Lo que dejó la COP26: cómo construir una gobernanza ambiental popular

Concluyó hace pocos días la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático número 26 (COP26), un evento internacional que reúne a los líderes, organizaciones, activistas y referentes ambientales de todo el mundo. Pasaron cinco años del Acuerdo de París y poco ha cambiado. El mundo sigue postergando las acciones y eso se traduce en consecuencias directas en el ambiente y en las personas. Aún no tenemos noticias de los 100 mil millones de dólares anuales para la lucha contra el cambio climático que se comprometieron a invertir los países centrales en la XV Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático.

Para los países del Sur Global participar de estos eventos no nos resulta fácil. El espíritu de las Conferencias es reunir a los actores internacionales, habilitar la participación, los debates, las negociaciones. Sin embargo, su logística carece de una matriz accesible y equitativa. Según el principio de Igualdad de Participación establecido en el Convenio Marco de Cambio Climático, la COP debería llevarse a cabo equitativamente en los cinco grupos regionales de ONU (Estados africanos, Estados de Asia y el Pacífico, Estados de Europa del Este, Estados de América Latina y el Caribe, Estados de Europa occidental y otros Estados). Pero los últimos cuatro encuentros se realizaron en Europa. Después de dos años de pandemia, en un mundo que profundizó sus desigualdades, la posibilidad de participación de los países menos desarrollados se vio aún más reducida.

Son usualmente nuestras voces las que se encuentran ausentes o desestimadas, una y otra vez. Y sin embargo, somos los países del Sur Global los que menos contribuimos al deterioro ambiental, pero quienes más sufrimos las consecuencias. Son las poblaciones más pobres, las más expuestas a los eventos climáticos extremos, quienes sufren mayores riesgos de perder sus hogares en inundaciones o quedan expuestas al hambre durante las sequías.

Todavía resuenan las palabras de Néstor Kirchner en la COP10 que se realizó en Buenos Aires en el año 2004. Néstor planteó que si superponemos el mapa mundial de la pobreza y el endeudamiento financiero con el mapa de los activos ambientales necesarios para la preservación del planeta, la coincidencia era muy grande. Lo mismo pasa si comparamos el mapa de los países acreedores de esas deudas con el mapa de los países que más contribuyen al calentamiento global. Somos los acreedores ambientales de nuestros acreedores financieros.

La crisis ambiental es multilateral y geopolítica y necesariamente debe ser abordada a nivel global, con la coordinación y cooperación de todos los países. Sin embargo, ya hemos visto lo qué pasa cuando no hay un abordaje integral, ni un compromiso real de las partes por cambiar la situación: sin un reconocimiento de las profundas desigualdades y realidades disímiles que existen en nuestros territorios, sin incorporar las voces y reclamos de aquellos sujetos verdaderamente afectados por la crisis climática, no seremos capaces de dar una solución.

La agenda ambiental internacional tiene que partir de reconocer responsabilidades y necesidades diferenciadas. El estilo de vida y el consumo del 10% de la población más rica del mundo representa hoy la barrera más contundente para reducir las emisiones de carbono. Los países históricamente más responsables, que han financiado el estilo de vida de su población con presupuesto de carbono, tienen una responsabilidad más profunda en el cambio estructural que hay que llevar adelante. Necesitamos medidas concretas e integrales que solucionen y frenen el cambio climático, donde los países actúen en función de sus capacidades y responsabilidades.

Esa distribución de esfuerzos y costos entre los Estados no viene dada: tenemos que disputarla. La gobernanza ambiental es la arena, el conjunto de relaciones y de escenarios en los que esta disputa tiene lugar.

Esta disputa por la participación y protagonismo de los más vulnerables y expuestos a las consecuencias del cambio climático no sólo debe darse a nivel global, también tiene que darse en el interior de cada país. Por eso es importante que se habiliten instancias de intervención para que la ciudadanía tenga injerencia activa en las políticas ambientales nacionales. Darle lugar a las juventudes, un actor clave que viene impulsando y dinamizando la agenda ambiental desde hace años.

