La justicia del gran bonete

Al gran bonete se le ha perdido la justicia, ¿quién la tiene? ¿Yo, señor? No, señor. ¿Yo, señor? No, señor!!! ¿Entonces, quién la tiene?

Según la Real Academia Española, la palabra “justicia” tiene significados como:

1- f. Principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece.

2- f. Derecho, razón, equidad.

3- Poder independiente del Estado, consistente en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, ejercido por jueces y magistrados conforme a los principios de legalidad, independencia, unidad, exclusividad y responsabilidad.

“…el cambio de gestión ha traído como consecuencia la aceleración de las etapas del proceso y el lógico crecimiento del número de causas a resolver. Que, llegada la gestión a esta etapa, se están tomando las medidas pertinentes para abordar esta realidad. Por tal motivo, y agradeciendo desde ya su comprensión, y hasta tanto se regularice el despacho, se les hace saber que se establecen como criterios de prioridad para su resolución: edad del actor superior a 85 años o situación de enfermedad grave, debidamente acreditada….”

Quizás si el párrafo anterior no fuera parte de un expediente de reajuste previsional iniciado en el año 2009, cuyo causante falleció sin justa sentencia, y la firmante no fuera una jueza federal, la indignación no sería tan enorme.

Se atribuye al famoso filósofo, político y pensador romano Séneca, la frase de que “nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”. Frase que trascendió dentro del léxico jurídico popular para convertirse en la hoy conocida: “Justicia lenta no es justicia”.

Ya en 1791 la Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos definió el derecho a un proceso ágil como un derecho fundamental, idea que está enmarcada en otros sistemas constitucionales como el nuestro dentro del concepto de tutela judicial efectiva.

La situación de la Justicia en nuestro país padece de un endémico colapso y eso lamentablemente no es noticia.

Hace muchos años se habla de la reforma de la justicia. Sin embargo, no se levantan muchas voces acerca de la necesidad de modernizar los procesos judiciales y procedimientos legales en general.

La creciente demanda por inclusión social requiere del Estado un perfeccionamiento de sus instrumentos de acción, entre ellos los servicios legales. El Poder Judicial como prestador de un servicio público debe garantizar el derecho de acceso a la justicia a través de un proceso moderno en sintonía con las exigencias de una sociedad compleja.

La digitalización de procesos también se vive en el mundo legal, y la presencia de la pandemia del COVID 19 ha contribuido como precursor de este fenómeno a nivel global, sin embargo la pandemia encontró desprevenidas a las Administraciones de Justicia en todo el mundo, en la mayoría de los casos sin preparación ni herramientas para hacer frente a las demandas de los ciudadanos.

Ya en 2018 se hablaba con fuerza del tema. En ese año, el estudio de la consultora Deloitte, determinó que el 56% de 300 miembros de departamentos legales de empresas consultadas, de nueve países del mundo, estaban invirtiendo en herramientas informáticas para su actividad.

En la Unión Europea la European Legal Technology Association (Asociación Europea de Tecnología Legal o ELTA, por sus siglas en inglés), compuesta por 5.500 profesionales de más de 30 países, con sede central en Berlín, Alemania publicó el decálogo de modernización de la justicia, con el objetivo de servir de guía para diseñar los futuros sistemas de Justicia en torno a los ciudadanos, y desplegar las tecnologías más apropiadas para apoyar el acceso moderno y fácil a la Justicia.

Con motivo del COVID, en la mayoría de los países europeos las autoridades responsables de la Justicia han anunciado su intención de reformar sus sistemas para poder hacer frente a estos nuevos retos e incluyen la transformación digital como una de las mejores soluciones para lograrlo.

El decálogo dice así:

1.- Justicia con estrategia

Reformar la Justicia con una planificación a largo plazo y una visión de conjunto, no con medidas esporádicas, basada en el logro progresivo de pequeños objetivos, y que además involucre a todos los grupos de interés, y no sólo a una parte de ellos, en el diseño del plan.

Soluciones propuestas: creación de un registro de casos de éxito de uso de Legal Tech para una mejor Justicia que sirva de modelo a los líderes de la justicia responsables de la planificación estratégica.

2.- Justicia con financiación adecuada y gastos eficientes

Los sistemas de justicia deben ser dotados de los recursos necesarios para lograr los objetivos y, a su vez, deben ser asesorados por expertos en cómo realizar un gasto eficiente.

Soluciones propuestas: creación de un registro europeo de Legal Tech para la Justicia y diseño de programas europeos para fomentar el desarrollo de Legal Tech

3.- Transformar la justicia o innovar en justicia

Los operadores públicos deben reflexionar sobre la conveniencia de automatizar los sistemas existentes o bien revisarlos y rediseñarlos. Es crucial evitar la automatización de procesos que hayan sido probados ineficientes y aconsejable, rediseñar aquellos que no se ajusten a los requisitos y necesidades de una sociedad digital.

