Es imprescindible cuidar a quienes nos cuidan

El 15 de septiembre pasado ingresó a la Honorable Cámara de Diputados el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el año 2022.

Si bien hay mucho para opinar, en este artículo me centraré en la Jurisdicción 45 Ministerios de Defensa, por tener el honor de pertenecer a la Comisión de Defensa del Senado y haber participado de la Investigación sobre el submarino A.R.A. “San Juan”.

La política de Defensa en las últimas décadas cayó en el abandono del interés general y sólo se presentó en el primer plano de la opinión pública y del quehacer político ante el naufragio del submarino San Juan.

Una de las conclusiones del informe de la comisión bicameral de investigación del hecho es que “el adiestramiento del personal de la Armada y el mantenimiento de sus Unidades se vio seriamente afectados por los recursos presupuestarios asignados a lo largo de las diferentes administraciones”.

La desgracia nacional de noviembre de 2017 generó el ambiente propicio para que se aprobara por amplia mayoría en ambas Cámaras la ley del Fondo de la Defensa (FONDEF), que vino a dar respuesta al deterioro sufrido en el sistema de Defensa en cuanto a los medios existentes por su antigüedad, falta o desafectación por haber estado privados de mantenimiento, generándose la pérdida de la capacidad militar.

Pero, para poder analizar si el presupuesto de las Fuerzas Armadas tiene coherencia entre el gasto previsto, el nivel de inversión, y la producción del Servicio Público de la Defensa, es conveniente realizar su apertura, diferenciando los que cubren los haberes de la inversión y que hacen a la Operación y Sostenimiento, es decir al adiestramiento del uso de los equipos y medios en los que invertimos, la compra de los insumos necesarios para ello y su mantenimiento.

No los quiero abrumar con números, pero al hacer un análisis minucioso de los presupuestos de las tres Fuerzas, queda a la vista que las previsiones de gasto, particularmente para la Armada y la Fuerza Aérea, no alcanzan siquiera nominalmente al crédito vigente en este año.

Pareciera que para que nuestros militares cuiden los espacios soberanos de tierra, mar y aire, arriesgando sus vidas en cada adiestramiento o patrulla efectiva, no se ha contemplado siquiera la inflación interanual o las previsiones de política cambiaria.

En el Libro Blanco de la Defensa, publicado en 2010 bajo la administración de la actual señora Vicepresidente, se establece como horizonte financiero alcanzar en el año 2020, y mantenerlo a partir de allí, la participación de la Jurisdicción Defensa con el 1,5 % del Producto Bruto Interno.

El crédito previsto para 2022 representa el 0.73% del PBI, distanciándose así del 1,5% planificado. Esa diferencia se define y presenta como riesgo.

El riesgo se compone de riesgo patrimonial, operacional y sobre las personas; los tres se presentaron en oportunidad de lo sucedido con el submarino A.R.A. “San Juan”.

Mientras mantengamos esta situación de distribución presupuestaria, pese al esfuerzo que significa la inversión a través del FONDEF, estarán dadas las condiciones para que otra desgracia azote a nuestras Fuerzas Armadas.

Si tan solo se hubiera querido mantener el nivel de riesgo actual de las Fuerzas Armadas y se hubiera previsto un gasto constante para Operar y Sostener, respetando los índices de inflación y de tipo de cambio, la participación en el presupuesto llegaría al 3,38% y alcanzaría el 0,75% del PBI. Estimo que no significa un esfuerzo inalcanzable con el fin de cuidar las vidas de nuestros militares y también de los ciudadanos, tal como quedó demostrado durante la pandemia con la voluntad permanente de los primeros que pusieron algunas de las capacidades militares al servicio de los últimos.

Hoy puedo afirmar que no hemos revertido la situación y queda abierta la posibilidad de volver a enfrentarnos una vez más a las desgracias ya sufridas por nuestros militares y la constante disminución patrimonial de la Nación.

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