Alineando los incentivos de los políticos y de la sociedad

Pasaron las elecciones generales de medio término y el kirchnerismo ratificó en términos generales la derrota sufrida dos meses atrás en las PASO, cuando se estrellara de frente contra la realidad. Desde ese momento, cargando con el peso de la brutal destrucción económica y el incremento de la pobreza, y sin logros que mostrar.

Con el BCRA asistiendo sin descanso al Tesoro Nacional para cumplir con el no tan infructuoso plan, si se considera que le permitió recuperar Chaco, Tierra del Fuego y acortar la diferencia en Buenos Aires, de poner plata en el bolsillo de algunos argentinos, más controles sobre el tipo de cambio y sobre las tarifas, y con los precios de la economía real cada vez más rígidos, quedó de relieve más que nunca la dominancia del corto plazo por sobre la estabilidad económica de mediano y largo plazo. Esto ha llevado al Gobierno a acumular serias inconsistencias económicas que deberá enfrentar ahora que pasaron las elecciones.

La teoría del public choice

Esta preferencia por el corto plazo que tienen en general los políticos, sobre todo de aquellos en el ejercicio del poder, encuentra una explicación en la teoría de la “elección pública” o directamente public choice, como se conoce.

El public choice lleva el análisis económico al campo de las decisiones políticas y permite explicar el origen de fenómenos familiares para quienes vivimos en Argentina, tales como el déficit fiscal crónico, el sobre endeudamiento público, la persistencia de medidas inflacionarias, y el descomunal crecimiento de los Estados modernos ligados al asistencialismo y el empleo público. Por supuesto la teoría del public choice no se agota acá, es en palabras de uno de sus padres y premio Nobel de Economía James M. Buchanan, una teoría sobre las fallas del gobierno, como respuesta a la teoría de las fallas del mercado.

Pero tal vez uno de los principales aportes de la escuela de la elección pública haya sido romper con una suerte de visión romántica o idealizada de la política, al exponer que políticos, gobernantes y funcionarios, persiguen sus propios intereses antes que el bien común, al igual que cualquier otro individuo.

El afán de ganar elecciones y retener el cargo, privilegia el corto plazo comprometiendo el largo, aprovechándose además con este fin de la “miopía del votante”. Este es un sesgo cognitivo que da más importancia a los acontecimientos más recientes y se la resta a los hechos pasados más alejados en el tiempo, así como a las consecuencias futuras más distantes.

Desde esta teoría de la elección pública la inflación, por ejemplo, no deja de ser un fenómeno de naturaleza monetaria, ni tampoco deja de estar originada en el déficit fiscal, pero encuentra raíces más profundas ya no en la ignorancia del político de turno sino en una mezcla de su propio interés y de “fatal arrogancia”. Interés propio, al beneficiar a sus posibles electores, quienes reciben el dinero recién creado, y fatal arrogancia, al considerar que puede contener y aplazar los efectos negativos, por lo menos el tiempo suficiente como para ser relecto.

Encontramos entonces que, mientras por un lado el oficialismo ofrece como responsables de la inflación a los monopolios, oligopolios y “formadores de precios”, argumenta sobre la puja distributiva a la vez congela precios tratando de contener los efectos inflacionarios, por el otro lado y reconociendo la raíz monetaria de la inflación, el Banco Central reabsorbe el grueso de la emisión de moneda vía deuda cuasi fiscal, Leliqs y pases, para reducir la cantidad de dinero circulante y quitarle combustible a la inflación. Aun así, puede fallar.

Ahora bien, es perfectamente legítimo e incluso razonable que quienes aspiran al gobierno y detentan el poder busquen satisfacer sus propios intereses. El problema se presenta cuando no solo priman estos intereses, sino cuando además son contrarios a los del resto de la sociedad. Cobra relevancia la cuestión de alinear los incentivos de los políticos con los del resto de los ciudadanos cuando en la persecución de sus fines los primeros ponen en riesgo el futuro de los segundos, llegando incluso a situaciones de extrema decadencia como la que atraviesa nuestro país.

Controlar a los controlantes

Reconociendo que políticos y funcionarios persiguen sus propios intereses y no el bien común, la escuela de la elección pública se pregunta cómo controlar mejor las funciones del gobierno. Desde que John Locke inspirara la “Carta de Derechos” y Montesquieu la “división de poderes”, los esfuerzos de muchos hombres y mujeres se han encaminado hacia cada vez mejores Constituciones e Instituciones que limiten el poder de los gobernantes sobre los individuos.

