“Se nos hace difícil en nuestra área geográfica encontrar esas 200 personas con secundario completo, porque en Buenos Aires se perdió el valor de un secundario”. La frase fue pronunciada por el Presidente de Toyota Argentina, Daniel Herrero, para referirse a los escollos de la empresa para cubrir 200 puestos de trabajo en la planta de Zárate.
Los dichos de Herrero no constituyen una anécdota. Según datos de CIPPEC, la Argentina es el país con mayor tasa de desempleo juvenil de la región. Duplica al desempleo en adultos. Afectando cerca del 20% de la población joven, o sea que casi 2 de cada 10 jóvenes están desempleados.
Esa foto empeora si profundizamos en los jóvenes que más necesitan trabajar: los hogares de menores ingresos. Allí, el desempleo joven triplica al desempleo joven de los quintiles altos de ingreso, la informalidad representa el 35% y el cuentapropismo el 15%. En otras palabras, 6 de cada 10 trabajan en forma precaria.
Este es el marco, desde el cual muchas voces, públicas, sociales y privadas, venimos insistiendo en la necesidad, urgente y estratégica, de revisar la política social, laboral, empresarial y educativa de nuestra patria, desde un enfoque que integre los cuatro subsistemas, que hoy operan como compartimentos estancos.
Es decir, no alcanzará con una Ley o con un decreto que enuncie “transformar planes de trabajo en trabajo”. Los problemas argentinos no se resolverán con eslóganes voluntaristas, como si bastara con enunciar para producir una realidad. Y aquí tenemos el gran escollo: en la Argentina de hoy, la política enuncia, pero no transforma.
Pues bien, crear trabajo requiere transformar, ser audaces y pensar más allá de los marcos conceptuales dominantes. Tenemos que animarnos a romper con el estancamiento, construir una Argentina para el mundo. Quisiera dar un ejemplo en cada uno de los cuatro subsistemas mencionados, insistiendo en la necesidad de pensar una respuesta integral. Tenemos que dar una batalla para superar una estructura económica caduca.
Comencemos por el mercado. Abstrayéndonos en términos analíticos de la necesidad de ordenar la macroeconomía (condición necesaria), reactivar el mercado laboral privado requerirá que hacer negocios en la argentina (invertir y dar trabajo) deje de ser (literalmente) una pesadilla.
En nuestro país, según el índice de competitividad corporativa 2021, crear una empresa demanda 3 meses. El gobierno actual desmanteló el sistema de las SAS (sociedades simplificadas), una forma de generar empresas simples, de muchísima utilidad para pequeños y medianos emprendedores.
Pero suponiendo que un emprendedor vence el drama administrativo de generar una empresa, y decide invertir en trabajo formal, deberá afrontar, según datos del BID, un costo promedio no salarial del 70%. Es decir, por cada peso que le paga de bolsillo a un trabajador, el empresario tiene que casi duplicar ese sueldo para poder garantizar la formalidad.
A esa carga se le debe adicionar una más gravosa, por su contenido contingente e impredecible: la industria del juicio laboral. Efectivamente, el empresario no solo afrontará, para generar empleo registrado, un costo laboral muy por encima de la media regional (49%), sino que además estará sometido a un sistema jurídico-laboral construido para esquilmarlo.
Y resalto. No estoy discutiendo derechos laborales (obra social, vacaciones, indemnizaciones). Estoy discutiendo la rigidez y la falta de sentido común de un sistema, que atenta contra el problema central de nuestro país: la falta de generación de empleo.
Algunos académicos insisten en que el problema se resuelve con rentabilidad y estabilidad económica. Estimados, seamos intelectualmente honestos: ¿les parece que el país con más años de recesión en el mundo desde 1960 puede descansar en un pacto laboral pensado y diseñado para una sociedad fordista de pleno empleo del siglo XX esperando por años de estabilidad y rentabilidad económica para atacar un problema como el desempleo?
Finalmente, quiero insistir en la naturaleza sistémica del abordaje. Aún ordenando la macroeconomía y generando una legislación laboral moderna, seguiríamos con el freno de mano puesto en otros dos subsistemas: la política social y el sistema educativo.
Empecemos por la política social. En nuestro país, estamos subsidiando la desocupación, en lugar de subsidiar el trabajo. En otros términos, el 50% que produce está transfiriendo ingresos para que un 50% no produzca. Una insensatez económica. Es preciso revertir el enfoque y que la política social sea absorbida por una política laboral: capacitar, y en todo caso y en última instancia, subsidiar el trabajo.
En ese marco, ¿los fondos utilizados no deberían canalizarse vía el sistema educativo o vía proyectos asociativos orientados a crear mercados? Esto es, orientados a generar capacidades, satisfacer demandas (públicas y privadas) y crear trabajo genuino.
Dar este paso supone resetear la política educativa. Como bien lo atestigua el caso de Toyota, necesitamos que la escuela secundaria evolucione hacia una opción de formación técnica, anclada en necesidades territoriales concretas, de modo que tener un título secundario sea una certificación no solo de conocimientos generales, sino de capacidades: enseñar para trabajar en un nuevo mundo. El modelo alemán (educación dual) y surcoreano (meister high schools) son algunos de las experiencias internacionales que pueden ayudarnos a pensar una reforma estructural de la escuela.
En síntesis, la resolución de la dramática situación social y laboral que afronta nuestro país no admite soluciones parciales, enunciados abstractos y parches incrementales. En la Argentina de hoy, gobernar es transformar. Si lo logramos, si construimos una nueva mayoría para modernizar nuestra patria, no sólo el trabajo tendrá futuro, sino que podremos soñar con disputar en el mundo, el futuro del trabajo.
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