La designación de Guillermo Carmona como Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería argentina ha suscitado reacciones positivas entre los veteranos de guerra, entre los familiares de los caídos en Malvinas y entre todos aquellos que bregamos día a día por la recuperación de nuestra soberanía sobre los territorios aún ocupados por una potencia colonialista.
Guillermo Carmona ha demostrado dos virtudes esenciales y poco frecuentes entre los dirigentes políticos contemporáneos. La primera, su capacidad de diálogo con los más variados sectores ideológicos. La segunda, su coherencia en la defensa de la Causa de recuperación de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y espacios correspondientes.
Como diputado nacional por la provincia de Mendoza y presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Diputados de la Nación, fue autor de distintas iniciativas para el reconocimiento social de los ex soldados combatientes en Malvinas, como la Ley de Jubilación Anticipada, la consolidación del sistema de prestaciones médico-asistenciales a través del PAMI, o la eximición del pago de gravámenes.
Como miembro de la Comisión Bicameral instituida para la investigación del hundimiento del Submarino A.R.A. “San Juan”, demostró un efectivo compromiso con las familias de los 44 héroes en su empecinada lucha para que no se abandonara la búsqueda del buque y en la dilucidación de las causas y responsabilidades de su naufragio. Puso el dedo en la llaga, al denunciar que los máximos responsables de obstaculizar la búsqueda y rescate del submarino e impedir el proceso de investigación, fueron el entonces Ministro de Defensa Oscar Aguad y el ex Jefe de la Armada Argentina, Alte. Jorge Srur, quienes de esta manera descargaron las responsabilidades del naufragio sobre sus subalternos.
Guillermo Carmona fue autor de un ante-proyecto de Ley para impedir una de las principales trampas jurídico-diplomáticas que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte viene impulsando con su habitual perseverancia, para cancelar todo reclamo de Soberanía; nos referimos al intento promovido por una empresa argentina radicada en nuestro país y ligada a intereses británicos, para que la Argentina adhiera al ICCAT, e integre el Organismo Regional de Ordenación Pesquera (OROP), para la regulación de la pesca del atún en el Atlántico Central, en el marco de los Acuerdos de Nueva York. Tal acción no tendría ningún sustento técnico-operativo, ya que en las aguas circundantes de las islas no existen cardúmenes de atún, sino al solo efecto de forzar a la Argentina a aceptar como socio en dicha OROP a parte de su territorio representado por su ocupante ilegítimo, que lograría de esta manera el reconocimiento de “Estado Ribereño”. Aunque el Proyecto presentado por el actual Secretario de Malvinas no fue acompañado por sus pares, demuestra la lucidez del entonces legislador nacional sobre aspectos claves del conflicto en el campo jurídico-diplomático.
Como Presidente del Partido Justicialista de Mendoza, se opuso a las reformas de la Ley Provincial N° 7722, que pretendía habilitar el uso de sustancias químicas contaminantes para el desarrollo de proyectos de megaminería en esa Provincia. Mientras el Poder Ejecutivo Provincial y la mayoría de los legisladores mendocinos –incluyendo a los de su propio partido-, junto a encumbrados dirigentes nacionales aprobaban esas reformas, Guillermo Carmona denunció que la pretendida nueva Ley de Minería “está muy empujada por el lobby minero” y decidió acompañar la enorme movilización popular para impedirlo, con esta tajante definición: “El peronismo tiene que estar del lado del pueblo”, proponiendo constituir “una YPF para la minería a partir de la provincialización de la actividad que convierta a Mendoza en un modelo de producción minera que abarque desde la exploración hasta la industrialización del mineral”.
Seguramente, estos y otros antecedentes de Guillermo Carmona resulten las verdaderas razones por las que el ex diputado nacional y frecuente vocero del macrismo, Eduardo Amadeo, publicó una nota periodística criticando su designación al frente de la Secretaría de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur, bajo el título: “Malvinas: un gravísimo error del novel Canciller Cafiero”.
Comienza Amadeo justificando su crítica, con la repetición de dos falacias cristalizadas a lo largo de estos largos años de postguerra, por parte de las élites políticas e intelectuales de nuestro país, y que derivan de la justificación que la ex primer ministro británica Margaret Thatcher utilizó para enviar la más poderosa flota de guerra después de la Segunda Guerra Mundial, contra nuestro país.
La primera falacia, que fue la Argentina la que provocó el conflicto bélico, lo que está severamente cuestionado por las últimas investigaciones serias en el campo de la historiografía, las ciencias sociales y la polemología. Fue Gran Bretaña, asociada a los Estados Unidos, quienes tendieron una trampa estratégica a los jerarcas de la dictadura militar argentina, con el propósito de generar un conflicto de baja intensidad, suspender toda negociación por la transferencia de la Soberanía sobre los archipiélagos, y justificar el establecimiento de bases militares de la OTAN en el Atlántico Sur.
