985, impulsado por el Presidente Raùl Alfonsín. El segundo gran avance se dio con el Presidente Néstor Kirchner, cuando los tres poderes del Estado anularon los efectos de las leyes de la impunidad y los indultos a los represores y pusieron de nuevo en marcha la posibilidad de enjuiciar a los sospechosos de crímenes de lesa humanidad. Volvió, así, la justicia, y con ella el efecto profundamente reparador para sobrevivientes, familiares y ciudadanía.
Pero la política de derechos humanos no tiene fin. Es un desafío permanente que de manera constante incorpora nuevas temáticas y discusiones. La Argentina está preparada para afrontarlas. El consenso social ampliamente mayoritario sobre la forma de encarar el pasado nos permite ser muy optimistas sobre el futuro.
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