La literatura del public choice sigue esa dirección sugiriendo robustas reglas constitucionales como son la definición de mayorías especiales de votación parlamentaria, sistemas de frenos y contrapesos del poder, alternancia en los cargos públicos, incluso proponiendo la imposición de límites al déficit fiscal y al endeudamiento público.

Sin embargo, estos mecanismos de limitación del poder para que éste no avance sobre los derechos individuales y no comprometa el bienestar de la sociedad parecen no funcionar muy bien en las “democracias delegativas”, como las definió Guillermo O’Donell. Democracias como la Argentina, donde el partido político de vocación hegemónica tiene aversión a rendir cuentas, la separación de poderes se torna difusa y las Instituciones destinadas a actuar como frenos y contrapesos del poder ya no sólo son ignoradas sino hasta cooptadas, haciendo mínima la rendición de cuentas, cuando no inexistente. Cuando la degradación de la democracia es total, como ocurre en Venezuela, ni siquiera existe la posibilidad de alternancia en el poder que brindan las urnas.

Ante el dilema vigente de alinear los incentivos de los políticos con los de la ciudadanía muchas ideas se han ensayado, como bonos por productividad, pero con el problema que plantea medirla. En el mejor de los casos declarar el día de la pelota de fútbol es cualquier cosa menos productiva. En el peor, un funcionario o un legislador pueden ser altamente eficaces para cumplir objetivos contrarios al interés social.

Hay propuestas interesantes también, como que los funcionarios utilicen obligatoriamente los servicios públicos de, por ejemplo, salud y educación, o que cobren como maestros o médicos, o incluso que no cobren. Sin embargo, medidas de este tipo podrían llevar a un aumento del gasto público y hasta a mayor corrupción, y no a una utilización necesariamente más eficiente de los recursos.

Hay una práctica del mundo empresarial y que la ciencia de la administración recoge, que es el pago de compensaciones en acciones “restringidas”, limitadas para la venta, o en instrumentos derivados que representan el valor de éstas, y que produce un alineamiento inmediato de los objetivos de accionistas y empleados, ya que estos últimos pasan a tener participación en el capital social de la compañía, y de su desempeño al colaborar en el logro de los objetivos también depende el valor que la empresa alcance en el mercado, y por lo tanto el valor de las acciones que tienen en su poder.

Ahora bien, los Estados no emiten acciones, pero sí deuda. Cuanto mayor es la probabilidad de default, mayor es la tasa de interés exigida cuando emiten bonos, y el valor de la deuda en el mercado depende de las expectativas en la capacidad de repago, por lo tanto menor es el valor actual de la deuda. Cuanto más inconsistente es un gobierno en su política macroeconómica, mayor es la probabilidad de que incumpla los pagos de deuda, por lo que esta cotizará con cada vez más descuento.

¿Cuánto más motivados a actuar con prudencia, independientemente de la ideología política profesada, se encontrarían presidente, legisladores, ministros y funcionarios de primera línea, si parte importante de sus ingresos quedara obligatoriamente vinculada a las consecuencias de sus decisiones? Si entre un 30% y 50% del ingreso mensual, de acuerdo con el nivel de responsabilidad, estuviera atado a la suerte de la deuda pública, y no sólo no fuera restringida la posibilidad de venta antes de la finalización del mandato, sino también, obligatoria al término de este, rápidamente las decisiones tomadas por nuestros representantes en los poderes del Estado se encontrarían alineadas con los intereses de los representados.

Ya no sería gratuito para los políticos, por ejemplo, ampliar cada vez más el déficit fiscal, o continuar alimentando el mal clima de negocios con impuestos excesivos, regulaciones perversas, inseguridad jurídica y corrupción. Sí, hasta la corrupción institucionalizada encarece el costo del financiamiento que incide negativamente en el valor de mercado de la deuda. Incluso el costo de licuar las deudas y destruir el valor de la moneda financiando el déficit con emisión también recaería directamente sobre ellos.

Por supuesto sería iluso creer que una medida de este tenor puede ser propuesta por los mismos políticos, salvo por aquellos que estén dispuestos a no comprometer el futuro de los argentinos. Pero para el resto de los políticos, este debería ser un reclamo ensordecedor que les haga la sociedad.

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