La segunda falacia, ligada indisolublemente a la primera, es afirmar que los británicos, antes del conflicto armado, estaban decididos a entablar negociaciones serias para transferir la Soberanía de las Islas Malvinas y demás territorios que conforman dicha unidad geopolítica a la Argentina, y que fue la mala decisión de los militares quienes revirtieron esa supuesta voluntad “descolonizadora”. Lo cierto, es que los británicos, desde las conclusiones obtenidas por la expedición y el Informe “Shakleton”, habían abandonado la decisión de cumplir con el mandato de la Resolución AGNU N° 1514 (XV) de descolonizar las Malvinas y demás territorios suratlánticos, y la Resolución AGNU N° 2065 (XX), de solucionar el conflicto a través de negociaciones bilaterales.
Ambas falacias sostenidas por Eduardo Amadeo, con el fin de justificar la evidente política de renunciamiento del gobierno encabezado por su jefe Mauricio Macri, a sostener el reclamo de soberanía -obligación que emana de la Constitución Nacional-, y la consecuente política de entrega que significó el cumplimiento de las cláusulas suscriptas en el comunicado conjunto bilateral, conocido como pacto Foradori-Duncan, que Amadeo define como “un camino creativo y viable”.
La caradurez de Amadeo llega al punto de reivindicar algunas de las políticas derivadas de los acuerdos suscriptos por el gobierno menemista -del cual omite mencionar que fue parte activa como Ministro de Desarrollo Social-, disfrazando esa etapa como el “regreso de la democracia”, donde según él, “hubo nuevamente progresos que fueron planteando escenarios para la buena diplomacia, incluyendo acuerdos para la protección de recursos naturales; la posibilidad de mayor conectividad con las Islas y un creciente turismo. Inclusive hubo nuevos antecedentes en el derecho internacional que abrían mejores posibilidades a nuestro reclamo”.
Nada dice, Amadeo, que todos esos beneficios recayeron sólo para el lado británico, y en enorme perjuicio económico, social, político y diplomático para nuestro país. Las cifras que se estiman del saqueo sobre nuestros recursos pesqueros en el Atlántico Sur mediante licencias ilegalmente otorgadas por los británicos a las flotas de terceras banderas, superan ampliamente la deuda contraída por el gobierno macrista con los organismos multilaterales de crédito, sin contar la exploración y futura explotación de los recursos hidrocarburíferos que los británicos se aprestan a emprender en los mares adyacentes a nuestras Islas Malvinas, ni las concesiones efectuadas por el mismo gobierno que defiende, en las cuencas marítimas no disputadas de nuestra Patagonia austral, ni los escandalosos negociados mineros que empresas de banderas de los países que integran la Comunidad Británica de Naciones efectúan a lo largo de nuestra cordillera y en otros yacimientos del país.
El colmo de la hipocresía y cinismo de Amadeo llega a su extremo, cuando pone en cuestión la actitud asumida por Guillermo Carmona, cuando este se opuso a sumarse al besamanos armado por el hábil y simpático embajador británico Marc Kent, alrededor de las figuras del Coronel Geoffrey Cardozo y el ex combatiente Julio Aro, que derivó en la suscripción del Plan de Proyecto Humanitario para realizar pericias forenses sobre los restos de los héroes sepultados en el Cementerio de Darwin para su localización.
¿Dónde estaba el Diputado o Ministro Eduardo Amadeo, cuando los familiares de los caídos en Malvinas y en el Atlántico Sur, organizaban más de treinta viajes al Cementerio de Darwin o a la zona donde fuera criminalmente hundido el Crucero “Gral. Belgrano”? ¿Qué acompañamiento tuvo con los deudos, cuándo se logró conformar la Comisión Investigadora de los crímenes de guerra británicos? ¿Qué apoyos brindó el lenguaraz dirigente menemista/macrista, cuando casi en total soledad, los familiares de los Héroes propusieron y concretaron la construcción del Monumento en el Cementerio de Darwin?
Tanto este humilde ex soldado, como Julian Assange, sabemos dónde estaba: en el besamanos de las embajadas extranjeras. Quienes tenemos memoria y juzgamos a las personas por sus actos y no por sus palabras no permitiremos que estos cínicos personajes al servicio del interés colonial, se llenen la boca con nuestros queridos muertos. Y, a la vez, daremos crédito a quienes con sus actos concretos, se han puesto del lado de los intereses nacionales y populares.
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