En una Argentina con el 40,6% de pobres y el 10,7% de indigentes -en términos absolutos 23 millones de personas que deben arreglárselas para sobrevivir- las cuestiones honoríficas que acarrean privilegios chocan de frente con la realidad.
En este contexto, los jubilados se han convertido en los nuevos pobres de nuestro país. No todos. Como hemos visto en los últimos días, algunos pocos privilegiados se niegan a tener un gesto de empatía con los demás.
La vicepresidenta Cristina Fernández había solicitado a la ANSES que desista de apelar en la causa donde se discute el cobro de su doble pensión vitalicia (una como ex presidenta y otra como viuda de Néstor Kirchner). El organismo de la seguridad social históricamente se ha negado a pagar los juicios de miles de jubilados que obtuvieron sentencia favorable luego de pelear por la recomposición de sus haberes y ha apelado sistemáticamente las decisiones de la Justicia hasta las últimas instancias. Muchos adultos mayores han fallecido en el intento. Sin embargo, con Fernanda Raverta, elegida por Cristina para dirigir la ANSES, el organismo actuó de manera diferente. Desistió de apelar en el caso de CFK y benefició a la Vicepresidenta con una suma que ronda los $2,5 millones mensuales. Eso sin contar la disputa por un retroactivo que asciende a unos $120 millones.
No es el único ejemplo. El ex vicepresidente Amado Boudou condenado a 5 años de prisión en la Causa Ciccone, cobra unos $420 mil en concepto de pensión vitalicia y le reclama al Estado el pago de $17 millones de retroactivo. El trasfondo moral y de calidad humana, es evidente. Hasta donde sabemos ni la abogada exitosa ni quien fuera su compañero de fórmula atraviesan apremios económicos como para ir contra el Estado a reclamar grandes sumas de dinero. El desapego a la realidad no es patrimonio exclusivo de la administración kirchnerista. El puntano Adolfo Rodríguez Saa que en diciembre de 2001 quedó a cargo de la presidencia durante sólo una semana se lleva $530 mil por mes.
Qué distinto es el caso del ex presidente Raúl Alfonsín que, a pesar de haber sido un hombre de clase media que llevó una vida sin lujos, optó por donar la mitad de su jubilación para ayudar a los adultos mayores. A Don Raúl no le sobraba nada. Recuerdo perfectamente un encuentro que tuvimos en su departamento de la avenida Santa Fe donde me pidió -en mi rol de titular del PAMI- que me ocupe personalmente del bienestar de los millones de jubilados que la estaban pasando mal. Gesto que nunca olvidaré y que cobra mayor relevancia a la luz del egoísmo y de los excesos que vemos en el presente. Conviene recordar cómo se originó este beneficio que debería ser sujeto de revisión o delimitado en base a parámetros éticos y legales muy concretos.
En noviembre de 1991, se sancionó la ley 24.018 que regula las asignaciones mensuales vitalicias para los jueces de la Corte Suprema de Justicia y para ex presidentes y vicepresidentes una vez que han cesado en sus funciones. La norma establece que los ex presidentes tienen derecho a percibir el 100% de lo que cobre un juez de la Corte en actividad y los ex vicepresidentes, un 75% de ese monto. Estamos hablando de una pensión que no tiene carácter contributivo, esto es, que no se otorga como resultado de aportes realizados durante determinado período de tiempo en actividad. Con el correr de los años, se ha desvirtuado el espíritu de la norma vinculada a la contraprestación por el servicio y desempeño en el cargo con honorabilidad y se ha convertido en una excusa para todo tipo de abusos.
Un baño de realidad
El golpe para el resto de los mortales es salvaje y brutal. Según el Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) el poder de compra de los jubilados cayó 18% en los últimos cuatro años porque al Estado le cuesta cada vez más cubrir el déficit del sistema previsional. El ajuste al que están siendo sometidos los adultos mayores es inocultable.
Una de las primeras medidas que tomó el Presidente Alberto Fernánadez fue suspender por ley la fórmula de movilidad jubilatoria aprobada en la gestión de Cambiemos y le quitó a los adultos mayores más de 100 mil millones de pesos durante el 2020. Después del aumento del 5% en el final de ese año, la jubilación mínima pasó a ser de $19.035 un monto muy inferior a los $56.459 que necesitó una familia en enero para no ser pobre y a los $23.722 necesarios para no caer en la indigencia. En junio de este año llegó a los $23.064 mensuales; nuevamente por debajo de la línea de pobreza y la indigencia. La ANSES había anunciado con bombos y platillos que a partir de septiembre, las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones sociales aumentarían el 12,39% llevando la mínima a 25.900 pesos. La historia se repite mes a mes. Los ingresos de ese universo están, además, por debajo del salario mínimo, vital y móvil que es de $32.000. También son inferiores a la canasta del jubilado medida por la defensoría porteña de la Tercera Edad, que en el último año subió un 42% y alcanzó los $64.000 impulsada por el alza de precios de los alimentos, medicamentos y servicios de la vivienda.
Mientras la ANSES le garantiza pagos millonarios a funcionarios y ex funcionarios de su mismo color político -algunos de ellos condenados- a los jubilados les ofrece bonos y programas de descuentos en supermercados. Los adultos mayores han hecho mucho por nuestro país. Ellos necesitan previsibilidad en lugar de limosnas para poder llevar una vida digna. Una Nación que no reconoce a sus mayores, no reconoce ni valora su historia.
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