Después del 14 de noviembre, ¿vendrá un ministro estilo Celestino Rodrigo o Jorge Remes Lenicov?

En 1975 fue Celestino Rodrigo el que tuvo que corregir el lío que había dejado José Ber Gelbard. En 1981 arreglar el atraso cambiario de la tablita de José Alfredo Martínez de Hoz fue faena de Lorenzo Sigaut, que encima lo hizo ingenuamente. Juan Vital Sourrouille simuló arreglar el lío que había dejado Bernardo Grinspun y el plan Austral derivó en el plan Primavera que terminó devorándose en el Ministerio de Economía a Juan Carlos Pugliese y luego a Jesús Rodríguez.

Antes de solucionar el problema de la hiperinflación, fue Erman González el que pagó el costo de “arreglar” lío de los depósitos indisponibles vía el Plan Bonex y, aun así, no pudieron dominar las expectativas negativas.

Jorge Remes Lenicov se encargó de devaluar y luego de meterle la mano en el bolsillo a los depositantes con la pesificación asimétrica de los depósitos y los préstamos.

Néstor Kirchner tuvo la suerte que el trabajo sucio lo hizo Remes, licuando el gasto público con inflación, confiscando depósitos y también se vio beneficiado con la ola de suba de los precios internacionales de las materias primas.

Mauricio Macri pagó el costo de limitarse a aplicar un “rodrigazo” en cuotas como fue el ajuste de las tarifas de los servicios públicos por el feroz atraso que había dejado Cristina Fernández Fernández de Kirhcner.

Alberto Fernández está pagando el costo y agravando la situación que CFK le dejó a Macri y que éste no arregló.

En definitiva, todos los presidentes y sus ministros van acumulando el problema de su antecesor, ninguno lo soluciona y lo termina agravando, con lo cual las medidas a adoptar son duras y todos le quitan la cola a la jeringa.

Como se ha señalado en otras oportunidades en este espacio semanal, hacia el futuro confluyen dos desajustes macroeconómicos que hacen recordar al rodrigazo y al fin del plan primavera en febrero de 1989. El primer trema tiene que ver con los controles de precios, el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos y el atraso del tipo de cambio oficial; el segundo con el stock de Leliq y Pases que hacen recordar a los depósitos indisponibles de los 80. La pregunta es si puede haber una estrategia de salida suave de estos dos problemas.

La realidad es que uno de los rubros que más crece en el gasto público son los subsidios económicos, donde el acumulado de los primeros 9 meses del año muestra un aumento del 85,5% respecto al mismo período de 2020. Desactivar este atraso cambiario sin que genere una caída del ingreso real y malhumor social se ve bastante difícil.

Finalmente, el gradualismo que aplicó Mauricio Macri lo desgastó políticamente porque todos los meses tenía que dar una mala noticia en materia de aumento de tarifas de servicios públicos. Si un mes no subía la luz, subía el agua, el gas, etc. Recordemos el conflicto interno dentro de la coalición gobernante en su momento por el aumento de las tarifas de los servicios públicos y la posterior renuncia de Juan José Aranguren.

En octubre pasado hubo financiamiento récord de emisión monetaria lo cual está indicando un agravamiento del déficit fiscal, déficit que será mayor cuando ya no estén los ingresos del impuesto a las grandes fortunas y los ingresos especiales por los DEG que distribuyó el FMI, aunque en realidad se transformaron en emisión monetaria.

Pero, el dato relevante es que la inflación es necesaria para el gobierno. Es decir, es un problema político y un instrumento de política económica al mismo tiempo.

En efecto, con la emisión el Gobierno cobra el impuesto inflacionario para ir licuando el gasto público, en particular ir licuando las jubilaciones que aumentaron el 37% en los primeros 9 meses del año versus igual período 2020, los salarios del sector público el 46% y el conjunto de las llamadas prestaciones sociales que crecieron el 22,6%. En otras palabras, se quiere licuar el gasto público con inflación al estilo Eduardo Duhalde, pero choca con Roberto Feletti que no quiere cobrar el impuesto inflacionario, al congelar los precios. Hay contradicciones internas en el gobierno en materia de política económica.

Además, el gasto cuasifiscal que requiere pagar intereses por una deuda del BCRA que ya está en los $4,4 billones, se financia con más deuda del BCRA o las dos opciones de ingresos que tiene el BCRA que son el impuesto inflacionario y la devaluación de la moneda frente al dólar.

Si devalúan, acentúan la huida del dinero y tienen que aplicar una tasa de impuesto inflacionario creciente, creando más inflación hasta niveles insospechados. Si el Gobierno no devalúa, se encontrará con el problema del sector externo que hará escasear dólares artificialmente baratos, con lo cual no se podrán importar insumos necesarios para producir bienes, muchos de posterior exportación. Pretender hacer sintonía fina con la devaluación sin tener moneda como caracteriza a la Argentina es un verdadero delirio.

Es más, el argentino ya no quiere el peso y, por lo tanto, para poder recaudar el mismo impuesto inflacionario en el tiempo, el BCRA tiene que cobrar una tasa cada vez más alta (emisión monetaria), porque la huida del dinero achica la base de imposición que son los saldos monetarios en términos reales que la gente quiere tener en el bolsillo.

Dicho más sencillo, cuanto más huida del dinero hay, menos base imponible para recaudar el impuesto inflacionario y mayor la tasa de emisión, alimentando el círculo vicioso.

Solo si se lograra un gobierno que genere mucha confianza y aumente la demanda de moneda junto con el ingreso de capitales, se podría pensar en una salida no traumática, pero la realidad es que no existe ese escenario, que es el que pretende inventar Sergio Massa con un supuesto acuerdo, porque sabe que, si se repite o se agrava el resultado de las PASO para el gobierno, la economía puede entrar en un sendero de descontrol por las internas dentro de la coalición gobernante y la falta de credibilidad que cualquiera de ellos genera.

Como no están dadas las condiciones de credibilidad, la salida más probable luego del 14 de noviembre, es la elección de un Celestino Rodrigo o de un Jorge Remes Lenicov que trate de “resolver” los dos graves problemas mencionados. Y falta saber quién será el político que asumirá el costo de semejante zafarrancho dada la acumulación de desequilibrios macro de tal magnitud que ya lucen infinanciables.

Imaginar un aterrizaje suave entre tanta turbulencia económica y política, no luce muy probable. Este modelo, si así puede llamarse, es inviable. Solo falta saber el cuándo y el quién.

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