Este fin de semana comienza en Glasgow, Escocia, la COP26, una nueva Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, cuyo foco es reforzar y aumentar los compromisos de reducción de emisiones. El objetivo principal es lograr limitar el aumento de la temperatura media global a menos de 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales, meta asumida en 2015 que hoy ya resulta muy difícil de alcanzar.
Aunque mucho se habla de los devastadores e irreversibles efectos del cambio climático, desde este lado del mundo aún surgen preguntas acerca del rol que nuestra región tiene en la generación del problema y en la implementación de las soluciones. Si bien es cierto que los países en vías de desarrollo tienen una menor responsabilidad en la aceleración de este fenómeno -debido a sus menores niveles de industrialización- eso no los aleja de tener que implementar acciones y planes contundentes para hacer frente a sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés). Esta disparidad entre los Estados está reconocida por el Acuerdo de París, en el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”, que nos habilita, como región, a encarar nuestros esfuerzos en la medida de nuestro aporte al problema, y a solicitar financiamiento para poder emprender nuestra acción climática.
En este marco, se ha visto en nuestro país el surgimiento de extremismos que llevan por un lado a la negación y, del otro lado del gradiente, a la ideologización del cambio climático. La Argentina se ha comprometido a disminuir sus emisiones en un 19% para 2030. Esta meta debe ser cumplida simplemente porque es consistente con nuestra cuota parte de responsabilidad. Últimamente hemos escuchado a integrantes del oficialismo y al presidente Alberto Fernández esgrimir el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas” como un argumento para responsabilizar a los países desarrollados por un supuesto uso de nuestros recursos naturales y pretender emplazarlos como deudores ambientales. Este supuesto paradigma que nos quieren vender esconde un intento por lavarse las manos, disfrazar una gestión deficiente y patear la pelota. Los Estados soberanos son los dueños de sus decisiones y de sus destinos, y es por ello que debemos reconocer y hacernos cargo de que nuestra tradición extractivista configura el principal desafío de cara a la transición energética y al desarrollo sostenible.
La ideologización de la lucha contra el cambio climático es responsable de que proyectos de ley como aquellos que crean las herramientas de medición, reducción y compensación de la huella de carbono hoy estén paralizados en el Congreso Nacional. No podemos permitir que la agenda climática se convierta en moneda de cambio de la negociación de la deuda. Tenemos compromisos internacionales asumidos que, independientemente de la forma en que el gobierno lleve adelante las negociaciones, nos obligan a no descuidar los planes y acciones destinados a alcanzar las metas asumidas en el ámbito interno. Se trata de una agenda de inserción global que nos exige pasar del discurso a la acción inmediata, diseñando las estrategias y el marco normativo necesario para que todo nuestro entramado productivo pueda adaptarse a tiempo y posicionar sus productos en el mundo conforme a las exigencias de sustentabilidad, que muy pronto podrían convertirse en la regla para el comercio internacional.
La perversión de los principios del Acuerdo de París conlleva un riesgo: el de malinterpretar el statu quo, es decir, considerar la caída en los niveles de desarrollo como una solución para reducir las emisiones de forma natural y sin ningún tipo de acción. Es el “nivelar para abajo” versión cambio climático. Existiendo herramientas poderosas que podemos seguir potenciando como la transición energética, la eficiencia energética y la economía circular, sería muy paradójico que en esta nueva Cumbre del Clima nuestro principal aporte o innovación intelectual nos lleve a la inacción climática.
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