A los más de 100 Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) dictados desde marzo de 2020, el Presidente sumó a su gestión reiterados hechos -Vacunatorio VIP, fiesta en la Quinta de Olivos, entre otros privilegios- que fueron debilitando lentamente la credibilidad de su gestión.
La construcción de la confianza ciudadana es el resultado de un largo proceso que involucra la responsabilidad de todos los actores políticos, donde el Congreso es un actor protagónico y los legisladores somos responsables de impulsar una agenda que visibilice y aborde la discusión sobre la crisis democrática y de legitimidad.
Desde que la ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, sancionada en 2009, implementó el régimen de las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO), le siguieron un sinnúmero de leyes con pretensiones de modernizar el régimen electoral: la reducción de la edad para votar a 16 años, la paridad de género en la conformación de listas de candidatos, la modificación del régimen de financiamiento de los partidos políticos y campañas electorales, la obligatoriedad de los debates presidenciales, entre otros. Estas reformas han mejorado las reglas electorales argentinas, pero aún tenemos que perfeccionarla.
El camino para recuperar la confianza institucional será la de trabajar en la modernización integral de las pautas electorales, cuestión sobre la que hace ya tiempo venimos insistiendo pero parece tener importancia sólo en tiempo de elecciones.
La costumbre legislativa en años electorales en Congresos dominados por el oficialismo es depender disciplinariamente de la agenda del Poder Ejecutivo, como es el caso de la gestión de Alberto Fernández.
La nueva integración que tendrán a partir del 10 de diciembre la Cámara de Diputados y la de Senadores permitirá romper con este paradigma de dependencia legislativa y crear una agenda que supere los intereses del Poder Ejecutivo.
Para ello, es necesario trabajar en la construcción y visibilización de iniciativas vinculadas al largo plazo, que permitan un debate responsable, profundo y sin urgencias, logrando consensos robustos y no simplemente imposiciones por mayorías forzadas.
Hace unas semanas hemos finalizado un nuevo proceso electoral en el que seguimos evidenciando problemáticas que no son novedosas, pero que deben ser atendidas con el objetivo de promover acuerdos y coaliciones responsables, como primera condición para asegurar una dinámica más accesible para los votantes.
Así, conscientes de la importancia de desincentivar las barreras que condicionan el ejercicio genuino del derecho al voto a un sistema que presenta síntomas de desactualización, deficiencia, con altos costos y en la eliminación de prácticas clientelares o corruptas que afectan el proceso eleccionario, debemos avanzar en mayores reformas políticas hacia el 2023.
Entre las deudas aún vigentes, dos son las reformas que consideramos de mayor importancia. En primer lugar, reemplazar el sistema de boletas múltiples partidarias por la boleta única de sufragio, para simplificar, reducir costos, y dar mayor celeridad y seguridad al proceso electoral.
En segundo término, propusimos cambiar el modo en que se diseña la fórmula presidencial para las PASO, para que aquellas alianzas que presenten varias listas en competencia, solo puedan presentar un precandidato a presidente, y completar luego la fórmula presidencial con un vicepresidente para las elecciones generales, permitiendo así un mayor margen de acuerdos y conciliaciones dentro de las alianzas y compensar a las listas internas que resultaron derrotadas y sus representados, fomentando la cooperación para romper la lógica de suma cero de las Primarias.
Ambos ejes han sido integrados en proyectos de ley que hemos trabajado desde el bloque UCR, y que hoy se acumulan a otros en el mismo sentido, y que esperan ser tratados por una cámara de diputados que hasta diciembre de este año parece dominada por intereses políticos oficialistas ajenos al déficit de confianza que manifiesta la ciudadanía.
Modernizar los procesos electorales es incorporar herramientas y prácticas que colaboren con un proceso electivo más fidedigno para el elector, buscando hacer efectiva la promesa constitucional de garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos, fundados en la soberanía y representación popular, bases de nuestra democracia y la legitimidad de las autoridades.
Comenzar a trabajar hoy con vistas al 2023, es un gran paso en el largo camino hacia la deteriorada confianza institucional que acusa nuestro país.
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