¿Cómo y cuánto los ciudadanos y ciudadanas son considerados y consideradas en los procesos de toma de decisiones en materia ambiental? ¿Cuánto camino deben todavía recorrer en este sentido los gobiernos del mundo? ¿Cómo disputamos y construimos gobernanza ambiental? Con un ambientalismo popular y participativo.

En abril de 2021 sancionamos en la Cámara de Diputados el Acuerdo de Escazú, el tratado internacional que brinda herramientas concretas para transformar la Gobernanza Ambiental en América Latina y el Caribe, uno de los lugares más peligrosos por las consecuencias climáticas que se traducen en derechos básicos violentados, muertes y un fuerte impacto en las comunidades en situación de vulnerabilidad.

Para impulsar su implementación en Argentina, nos propusimos institucionalizar la participación ciudadana en materia de ambiente como un derecho. Construimos un dispositivo de información y participación que llamamos Foro Legislativo Ambiental (FOLA).

El diseño y la puesta en marcha del Foro implicó una metodología específica e innovadora, con el desafío de abarcar todas las voces, de alcance federal y en un contexto de pandemia. Nuestro objetivo con el FOLA fue construir una herramienta participativa que permitiera discutir y co-crear con la ciudadanía posibles proyectos de ley en torno a temas urgentes de la agenda ambiental. Este año comenzamos a trabajar sobre tres ejes temáticos: Ordenamiento Ambiental del Territorio, Gestión de Residuos y Soberanía Alimentaria. Se trató de una experiencia inédita de participación en el marco del Poder Legislativo.

Se inscribieron más de 1500 personas de las 24 provincias del país, con pertenencias a organizaciones y sectores muy diversos: comunidad educativa y científica; trabajadores y trabajadoras de cooperativas, de comedores y espacios barriales; trabajadores y trabajadoras de la tierra y campesinos; organizaciones políticas, sociales, comunitarias y territoriales; colectivos ambientalistas; comunidades indígenas y kollas; organizaciones y redes feministas; movimientos católicos por el ambiente; observatorios, ONGs, asociaciones civiles y fundaciones. Logramos co-crear tres proyectos de Ley que fueron presentados en la Cámara de Diputados de la Nación y están próximos a tratarse.

Mercedes es del pueblo Tolombón de la provincia de Tucumán; ella es una de las personas que toman la palabra en los encuentros del FOLA y nos cuenta cómo los territorios indígenas están amenazados y la lucha diaria para que distintos actores privados no avancen sobre sus tierras. Marina, de la comunidad Qom, habla de la invisibilización de las comunidades indígenas y la protección de sus tierras.

Dar voz a estos sujetos significa reconocer recorridos y experiencias que surgen desde los saberes populares. Significa acceder a conocimientos que involucran perspectivas holísticas, que parten de los territorios.

Susana, presidenta de la cooperativa de reciclado Las Madreselvas, plantea la necesidad de generar un conjunto de normativas que contribuyan al reforzamiento de la economía circular. Marcelo de la Unión de Trabajadores Recicladores Argentinos, destaca la necesidad de reconocer el trabajo cartonero como servicio público. Sin la perspectiva e intervención directa de los trabajadores, podríamos caer en desarrollar políticas y normativas ineficaces e improductivas para sus realidades cotidianas.

Retomar estos aportes no se trata solo de visibilizar estas realidades y quedarse meramente en lo anecdótico, sino de comprender que existe esa otra gobernanza ambiental construida desde las comunidades.

Esta etapa histórica nos demanda un desafío sin precedentes. Podemos quedarnos a merced de políticas liberales que no han causado más que la profundización del modelo de desigualdad, o podemos tomar acciones que sean verdaderamente transformadoras e integrales.

Estamos ante la oportunidad de incidir en los destinos de nuestra casa común. Esas acciones tienen que apuntar a construir gobernanzas ambientales populares, innovadoras y participativas.

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