Las políticas económicas del Gobierno, al igual que sus declaraciones, no tienen ninguna coherencia.
Esas contradicciones son algunas de las diversas causas que han hecho caer al vacío la credibilidad del Frente de Todos y han arrastrado el valor de nuestra moneda. La inflación incontrolable y el atraso cambiario sin límite están estrechamente vinculados a la incertidumbre que genera un oficialismo sin programa, sin planificación y con un único objetivo a la vista: la concentración de poder.
El poder político debe ser utilizado como una herramienta de transformación en beneficio del bien común. La distorsión de esa finalidad hoy nos muestra un gobierno en manos de una coalición sin cohesión, quebrada por falta de las coincidencias más elementales, sólo bajo la conducción de la avaricia e impunidad irrestricta al mando de Cristina Kirchner, sus ministros y funcionarios más radicalizados.
La concentración de poder del kirchnerismo se retroalimenta de la concentración de recursos en los lugares que concentran la llave de ese poder, los votos. Dicho con otras palabras, el funcionamiento es el de un dineroducto operado por el Tesoro Nacional, que absorbe del esfuerzo y las contribuciones de todos los argentinos y sólo desemboca en los lugares en que el criterio electoralista se los indica.
Así el esfuerzo del interior productivo tiene como destino las fauces voraces de un conurbano bonaerense que demanda siempre más, ya que la ineficiencia de Axel Kicillof vuelve insuficientes todos los recursos que inequitativamente la Nación le destina.
Esta semana hemos sido testigos de esas dos caras de una misma moneda. Por un lado el financiamiento de los servicios públicos para el AMBA a partir de las transferencias del Tesoro Nacional. Por el otro, la creación de un nuevo programa de Asistencia Financiera a las Provincias, que no es otra cosa que otra temporada de la serie de “La discriminación del Federalismo de Relato”, donde ese mismo criterio electoralista es el único que rige. Es la consagración de la discrecionalidad a la hora de repartir esa asistencia financiera. Castigos a las administraciones eficientes y premios a las provincias rentistas.
Lo paradójico de la aplicación de estas medidas es que, en la práctica el mismo ciudadano del interior que con la inflación en el ticket del supermercado financia los subsidios para los servicios públicos de los vecinos del AMBA, será teóricamente compensado con los préstamos que el generoso Gobierno Nacional “a cara del cliente” le dará a su provincia; pero que al final del día también pagará cuando su provincia tenga que devolverlo.
Los números no dan margen a otra interpretación. El Presupuesto 2022 prevé que la empresa de Agua y Saneamiento acumula un déficit de $131.000 millones. Para poder operar el próximo año sus ingresos sólo cubren el 44% de los gastos corrientes, razón por la cual el restante 56% tendrá que transferirlo el Tesoro Nacional, ergo el esfuerzo de todos los argentinos.
Algo similar ocurre con el servicio eléctrico, este Gobierno con la Ley de Emergencia Energética dio marcha atrás a la transferencia del servicio a la jurisdicción local, manteniéndolo bajo jurisdicción nacional; con ello se aseguran la aplicación de los fondos del Tesoro Nacional a los subsidios de distribución y transporte direccionados a EDENOR y EDESUR a través de CAMMESA.
El ENRE propone un subsidio directo a EDENOR y EDESUR por $45.000 millones por año para las inversiones de las que relevó a las empresas concesionarias como moneda de cambio por el congelamiento tarifario. Esto significa, ni más ni menos, que el congelamiento tarifario del AMBA los pagamos todos los argentinos con la inflación producto de la emisión para cubrir estos subsidios; que en lo que va del año han crecido 56.9% en términos reales, según la oficina de presupuesto del Congreso.
Los relatos a esta altura son insostenibles, las medidas que están tomando distan mucho de haber escuchado los reclamos de la ciudadanía en las urnas. Esto lleva a una inevitable conclusión: el mensaje del próximo 14 de noviembre deberá ser más contundente para lograr un equilibrio que garantice un federalismo real.
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