Indigenismo y conflicto mapuche: las graves consecuencias de un error progresista

Cuando el Proceso de Reorganización Nacional se identificó con la Generación del 80 y conmemoró, además, los cien años de la Conquista del Desierto, estaba echando las bases para que en las décadas siguientes se levantara un profundo rechazo a esos dos momentos claves de nuestro pasado. Una porción mayoritaria de intelectuales, pensadores, docentes e historiadores desestimó el ciclo de orden roquista a la luz de lo actuado y reivindicado por el Proceso. Resultando entonces que el general Videla y el general Roca eran las caras diabólicas de los dos genocidios argentinos más espantosos, con el claro objetivo de entregar el patrimonio nacional. Los herederos de esta mirada fueron los políticos que tomaron el poder al nacer la democracia.

Naturalmente el revisionismo histórico había hecho su labor a lo largo de treinta años, pero la política vivida durante el Proceso, asociada a una mirada historiográfica, fue decisiva a la hora de entender, pasado y presente. Si Videla se quería parecer a Roca, ¡que así sea!

El simplismo o el uso de la historia para torcer los vientos de la política ya lo había practicado el nacionalismo en la década del 30 al ponderar a Juan Manuel de Rosas o los intelectuales de la Revolución del 55 al exaltar a Urquiza y Sarmiento. Todo, absolutamente todo, una gigantesca confusión, por no decir malversación o fake news historiográfica.

La Generación del 80, y de manera particular el general Roca, fueron para el revisionismo y también para un amplio sector del peronismo intelectual que hoy nos gobierna la expresión de la anti patria. Lo que sorprende es que por estos días un peronista exalte la figura de Roca, como es el caso de Miguel Ángel Pichetto. En su momento Arturo Jauretche ponderó ciertos aspectos del roquismo, pero contó con la inestimable ayuda de Jorge Abelardo Ramos.

La naciente democracia del 83´ no pudo desbrozar la realidad de la fantasía. La violación de los derechos humanos acometidos por un sector de las Fuerzas Armadas, a partir de 1976, hallaba su raíz y razón de ser en el ¨genocidio¨ indígena. Un pastiche que no puede ser desarrollado en un corto artículo periodístico, pero que determinó un clima de época.

El gobierno de Raúl Alfonsín fue la expresión cultural más perfeccionada de esa atmósfera. El antiroquismo estaba en el ADN del radicalismo de Alem, máximo líder de la intransigencia alfonsinista. Don Leandro magnetizaba a aquella generación radical.

Como expresión argentina de la socialdemocracia europea, los Derechos Humanos fueron su tema central. Los europeos instalaron los Derechos Humanos como política prioritaria frente a los totalitarismos vencidos en la Segunda Guerra, el radicalismo en el poder los tomaba de tres fuentes diferentes, por un lado la europea, por otro la reinvención norteamericana de Jimmy Carter, de combatir al comunismo con las banderas de la democracia y los derechos humanos, y finalmente lo acontecido en la Argentina.

El indigenismo se inserta en esa atmósfera. Comenzaba a ser una bandera en la política mundial. La resolución 107 de la OIT de 1957 abre el camino para la reivindicación de las comunidades indígenas de los países independientes. Las naciones imperiales buscaban lavar su cara.

Apoyado en este clima el Doctor Fernando de La Rua presentó su proyecto de ley 23.302, que es la causa jurídica de los conflictos indígenas desatados en el sur del país. Fundamentalmente porque ubica a los aborígenes en un espacio social por encima del conjunto de los argentinos, con la intención de reparar lo actuado en el proceso de conquista y colonización y al mismo tiempo reconocer a los indígenas en tanto comunidades y no como ciudadanos argentinos.

En su exposición, dijo De La Rua: “Esta Ley preserva una pauta cultural que debemos cuidar, la existencia de la comunidad indígena”. Craso error que el peronismo renovador de aquellos años se tragó sin entender las consecuencias. Ignorando -ningún Diputado o Senador lo planteó en aquellos debates- que antes y durante la presencia española o ya independientes, los indígenas guerreaban entre ellos infringiéndose daños atroces o crímenes espantosos como los que llevó adelante Calfucurá en Masalle aniquilando a más de mil boroganos, que eran mapuches también o las guerras de los araucanos contra los aoeniken a quienes le arrebataron sus cultura y su idioma llamándose a partir de esta derrota tehuelches.

Narrar las guerras intra indígenas no hace a este artículo pero fueron tan brutales como las que más. De modo que si había que reparar lo actuado por los conquistadores y luego los criollos, ¿quién reparaba lo hecho por los araucanos, los huiliches, o los pampas? Aquellos legisladores estaban bajo el encandilamiento, una vez más, de las luces europeas.

En los debates de 1984 el peronismo no pudo sostener la política que Perón se había dado frente al problema del indio, que a mí ver y entender tenía la misma orientación que la de la generación del 80 y del 90, esto es construir la Argentina como un crisol de razas y no un mosaico. ¿Lo sabían? ¿Lo ignoraron? Ya no importa, el lío está hecho.

La tradición de nuestro país no es el multiculturalismo, que desemboca en la plurinacionalidad, ni siquiera la inclusión, sino la integración, que no es lo mismo. El peronismo procuró la homogeneidad social y cultural en el concepto pueblo o Comunidad Organizada, donde no hay minorías que estén por encima de otras, sino pueblo, no hay indigenismo en el peronismo; es un fenómeno cultural ajeno a esta cultura política. Tan cierto es esta aseveración que la Constitución de 1949 no contemplaba la cuestión indígena, como sí lo hacía la de 1853, en el artículo 67 inciso 15.

Lo que existe en el gobierno de Perón es la Dirección de Protección del Aborigen dependiente de la Dirección Nacional de Migraciones, lo que revela el tratamiento político al tema aborigen: la integración como se hace con los extranjeros. En 1953 se sanciona la Ley 14.254 por la cual se crean colonias granjas de adaptación y educación de la población aborigen, en los establecimientos se impartirá enseñanza primaria y clases prácticas de enseñanza agraria. Y esto, para bien o para mal, lo realizado por el gobierno que más hizo por la Justicia Social.

Luego la OIT en 1989 volvió sobre lo mismo y aumentó las exigencias con la resolución 169 que Argentina ratificó. Allí se planteaba que los pueblos indígenas deben tener el derecho a elegir si integrarse o mantener su cultura, sus tradiciones, e integridad política. Abriendo el camino a la situación actual de Chile y Argentina, donde un grupo minúsculo de inadaptados pretenden convertirse en Nación y luego en Estado. Se aprobó y nadie dijo ni mu. La Argentina como un perrito obediente caminó al lado de organizaciones internacionales que levantando derechos de minorías desconocen las esencias constitutivas de una Nación. La Constitución de 1994 siguió la misma dirección. En esta situación nos encontramos hoy. El objetivo de esta nota es narrar los errores cometidos que hoy nos llevan a situaciones graves. Habla de la decadencia de una clase política que espera ansiosa levantar la mano para ir a un lunch, una cena o algo más íntimo.

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