El número de planes sociales no ha dejado de crecer en la Argentina. Lo que preocupa no es solo la masa monetaria de la que se trata, sino el riesgo de ausencia de una “cultura del trabajo” en casi el 45% de la sociedad argentina. Como referencia de partida, podemos remontarnos a 1984, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, con el surgimiento de las denominadas cajas PAN, que llegaban a 5 millones de argentinos, un 17% de la población. Más tarde, en 2002 bajo el gobierno de Eduardo Duhalde, se entregaron 2 millones de planes sociales cuando la pobreza llegaba al 53% en nuestro país. En ese momento se denominó Plan Jefes y Jefas de Hogar y cubrieron el 20% de la población.
En los últimos 19 años estos números se multiplicaron prácticamente al doble. Hoy los planes sociales llegan a 22 millones de compatriotas. Eso significa que cerca del 45% de argentinos viven de 141 planes y/o programas sociales. El panorama, en esta condición y en este rumbo, no es alentador. No se avizoran, por parte del Gobierno, políticas relacionadas con la educación financiera, la creación de estrategias de capacitación personal, temáticas de motivación para emprendedores ni creación de marcas personales.
Hace muchos años que convivimos con niveles de inflación insostenibles, tanto para los consumidores como para los productores, en un escenario cambiante e incierto y con débiles o nulas estrategias de crecimiento en el plano de formación y capacitación a ciudadanos que estén excluidos social y económicamente del sistema
En una primera fase, hay que buscar la inclusión laboral y social de las personas que actualmente reciben planes, pero ese trabajador tiene que tener muy claro que es un “pasante” y no un trabajador de planta permanente, ya que su trabajo también es aprender un oficio
El desafío debería ser medido por la cantidad de planes sociales que un gobierno logra convertir en empleos de calidad. Existen proyectos, o al menos eso se comenta, de planes para que los empresarios abran sus puertas a los receptores de planes sociales y los contraten sin que estos pierdan el subsidio y que el empresario tenga una serie de incentivos fiscales a su favor. Como plan suena muy bien, puesto en un papel, pero al consultar con empresarios y proveedores, aseguran que el proceso es extremadamente lento y que ninguno de ellos actualmente está usando esta metodología. Algo así como “mucho ruido y pocas nueces”.
La salida más rápida, más digna y más conveniente consiste en la capacitación laboral y la educación financiera. El receptor de un plan social debe tener un fácil y rápido acceso a un trabajo, lo que es vital para recuperar la cultura laboral. Esto es posible y a no tan largo plazo como podría parecerle a algunos analistas. Somos un pueblo de gente históricamente trabajadora. Lamentablemente, los planes se han utilizado a lo largo de los años como premios y beneficios, cuando en verdad son todo lo contrario. El receptor de un plan social psicológicamente está recibiendo la idea que él no puede abastecer a su familia o autoabastecerse con un trabajo digno y eso no es verdad. Mientras haya voluntad y ganas, siempre se va a poder llevar dignamente el pan a la mesa.
La educación financiera debería ser una política de Estado y la inclusión social una bandera y una realidad, no sólo dichos
La verdadera transformación no debe venir de la creación de más asalariados, debe ser una transformación un tanto más ambiciosa. En una primera fase, hay que buscar la inclusión laboral y social de las personas que actualmente reciben planes, pero ese trabajador tiene que tener muy claro que es un “pasante” y no un trabajador de planta permanente, ya que su trabajo también es aprender un oficio y darle su impronta. En otras palabras, ser dueño de su propia marca y entender que el intercambio de horas por un sueldo tendría que ser a corto plazo. La transformación del ser humano a ser empresario y dueño de una marca personal, también es accesible mediante planes de educación financiera, mentoría y motivación.
La Argentina llegó a tener el PBI per cápita más alto del planeta hace algunos años (1895) Hoy, definitivamente estamos muy lejos de esos tiempos. Es, definitivamente, una necesidad educar, capacitar y motivar a la población para lograr la recuperación económica y social.
La educación financiera debería ser una política de Estado y la inclusión social una bandera y una realidad, no sólo dichos. Al igual que en los negocios, debemos contar con una visión despejada, un norte claro y hacer foco en lo que queremos conseguir para tener certidumbre.
Así como es nuestra responsabilidad fijarnos objetivos que nos lleven a una meta, también es muy importante saber exactamente qué es lo que nosotros queremos como ciudadanos para nosotros mismos, nuestras familias y nuestro entorno y eso es lo que debemos demandar a nuestra clase política, que en definitiva nos representará por un lapso corto de tiempo y en ese espacio de tiempo tiene que hacer su mejor esfuerzo y devolución para con nosotros, sus mandantes. Seamos más exigentes y partícipes de nuestra realidad.
SEGUIR LEYENDO