Una vez más vemos cómo en busca de sintonizar -en apariencia- con el humor reinante, Axel Kicillof realiza un anuncio relacionado con la demanda de la sociedad en materia educativa.
Del mismo modo que cuando comunicó el programa denominado ATR, que en tiempo de la cuarentena más cerrada pretendía poner a circular aprendices de docentes por las casas de los chicos con problemas para sostener la escolaridad, y luego del atronador reclamo señalado por el clima social y las encuestas difundió la vuelta a la presencialidad plena, después del sacudón de las urnas el gobernador notificó que se iban a recuperar contenidos, a contraturno y los sábados (+ATR).
¿Qué hubo de cierto en aquellos comunicados? Nada. ¿Qué tiene de real y concreta esta última noticia? Nada tampoco. Veamos por qué:
Para sostener la propuesta se prevé el concurso de 30.000 docentes. Lo cierto es que en la mayoría de los distritos los maestros incluidos en los listados no alcanzan para cubrir, siquiera, el 30% de lo requerido. Con ese dato en la mesa abrieron la posibilidad de que sean los alumnos de los profesorados los que puedan tomar esa responsabilidad si acreditan el 50% de la carrera. No es menor recordar, en este punto, que esos aspirantes también sufrieron la falta de clases presenciales durante este último año y medio y no han tenido las imprescindibles prácticas profesionalizantes. ¿Serán las personas adecuadas para encarar el desafío?.
Con esta misma duda las autoridades anticiparon la necesidad de un plan de capacitaciones. Sin embargo, este programa cuya resolución indica debía ponerse en marcha el 1° de septiembre -sí, el 1° de septiembre- no tiene los módulos de capacitación terminados ni ha llegado aún a los establecimientos ningún asesoramiento específico. Establecimientos que, en su gran mayoría, no cuentan con la infraestructura necesaria para recibir personal ni alumnos adicionales a la matrícula que atienden regularmente, al menos durante los días de semana. Tampoco hay precisiones acerca de las normas administrativas que gobernarán el proceso ni cómo percibirán sus haberes los que asuman la responsabilidad de los cursos extras. Otro dato esencial pendiente es el número de estudiantes que deben ser amparados por la nueva modalidad.
Esta suma de variables sin despejar se vuelven indispensables para plasmar la iniciativa en los hechos. En realidad lo que podemos intuir, teniendo en cuenta los antecedentes que mencionábamos, es que a los funcionarios del ministerio de educación bonaerense no se les escapa la falta de precisiones, sino que se trata de un nuevo anuncio vacío. Un golpe de efecto inspirado en la necesidad de simular que se atiende el pedido que se expresó con votos.
Mientras las cuestiones educativas se muevan a partir de estos estímulos y este escaso grado de compromiso ningún cambio efectivo arribará a las aulas. Ese debe ser el único parámetro a tener en cuenta a la hora de evaluar la calidad de una política pública asociada a la escuela: es buena sí y solo sí se traduce en aprendizaje de los chicos. Si no llega a ellos será, en el mejor de los casos, una política de otro tipo pero nunca educativa.
Lamentablemente, otra vez vemos a la provincia de Buenos Aires involucrada en las improvisaciones que ocasionaron la tragedia educativa que padecemos. Una catástrofe mayúscula, tan grande que todavía estamos lejos de poder medir su impacto.
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