El termómetro marca fiebre. La temperatura alcanza los 195 pesos por dólar y es récord. El Gobierno, incapaz ya de ofrecer pan, entrega sobredosis de circo. Remedios que no funcionan ni para aplacar los síntomas y un autoritarismo berreta en el que la farsa de la autoridad y el garrote buscan cubrir la inoperancia.
El país está sumido en un círculo donde se retroalimentan las fuerzas negativas más temidas en la economía: emisión, inflación, suba del dólar, y con todas ellas descontroladas, pobreza y más pobreza. El supermercado será ahora el campo de batalla de otro fracaso.
Los ciudadanos asisten perplejos al espectáculo decadente y crece la percepción de que el Gobierno no puede solucionar los problemas que acorralan al país y algo peor: que los profundiza.
Separados de cualquier noción de responsabilidad sólo atinan a poner en suspenso las consecuencias de su propio desmanejo como quién cree que el diablo no se cobra lo que pacta.
En ese contexto el Presidente comete una carta asombrosa donde deja su firma a la peligrosa abdicación de uno de sus deberes, el de garantizar la seguridad. La misiva es casi una confesión de incumplimiento en sus funciones y de desvarío político.
Un presidente que escribe una carta certificando su vocación de abandonar a argentinos en peligro confirma su ceguera ante la realidad y uno de los reclamos principales de la sociedad, como es salvaguardar vidas y bienes. Pero en el caso de los ataques de las agrupaciones mapuches violentas que fueron denunciadas por terrorismo, también se proyecta otra sombra, la de la complicidad.
¿Qué tiene que hacer la cancillería argentina defendiendo a un delincuente como Jones Huala en Chile? La pregunta no tiene respuestas institucionales, pero sí inquietantes sospechas de aval ideológico y a procedimientos que enfrentan la legalidad.
A esta altura, con su prescindencia el Gobierno revela protección y roza la complicidad con la RAM. Que en medio de la escalada violenta sea la propia Estela de Carlotto quien defiende a los mapuches y les ofrece ayuda marcando una coincidencia con una perspectiva ilegal y validando los métodos violentos, es más que una señal. “¿Quiénes son los terroristas?”, se pregunta la titular de Abuelas. “Los que roban, no los que reclaman lo propio”, se responde, avalando la idea de derechos ancestrales de la agrupación que no acepta la noción de propiedad sobre la tierra que marcan las leyes vigentes.
¿La peligrosa abdicación del Presidente a ofrecer seguridad ante los ataques mapuches esconde complicidad? ¿El vacío de poder injustificable es la cobertura a los sectores k más duros que apoyan estas acciones de carácter terrorista, como fueron denunciadas? Una vez más el kirchnerismo se revela refractario a la ley, pero nunca tan claramente respaldando la violencia armada como método. Porque eso es la RAM.
Todo ocurre en medio de un “sálvese quien pueda” para las miles de víctimas de la inseguridad que pueblan las crónicas de los noticieros a diario. Las garantías son para los delincuentes, mientras la gente de bien está abandonada.
Todo parece responder a la misma partitura. El Gobierno se reduce a un dispositivo ideológico que bloquea cualquier política en función de su ideología y que suplanta el bien común por la causa facciosa y sin importar las consecuencias.
El avance contra el espíritu de la división de poderes ya había sido manifestado con proyectos de ley que desafiaban la República. Sólo el resultado de las PASO lo sentenció con caducidad poniendo en estado de desesperación al oficialismo que ahora achicó sus ambiciones a mantener el quorum. Pero los planes estaban. Fin a la división de poderes, atenuación de los derechos de propiedad con cepos, expropiaciones y violencia, e intimidaciones sistemáticas a medios y periodistas. La película es conocida y el rodaje volvió a quedar por ahora trunco, pero no su espíritu. Se llamó y se llama “Vamos por todo”.
* Editorial de Cristina Pérez en “Confesiones en la noche” (Radio Mitre)
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