Soluciones propuestas: utilizar metodologías como Legal Design Thinking para revisar los sistemas y los servicios existentes y fijar sandboxes para el desarrollo e implementación de Legal Tech europea.

4.- Más y mejores datos abiertos para un mejor sistema de justicia

Más datos legales deberían de ser abiertos y accesibles, para así permitir que los intermediarios desarrollen soluciones útiles relacionadas con el Derecho.

Soluciones propuestas: creación de un registro europeo de legal “data sets”, que permita la evaluación comparativa de los conjuntos de datos disponibles por categorías.

5.- Transparencia y participación ciudadana

Diseñar y evaluar la legislación de forma transparente, con evidencia y con el apoyo de los ciudadanos y de los distintos grupos de interés. La Legal Tech puede ayudar a lograr una Justicia más transparente y mejor, que fomente una participación ciudadana activa en la formulación de políticas, colocando a los ciudadanos en el centro del sistema jurídico y la Administración de Justicia.

Soluciones propuestas: identificar y ofrecer a los gobiernos europeos, de todos los niveles, un conjunto de procedimientos y herramientas para fomentar la transparencia y la participación en la elaboración de leyes.

6.- Profesionales con talento para una mejor justicia

Es de suma importancia ayudar a los profesionales del derecho a adquirir los conocimientos y las habilidades que necesitan para adoptar y beneficiarse de la innovación de la Justicia y atraer los talentos adecuados para trabajar hacia el objetivo de mejorar la Justicia.

Soluciones propuestas: diseñar políticas que obliguen a incorporar disciplinas relacionadas con la innovación, transformación digital y Legal Tech en los planes de estudio de la Facultades de Derecho públicas. Así como, impartir formación obligatoria a los abogados, diseñar programas de captación para todos los interesados y atraer a profesionales de la innovación y la tecnología a los puestos responsables de la reforma del sistema de Justicia

7.- Virtualidad no impuesta como regla y no como excepción

Siempre que sea posible se fomentarán las relaciones telemáticas del ciudadano con la Administración de Justicia, pero no se impondrán de forma obligatoria, para evitar así generar una brecha digital en la ciudadanía.

Soluciones propuestas: introducir la obligación de realizar una “evaluación de impacto digital” en cualquier proyecto relacionado con la Administración de Justicia.

8.- Justicia más sencilla y accesible

La transformación debe buscar la simplificación de los procesos jurídicos y la Legal Tech seleccionada debe servir para ofrecer una mejor experiencia al ciudadano.

Soluciones propuestas: el uso de la metodología Legal Design Thinking para mejorar la accesibilidad a la Justicia y limitar los efectos de la jerga legal y, más específicamente, el uso de métodos como los “focus group” para probar nuevos dispositivos o procedimientos.

9.- Garantía de los derechos digitales de los ciudadanos

El ciudadano debe conocer sus derechos digitales y estar capacitado para ejercerlos. La Legal Tech debe ayudar a lograr estos objetivos.

Soluciones propuestas: diseñar programas de formación en esta materia y promover el uso de Legal Tech que siempre sea respetuosa con los derechos de la ciudadanía.

10.- La resolución alternativa de conflictos (adr) basada en tecnología y la resolución de disputas en línea (odr) deben priorizarse como soluciones para mejorar los problemas de justicia

Los sistemas alternativos de resolución de controversias, basados en tecnología tienen el potencial de resolver conflictos de una manera más fácil, rápida y menos costosa.

Soluciones propuestas: identificar las áreas de justicia en las que los mecanismos de ADR y ODR podrían ayudar a mejorar la Justicia, modernizar el marco regulatorio y proporcionar a todos los grupos de interés del ecosistema de Justicia las herramientas y plataformas Legal Tech apropiadas.

El sistema de administración de justicia en nuestro país, no está ni siquiera, en condiciones de copiar las bases de punto de partida para la confección de un “bill” similar al mencionado en los párrafos anteriores.

Hay en él, una serie de factores que contribuyen a la opacidad y proceder farragoso de los mecanismos de procedimiento judicial.

El simple status quo por un lado y maniqueos intereses por otro, sumando a ello oscuros intereses de un mecanismo que requiere la intervención de gestores extra judiciales para que las causas avancen en su resolución, derivan en la anacrónica lentitud y galimatías shakesperiana “Quien si esto no fuese, aguantaría la lentitud de los tribunales, la insolencia de los empleados, las tropelías que recibe pacifico… " (Hamlet).

Es hora que junto a la tan mentada reforma judicial que no analizaremos en este artículo, se sienten las bases para comenzar de una vez por todas con el proceso de modernización de los procedimientos judiciales que redunden en la simplificación, rápido acceso y rápida resolución de los asuntos de justicia.

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