Cada 20 de noviembre, día en que se conmemora el aniversario de la aprobación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, se hace especial énfasis en la necesidad de tener presente el contenido de este tratado de alcance universal, vigente desde hace 32 años, que reconoce la necesidad de garantizar, por parte de los Estados, los derechos de la infancia y de la adolescencia
Tal como sucedió el año pasado, la fecha nos encuentra en una situación inédita a escala mundial. La pandemia que aún atravesamos, y que nos ha obligado a medidas de cuidado y períodos de aislamiento, alteró cada aspecto de nuestra vida cotidiana.
En medio de un cambio vertiginoso de las reglas de juego, y de incorporación de protocolos, nuevos hábitos y de conductas, las niñas, niños y adolescentes constituyeron el grupo etario que más restricciones sufrió, y que mayor capacidad de adaptación debió desarrollar durante las diferentes etapas del aislamiento social.
Si ponemos el foco en analizar la pandemia en clave de derechos de la infancia, rápidamente se observa hasta qué punto la emergencia social y sanitaria declarada ante la circulación del coronavirus Sars-Cov-2, impactó de lleno sobre este segmento de la población.
En términos de la protección de los niños contra las situaciones de violencia, resulta claro, por ejemplo, que el confinamiento en los hogares aumentó el riesgo para las niñas y niños víctimas de violencia familiar. Tal es así, que los llamados a la Línea 102 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se incrementaron durante la pandemia en un 68 por ciento. La mayor parte de los reclamos daban cuenta de situaciones de violencia que, a su vez, generaron un aumento de las intervenciones del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes porteño.
El derecho a la salud se vio afectado por el riesgo de contagios, pero también por la falta de actividades al aire libre, el sedentarismo, el aislamiento y la sensación de miedo reinante.
En relación al derecho a la educación, si bien el abordaje virtual constituyó una herramienta útil para la actividad escolar, la modalidad tuvo diferente impacto de acuerdo con el medio, los recursos, y con la contención familiar que pudo recibir cada niña o niño durante el aprendizaje. Por esa razón, con el objetivo de garantizar este derecho fundamental y pensando en el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, desde el Gobierno de la Ciudad hemos trabajado decididamente para recuperar rápidamente la presencialidad con protocolos y cuidados que confieran seguridad.
Al día de hoy, las limitaciones extremas quedaron atrás, y las políticas de cuidado fueron evolucionando hacia la incorporación de pautas más flexibles, que apelan al sentido de responsabilidad ciudadana, y que permite a toda la sociedad seguir desarrollando las diferentes actividades en un marco de mayor seguridad y protección.
Sin embargo, no se deben desconocer los efectos físicos y emocionales que la pandemia produjo, y que especialmente dejaron mella en niños y adolescentes, personas en etapa de desarrollo, a las que se les debe garantizar, por tanto, una protección especial.
Aún resulta incierto el panorama venidero, pero seguramente nos encontrará con un aprendizaje importante: debemos aumentar los esfuerzos para proteger y fortalecer los derechos de estos grupos etarios, y hacerlos compatibles aún con un escenario de emergencia.
Escuchar lo que ellos tienen para decir no es una decisión opcional. Es una obligación que los Estados tienen y que deben cumplir. Las voces de las infancias y de las adolescencias deben estar presentes al momento de diseñar e implementar las políticas públicas.
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