Apuntando a la meta: subsidios, déficit y acuerdo con el FMI

Pasadas las elecciones legislativas, según los números del Ministerio de Economía, en octubre se aceleró el gasto público, con un incremento del 83% interanual. De esta forma, se registró un déficit primario de $209.169 millones. Un equivalente al 0,5% del PBI. Por una parte, los ingresos totales ascendieron $771.447 millones y subieron 69,8% interanual. Por otra parte, el gasto primario totalizó $980.615 millones, aunque sin contemplar el gasto de la pandemia (partidas que se duplicaron respecto a octubre de 2020). En otras palabras, en los primeros diez meses del 2021, el déficit fiscal alcanzó 1,8% del PBI (sin considerar los ingresos extraordinarios de los DEGs) y el déficit financiero (incluyendo intereses de la deuda) fue de 3,1% del PBI. Con estos números, se apunta a cerrar 2021, como se esperaba desde Hacienda, muy por debajo de la meta de déficit en el Presupuesto de este año, de 4,5% del PBI.

Los ingresos totales fueron impulsados por la recaudación impositiva. Estos mejoraron 67,3% interanual en términos nominales. Los ingresos vinculados a la evolución de la actividad económica, como el IVA (+52,3% interanual) e impuesto a los créditos y débitos (+65,7%) reflejaron también el incremento por encima de la inflación (52,1% interanual). Al margen de esto, el Impuesto a las Ganancias registró un incremento de 67% interanual. Los derechos de exportación treparon un 128,8%. A solo 2 meses de que concluya el 2021, el rojo fiscal (primario) está 2,7 puntos porcentuales abajo de la meta establecida en el Presupuesto 2021 (4,5% del PBI). El déficit financiero de los primeros 10 meses del año fue de $1.337.800 millones y está en línea con la emisión monetaria del BCRA en ese período para financiar al Tesoro.

Primeramente, las partidas que continuaron con el ajuste en términos reales fueron: jubilaciones y pensiones, programas sociales (sin incluir a la AUH) y transferencias a las universidades. Cabe mencionar que hubo una fuerte disminución de las partidas del gasto Covid-19, por la eliminación del IFE y del ATP. Según cifras de la Oficina de Presupuesto de la Nación, en los primeros 10 meses de 2021, dicha partida (gasto Covid-19) se ubicó en los $370.760 millones (equivalente al 0,86% del PBI). Las prestaciones sociales (jubilaciones y gasto social) de octubre explican el 55% del gasto operativo total. Estas se incrementaron 1,3% interanual en términos reales. Vale aclarar que desde noviembre de 2020 no le ganaban a la inflación. Asimismo, la partida Jubilaciones y pensiones, subproducto de la suspensión de la ley de movilidad previsional, los aumentos discrecionales por decreto presidencial y la nueva fórmula jubilatoria, registró una caída de 1% interanual (en términos reales) en octubre 2021. Y por último, el rubro otros programas sociales (que no incluye a la AUH) tuvo una caída interanual de 1,6%, en términos reales. En los primeros 10 meses del 2021, se contrajo un 46,6% en términos reales. En 2020 esta partida se multiplicó por 5,5 veces y en 2021 está reduciéndose a la mitad. Si se continúa con esta tendencia cerrará el 2021 con un aumento de 175%, respecto al año 2019.

Como segundo punto, las partidas que empujaron el incremento del gasto público en octubre fueron subsidios económicos, salarios públicos, transferencias a las provincias, intereses de la deuda y gastos de capital (obra pública). Concretamente en referencia al gasto en salarios públicos se volvió a crecer en términos reales. En octubre de 2021, los salarios públicos crecieron 74,4% interanual (contra una inflación acumulada de 52,1%). Pero, en los primeros 10 meses del año los salarios públicos apenas le ganan a la inflación y suben un 0,7% en términos reales, respecto al mismo período de 2020. En otras palabras, el gasto salarial corrió durante la mayor parte del año detrás de la inflación. Los subsidios económicos a las empresas de servicios públicos se dispararon 131,8% en octubre pasado (en términos nominales), subproducto del cuasi-congelamiento tarifario. En particular, los subsidios a la energía que treparon un 158,2% en octubre (casi un 70% en términos reales). En los primeros 10 meses del año los subsidios ascendieron a $1.094.500 millones. Es equivalente a 2,5% del PBI. De continuar con esta tendencia el peso de los subsidios económicos llegaría a 3,1% del PBI en 2022 (2,3% del PBI correspondería a subsidios a la energía). En el Presupuesto 2022 se proyecta que los subsidios a la energía pasarían a sólo 1,5% del PBI. Parte de ese ahorro fiscal se daría por el aumento y segmentación de tarifas de servicios públicos. Para finalizar, los gastos de capital (obra pública) se dispararon, en octubre 264,4%, respecto del mismo mes de 2020, en términos nominales. En los primeros 10 meses del año, acumulan un incremento de 54% en términos reales. Pero la comparación es con el piso histórico de 2020, así que todavía están muy lejos de los niveles de 2015 o 2017.

¿A qué conclusiones podemos llegar? Los números fiscales van muy en línea con la meta del Ministerio de Economía. Probablemente ya se haya negociado con el FMI para este año un déficit fiscal alrededor del 3% del PBI. Las cuentas fiscales son clave en cualquier negociación con el FMI. Más allá de eso, la magnitud y la velocidad de ajuste fiscal es lo que genera mayores controversias y discusiones. Medidas como las que se han tomado recientemente y los últimos guarismos sobre la evolución del déficit fiscal no permiten ser muy optimista respecto a un correcto diagnóstico y visión del problema. Impera un programa consistente de reducción del déficit, normalización de la política monetaria, desaceleración de la inflación y desarme (o al menos compresión) de las brechas cambiarias. Con una convergencia fiscal muy gradual se corre el riesgo que el acuerdo se frustre en algún punto. El FMI va a intentar basar el acuerdo en un programa de ajuste fiscal y nuevamente la macro manda. Desde Economía se busca que el FMI acepte para el año próximo un déficit fiscal primario de 3,3% del PBI. Un déficit algo superior al de este año, pero sin contemplar los ingresos extraordinarios de las retenciones por la soja y el impuesto a los altos patrimonios. Aunque requeriría recortar fuertemente subsidios a la energía. La promesa, bajo este esquema propuesto, es un sendero de ajuste muy gradual (déficit cero recién en 2026).

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